Galán defiende el contrato con Villarejo: Cenyt era legal y trabajó para 20 firmas

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido este miércoles los contratos de la compañía con Cenyt, una "empresa de seguridad legal" vinculada al excomisario José Manuel Villarejo. Así, ha afirmado que Iberdrola realizó esos contratos igual que aquel momento lo hicieron una veintena de empresas españolas y algunas administraciones públicas.

Durante la presentación de los resultados de la eléctrica, su presidente ha confirmado tratos con la empresa Cenyt, pero rechaza que hubieran irregularidades en los mismos. Una posición que también ha expuesto el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles, que ha defendido la actuación de la compañía y el cumplimiento normativo.

Los contratos están siendo investigados por la Audiencia Nacional. En el caso de Iberdrola, el encargo realizado por su filial de renovables se centró en investigar a una empresa suiza con la que se había aliado para acometer proyectos en Rumanía. Sin embargo, Galán ha insistido en que Iberdrola no tuvo en ningún momento conocimiento de que dicha contratación fuera irregular, y cuando en 2018 comenzaron los procesos judiciales contra las empresas del ex comisario, Iberdrola encargó una investigación exhaustiva e independiente, lo que se conoce como 'forensic', a PwC.

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Además, Iberdrola ha esgrimido una opinión legal de Baker McKenzie que señala que "no ha existido ninguna ilegalidad o irregularidad" por parte de los miembros del consejo de administración o altos directivos del grupo en el proceso de contratación de Cenyt. El grupo ha incorporado el documento del bufete internacional, en el que se considera que, en relación con Iberdrola Renovables Energía, "no existe un riesgo real de condena" en la 'pieza 17' "(como tampoco de ninguna otra sociedad del Grupo Iberdrola)".

El informe de Baker & McKenzie concluye que la compañía "no conocía ni pudo haber conocido que Villarejo era policía en activo al tiempo de su contratación", origen del presunto delito de cohecho.

Se contrató a Cenyt, prosigue el informe, en su calidad de empresa de prestigio en el campo de la inteligencia, y no hay indicios de que se haya obtenido información de forma ilícita con vulneración de derechos fundamentales. Todos los departamentos de Iberdrola cumplieron con los estándares más altos de gobernanza, y su diligencia "excede la media observada en otras empresas cotizadas", añade el documento.

Así, Sánchez Galán afirma que tanto empresas internas como externas de asesoriamento legal "han llegado a la misma conclusión, que no hay nada irregular ni nada ilegal". "Ningún miembro del consejo de administración ni ningún alto directivo ha cometido ningún tipo de cosa ilegal, y eso es lo que puedo decir", dijo.

Además, indicó que durante tres años la compañía ha tenido que estar "leyendo" sobre este tema, sin poder formar parte del proceso, ya que el juez se lo negó. Asimismo, Sánchez Galán ha asegurado que Iberdrola emprenderá "todas las acciones legales para defender la reputación de la empresa y defender los intereses de los accionistas".

No obstante, admite que, aunque "en lo que al Grupo Iberdrola se refiere los hechos no pueden considerarse jurídicamente relevantes", sí puede haber un impacto reputacional. En este sentido, Sánchez Galán ha asegurado que Iberdrola emprenderá "todas las acciones legales para defender la reputación de la empresa y defender los intereses de los accionistas".

A finales de junio Sánchez Galán fue imputado por su relación con el excomisario junto a otras tres personas, el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles; el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Un mes más tarde, a comienzos de julio, el magistrado decidió la imputación como persona jurídica de Iberdrola Renovables por estos mismos hechos.