El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el laudo que condenó a la antigua Gaesco, transformada en Delforca 2008, al concurso de acreedores de la compañía once años después del inicio de los litigios. El último laudo obligaba a la antigua Gaesco a pagar 66 millones de euros al Banco Santander por la ampliación de capital de Inmobiliaria Colonial por parte de Luis Portillo con anterioridad a la crisis económica.
Este empresario se convirtió justo antes del estallido del 'boom' inmobiliario en 2007 en uno de los grandes magnates del ladrillo español. El sevillano logró su primer gran hito tras convertirse en socio de Metrovacesa con un 5,6% de su accionariado. Su siguiente operación se llevó a cabo en 2005 cuando Portillo se hizo con Inmocaral por 260 millones de euros, pero no sería la última.
Portillo ascendía a lo más alto del mercado inmobiliario y seguía comprando sociedades. A finales de ese año consiguió cerrar la operación más importante de ladrillo. Lanzó una opa valorada en casi 4.000 millones de euros para hacerse con el control de Inmobiliaria Colonial, hasta entonces participada por laCaixa y se convirtió en su presidente.
El empresario acudió a varias ampliaciones de capital de la compañía a través de derivados sobre acciones de la propia Inmobiliaria Colonial financiado por el Banco Santander. Fue Gaesco Bolsa la entidad que intervino en esta operación como intermediario entre el empresario sevillano y la entidad bancaria. El por aquel entonces banco de Emilio Botín fue perdiendo la confianza en el empresario y empezó a vender títulos de la inmobiliaria.
Ante este hecho, Gaesco Bolsa señaló al banco por manipular la cotización y comenzó una batalla judicial que se ha extendido durante once años. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón a Gaesco y anula los 66 millones de euros que esta sociedad debía pagar al Banco Santander tras un laudo emitido el pasado 18 de mayo.
El TSJM basa su decisión en el hecho de que el "convenio arbitral no ha sido expresión de consentimiento válido", ya que se ha saltado la regla básica del principio de igualdad, "ni la CEA -Corte Española de Arbitraje- debió aceptar la encomienda de administrar tal arbitraje", destaca la sentencia.
Este es el último capítulo de un litigio judicial que ha tenido capítulos anteriores. De hecho, Santander reclamó los primeros 66 millones de euros a Gaesco a través de un laudo arbitral que terminó dándole la razón a la entidad financiera. En cambio, la compañía catalana consiguió recurrir este mandato tras señalar vínculos entre uno de los miembros del tribunal, y el despacho que representaba a la entidad financiera.
El segundo intento que llevó a cabo el Santander tampoco llegó a buen puerto. Gaesco, que se había escindido en Mobiliaria Monesa y pasado a utilizar la denominación de Delforca 2008, se declaró en concurso de acreedores. Fue entonces cuando el juzgado catalán que había declarado la nueva situación de la empresa suspendió este dictamen que más tarde el Santander consiguió reabrir. Este último trámite fue el que estipuló la obligación de pago de 66 millones de euros a la entidad de Ana Botín y que ahora ha suspendido el TSJM.
Pero los propietarios de la quebrada Gaesco no se van a quedar quietos. De acuerdo con el hecho relevante remitido por Mobiliaria Monesa a la CNMV, el Grupo Monesa -actual nombre de Gaesco- "procederá a la reclamación de los muchos daños causados por la situación a la que se vio abocada, tras la compensación indebida mencionada y la interposición de unas medidas cautelares que llevaron a la participada Delforca 2008 al concurso de acreedores".
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