La mejor defensa es un buen ataque. Esa fue la premisa básica que cundió sobre la mesa del comité de dirección de Iberdrola de este martes, ante la certeza de que la Fiscalía Anticorrupción estaba preparando una petición al juez del caso Villarejo para que el propio Ignacio Sánchez-Galán y algunos de los componentes de su alta dirección en los últimos años fueran citados a declarar como investigados (imputados) en la pieza que investiga los supuestos encargos de espionaje que la eléctrica hizo a la empresa del comisario jubilado entre 2004 y 2017. Por eso se decidió pedir a la Audiencia Nacional la declaración voluntaria del presidente, su consejo y todo su equipo de alta dirección si así lo considerase necesario, con luz y taquígrafos, en un intento de despejar todas las dudas sobre sus posibles implicaciones antes de que el próximo 18 de junio se celebre la junta general de accionistas de la compañía, donde se puede producir una avalancha de preguntas sobre la verdad de los hechos y el papel que el presidente jugó en ello.
Fuentes empresariales cercanas a la eléctrica ya habían advertido del duro golpe reputacional que puede ser para la cúpula directiva llegar a rendir cuentas ante todos sus accionistas bajo la 'espada de Damocles' de una posible imputación de su presidente y de algunos de los ejecutivos más cercanos a él, como el expresidente de Iberdrola España, Fernando Bécker, o el número dos de la compañía, Francisco Martínez Córcoles. Aunque desde la Fiscalía no se ha querido confirmar nada por el momento sobre su informe para pedir la citación de esos directivos en calidad de investigados, fuentes jurídicas cercanas a ese ámbito aseguran que el juez está a la espera de ese escrito de forma "inminente".
La incertidumbre que se genera al estar pendientes de una decisión así y la necesidad de llegar a la junta general de accionistas con esas incógnitas resueltas, en un sentido o en otro, han sido la gota que ha colmado el vaso de los dirigentes de Iberdrola para comunicar un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el ofrecimiento legal de declarar de forma voluntaria ante el juez tanto del presidente, como de todos los miembros de su consejo de administración y el resto de la cúpula de la entidad. El contraataque legal frente a las dudas que puedan presentar los fiscales ante el juez de cara a una citación se produce, además, después de una semana de fuertes rumores sobre la posible imputación del presidente de la empresa, tras el último informe de Asuntos Internos sobre las conversaciones de su exdirector de seguridad y Villarejo, en la que se aludía de forma indirecta a Galán como "D. Ignacio", "el jefe" o "el señorito".
En la comunicación hecha a la CNMV este martes y tras más de dos años desde que saltó el caso a la opinión pública, Iberdrola admite por primera vez que "las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la Compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado", una preocupación que se acrecienta a medida que se acerca el encuentro anual de su junta general. La eléctrica llega a aludir a los "intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia Compañía".
Los otros imputados
El juez investiga labores de espionaje a ecologistas, políticos u otras empresas que podrían resultar competidoras de Iberdrola, como ACS, o la también empresa eléctrica Endesa. Por ello, y a pesar de que la eléctrica ha negado haber encargado ese tipo de trabajos, tanto Florentino Pérez, presidente de la primera, como Manuel Pizarro, que lideraba la segunda compañía en el tiempo de los trabajos de Villarejo, han declarado como perjudicados ante el magistrado Manuel García Castellón. Uno de los proyectos en los que se indaga y que más dolores de cabeza han causado a la empresa es el bautizado por el comisario como ‘Arrow’, destinado a contrarrestar a quienes se oponían a la instalación de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz) y que se llevó a cabo en 2004.
Además de Villarejo y el que fuera su socio, Rafael Redondo, uno de los principales investigados de esta pieza es el ex director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por su presunto papel de intermediario entre la empresa y el espía. En una de sus comparecencias ante el juez, precisamente la celebrada el 3 de febrero de 2020, aseguró que Sánchez Galán no tenía conocimiento de la contratación de los servicios del Grupo Cenyt para proteger los intereses de la compañía.
Unas afirmaciones que contradicen al informe redactado en 2004 por el que fuera ‘controller’ de la eléctrica José Antonio del Olmo, que pasó de testigo a imputado en esta causa, y que indica que Sánchez Galán, en su etapa como vicepresidente, y su equipo estaban al tanto de la contratación de Villarejo y los pagos irregulares por sus servicios. Lo dejó explicado en un documento que se llevó ante la notaría del exdiputado del PP Luis Ramallo y que Iberdrola no reconoce al no encontrarse registrado dentro de la compañía, aunque haya sido el detonante de todo el caso.
En la lista de investigados también se encuentran el director de Riesgos y Aseguramiento Interno del grupo, Juan Carlos Rebollo; el director de la Administración y Control, Pablo Insunza; y José Luis San Pedro, quien fuera la mano derecha del actual presidente de Iberdrola. Los tres negaron en sus declaraciones el pasado mes de noviembre que tuvieran conocimiento alguno de los contratos con Villarejo.
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