Garrigues recomendó a Torres tirar la toalla del BBVA contra Pineda y Portillo

  • El bufete recomendó al actual presidente salir de los procedimientos contra Ausbanc y Portillo para evitar efectos colaterales del caso Villarejo.
Carlos Torres, presidente de BBVA
Carlos Torres, presidente de BBVA
BBVA

Carlos Torres tiró la toalla y retiró al BBVA de los procesos judiciales contra Luis Pineda, fundador de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), y Luis Portillo, expresidente de Colonial, tras recibir asesoramiento legal de Garrigues, despacho de abogados de cabecera del banco, en esta dirección. Así lo sostienen fuentes jurídicas consultadas por La Información, que explican que esta recomendación del bufete busca evitar los efectos colaterales de la relación de la entidad financiera con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Y es que el BBVA -que vuelve este jueves a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Manuel García-Castellón, el magistrado al frente del caso Tándem- contrató a Grupo Cenyt, el entramado de empresas del excomisario, para realizar trabajos de investigación sobre Pineda y Portillo. La información obtenida bajo estos encargos, que se abonaron bajo la división de riesgos inmobiliarios del banco, podría haberse utilizado en los procedimientos que mantenía contra sendos dirigentes.

Por lo tanto, según las fuentes consultadas, fue Garrigues aconsejó a BBVA abandonar las causas judiciales que impulsó contra Ausbanc y contra el expresidente de Colonial -quien tenía una deuda de 70 millones con la entidad-. El objetivo es evitar el riesgo legal que supone obtener beneficio a través de prácticas delictivas. Este despacho de abogados fue contratado en junio de 2018 para esclarecer la relación del banco con Grupo Cenyt  -investigación que posteriormente se reforzó con la participación de Uría Menéndez y PwC-, pero también presta asesoramiento legal a BBVA en su defensa en la Audiencia Nacional.

La retirada de BBVA del caso Ausbanc el pasado mes de julio sorprendió a propios y extraños, ya que el banco había ejercido una de las acusaciones más duras hasta la fecha. Además, había dejado una serie de interrogantes sin descifrar ante la ausencia de razones justificaran la decisión. Fuentes oficiales explicaron que la presencia del banco en la causa suponía una "distracción innecesaria", si bien, en el escrito remitido a la Audiencia Nacional, el banco se limitó a exponer que desistía de la acción penal sin ofrecer más detalles.

Origen de la ruptura entre FG y Carlos Torres

Esta situación, propiciada por Carlos Torres, generó malestar en algunos de los directivos de la vieja guardia de BBVA. De hecho, fuentes cercanas al banco, apuntan que la renuncia de la acción penal en el caso Ausbanc explica el enfriamiento de la relación entre el actual presidente y su antecesor en el cargo, Francisco González, a quien Torres defendió públicamente en la última junta de accionistas del grupo, cuando aseguró que FG, como se conocer al banquero en la jerga, había sido su "guía" y "referente".

Es más, algunos directivos próximos a la entidad apuntan que Torres ha preferido exponerse al riesgo mediático que supone su salida de Ausbanc, con el consecuente impacto en la reputación, que al legal. Tras su retirada en el proceso penal, ahora BBVA no puede reclamar en calidad de acusación particular ninguna indemnización para la entidad por los daños presuntamente sufridos.

Está previsto que el juicio contra Ausbanc finalmente comience a finales de enero después de que su celebración se haya suspendido ya en dos ocasiones. Entre los principales acusados del caso están Pineda y Miguel Bernard (Manos Limpias) por haber liderado una presunta red de extorsión contra empresas y entidades bancarias a las que habría pedido grandes sumas de dinero a cambio de no hacerles publicidad negativa.

En febrero de 2018 la defensa legal de BBVA había pedido que se abriera juicio oral contra un total de doce personas por delito continuado de extorsión, organización criminal, estafa y contra la Hacienda pública. En el escrito se solicitaba la imposición de una pena de 129 años de prisión para Pineda -a quien definen como el "ideólogo y líder máximo del entramado"- y de 28 años de cárcel para Miguel Bernad. Se trata de penas superiores a las solicitadas por las Fiscalía Anticorrupción, la cual pidió para ambos 119 y 25 años, respectivamente.

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