La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) anunció en julio un tijeretazo de hasta el 21,8% en la retribución de las compañías transportistas y distribuidoras de gas. El sector, con Naturgy a la cabeza, encendió la alerta amarilla y anunció una suspensión de inversiones. Desde entonces, se han sucedido los contactos, tanto con la CNMC como con el Ministerio de Transición Ecológica para suavizar la propuesta. Pero el tiempo corre, los nervios aumentan y las empresas han encendido el piloto rojo. Naturgy ha anunciado la suspensión de 300 empleos en la distribuidora Nedgia, un 30% de la plantilla. Entre empleo directo afectado -500 trabajadores- e indirecto -otros 10.000 instaladores-, el sector gasista ha puesto sobre la mesa de negociación a tres bandas el futuro de un 10% de los trabajadores que emplea.
La cuenta en juego sólo contempla el número de trabajadores de las distribuidoras de gas y de las 12.000 pequeñas empresas de instalación. No tiene en consideración el impacto de los recortes en la gran transportista de gas, Enagás (1.350 empleados). "Enagás no hará ninguna valoración pública del impacto sobre el empleo hasta que se conozca la magnitud del cambio en la regulación" apunta la empresa. De momento, sólo Naturgy-Nedgia ha dado el paso de enviar a casa a 300 empleados. Otras dos grandes compañías, Madrileña Red de Gas y Gas de Extremadura esperan al resultado de las negociaciones en la CNMC para adoptar medidas similares. Estarían en el aire otros 200 puestos de trabajo.
Alejandro Lafarga, director general de Madrileña Red de Gas, confirma que las medidas a aplicar en materia de empleo si la CNMC no da el brazo a torcer están en estudio. Lafarga recuerda que el convenio de la empresa (160 empleados) recoge la posibilidad de reducir plantilla en caso de que se produzcan cambios regulatorios que afecten negativamente a la actividad. Pero el grueso del problema está en las 12.000 pequeñas empresas que trabajan como instaladoras para las grandes compañías.
Instaladores amenazados
La Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (CONAIF) afronta un problema más grande que su denominación. Agrupa a 19.000 empresas instaladoras -12.000 trabajan en el sector del gas- y a 100.000 trabajadores. El 10% (10.000) podrían perder el empleo en los dos próximos años si los recortes de la CNMC se mantienen tal y como están planteados. "A día de hoy" sostiene la asociación "la paralización de inversiones [de las grandes empresas] aún no nos ha afectado, pero vivimos el momento con una gran incertidumbre".
La patronal gasista Sedigás no concreta las posibles consecuencias de los recortes. Tampoco valora la paralización de inversiones anunciada por el 80% del sector. Pero en sus mensajes a la CNMC ha dejado clara lo que a su entender es una situación grave para el sector. En sus comunicados ha destacado "el carácter inesperado y radical que propone el borrador de la circular (de la CNMC)", lo que "ha afectado negativamente no solo a las empresas gestoras de infraestructuras y su cotización y valoración de las agencias de 'rating', sino también al empleo, la inversión y el crecimiento".
La CNMC está recibiendo una avalancha de presiones. Y no sólo de las empresas del gas. Del organismo que preside José María Marín han salido mensajes hacia Naturgy con una recomendación: ojo con pasarse de frenada al tratar con el empleo. En la Comisión no todo el mundo está de acuerdo con la aparente decisión de Marín Quemada de mantener los recortes planteados a toda costa. Consideran que hay tiempo para buscar un acuerdo. En el recuerdo, apunta un analista de una gran consultora, está el recorte de 280 millones que se aplicó en el año 2014. Entonces, con el sector gasista en déficit, no hubo tanto revuelo. Claro que aquel recorte tampoco se llevaba por delante el 50% del beneficio bruto (ebitda) de alguna de las compañías afectadas.
Las presiones sobre la CNMC-y sobre el Ministerio de Transición Ecológica- se suceden. Al otro lado de las compañías gasistas están las grandes industrias consumidoras de gas. Ellas también defienden sus beneficios con uñas y dientes. Y una forma de defenderlos es pagar menos por la factura energética que, en algunos casos, supone el 40% de sus gastos de producción.
Siderúrgicas, empresas fabricantes de vidrio, papeleras, petroleras, empresas de cerámicas, químicas y textiles jalean al presidente de la CNMC por atreverse a meter la tijera en el sector del gas. El apoyo a Marín es total. No solo quieren recortes, sino que los quieren ya. Nada de graduar el tijeretazo en cinco años. Hasta 11 asociaciones ha solicitado al Gobierno que adelante a 2021 el recorte retributivo. Las alegaciones que han planteado ante la CNMC sostienen que adelantar el recorte a 2021 y aplicarlo en su totalidad ahorraría a los consumidores en ayudas injustificadas unos 1.500 millones de euros entre 2021-2026. La sobre-retribución a las empresas de transporte y distribución de gas en el periodo 2014-2020 alcanza los 5.000 millones de euros, según los grandes consumidores.
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