Los Ministerios de Fomento y de Industria han emprendido una acción conjunta con carácter de urgencia ante la Comisión Europea (CE) en busca de una solución que garantice la actividad operativa de las aerolíneas del Grupo IAG que tienen su base en España, como son Iberia y Vueling, ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. La situación que se plantea podría conducir a un conflicto con las autoridades de Bruselas si ambas compañías españolas pierden automáticamente la mayoría de capital europeo una vez que se retire el pasaporte comunitario a su sociedad matriz británica.
Tal y como manifestó hace un mes el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el Gobierno no se plantea ni por asomo que Iberia no pueda volar de Madrid a Barcelona el próximo mes de abril, una vez que se haya consumado la retirada británica prevista para el 29 de marzo. Pero eso no significa que el Ejecutivo las tenga todas consigo a la hora de afrontar las consecuencias de una normativa comunitaria que, en puridad, implicaría la pérdida de la licencia de vuelo para la antigua compañía de bandera y también para Vueling, con el consiguiente quebranto de todo el negocio inducido que genera la aviación comercial y que en España implicaría un enorme perjuicio para el sector turístico como motor de actividad económica.
El problema afecta realmente a otras muchas aerolíneas británicas o irlandesas como pueden ser los casos de EasyJet o Ryanair respectivamente, que perderán su consideración de empresas europeas con el Brexit. A partir de la salida del Reino Unido la normativa de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) impide que estas aerolíneas puedan conservar su licencia comunitaria, por lo que teóricamente deberían paralizar sus operaciones. De ahí el afán de IAG en hacer valer la condición de Iberia como empresa española amparándose en el control político mayoritario que ostenta la sociedad instrumental Garanair, controlada por El Corte Inglés.
La Comisión Europea ha rechazado el planteamiento IAG por cuanto que, al margen delos derechos de voto, lo que cuenta a efectos comunitarios es el control económico y éste depende de la naturaleza del capital de la propia compañía matriz de Iberia y de Vueling. Desde el momento en que IAG deje de ser empresa comunitaria por el Brexit sus dos filiales tampoco podrán utilizar el pasaporte europeo y, en consecuencia, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) estará obligada a retirar la licencia de vuelo para cumplir la normativa de la Comisión Europea.
Ante esta perspectiva el Ministerio de Fomento ha desplegado sus tentáculos diplomáticos en el entorno de la comisaria europea de Transportes, la eslovena Violeta Bulc, para que los responsables de negociar con el Reino Unido tengan muy en cuenta las consecuencias que pueden derivarse para España si se produce una ruptura abrupta con el Gobierno de Theresa May. La estrategia del departamento que dirige José Luis Ábalos es coordinada con el Ministerio de Industria ya que el Gobierno quiere elevar el tono de su reclamación haciendo ver el efecto demoledor que una contingencia de esta naturaleza puede suponer para toda la economía española.
Comunicado a los trabajadores vía intranet
La idea de paralizar los vuelos desde España al resto de Europa no parece de recibo pero la mera posibilidad de que Iberia y Vueling se vean afectadas por el Brexit es una hipótesis que puede causar un daño irreparable. De momento, la compañía que preside Luis Gallego ha tranquilizado a sus 17.000 trabajadores a través de la propia intranet de la empresa asegurando que no existe ningún motivo para pensar que las operaciones seguirán desarrollándose con plena normalidad. Iberia ha sido además la marca del Grupo IAG que ha conseguido la mejor tarjeta de visita en 2018 con un crecimiento del 11,7% en el número de pasajeros transportados.
La satisfactoria evolución de Iberia ha sido posible gracias a una mejora de la oferta de asientos, que se incrementó un 9,6% en el año, así como también al mayor nivel de ocupación, que alcanzó el 85,7%. Estos datos ponen de relieve la confianza de los usuarios en el servicio de la compañía, algo que no se habría producido si existieran indicios verosímiles para pensar en una situación como la que, en teoría, plantea el Brexit. Pero precisamente por eso, para evitar disgustos que puedan quebrantar la buena racha, se impone la conveniencia de que España obtenga antes de marzo alguna garantía institucional por parte de la Comisión Europea.
La normativa comunitaria en el sector aeronáutico acecha como una espada de Damocles y la solución más socorrida sería que Bruselas habilitase al menos un periodo de transición que actúe como salvaguarda provisional de las aerolíneas afectadas mientras se llega a una solución bilateral en materia de transporte con el Reino Unido. El Brexit se está convirtiendo en un 'divorcio a ciegas' y lo más importante ahora es identificar claramente los obstáculos en el camino para evitar golpetazos que puedan generar daños colaterales tan imprevistos como irreversibles.
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