Primero se intentó por la 'vía diplomática', a través de una negociación a dos bandas entre CEOE y Hacienda que en principio iba bien encarrilada pero que luego acabó en papel mojado; después, por la vía administrativa, con las organizaciones empresariales que acogen a las principales empresas contratistas con la Administración forzando un pronunciamiento favorable de la Junta de Contratación, que el Gobierno abortó a golpe de informe de la Abogacía del Estado; y, finalmente, a las empresas no les ha quedado otro remedio que acudir a los tribunales. La resistencia del Gobierno a compensar de oficio a sus proveedores de servicios por los millonarios sobrecostes derivados por su decisión de subir de una tacada el 22% el Salario Mínimo Interprofesional -con el consiguiente efecto de ello en la estructura de costes de cientos, sino miles, de contratos públicos-ha empujado a los grandes contratistas a acudir a los tribunales a reclamar lo que consideran justo: que ya que una decisión del Gobierno ha variado las condiciones en que prestan sus servicios, elevando su coste, que sea el Estado el que asuma esa factura.
El escenario actual, determinado por una controvertida resolución de la Junta de Contratación -dependiente del Ministerio de Hacienda- que rechaza la obligación de la Administración de compensar de oficio esta circunstancia y por un no menos controvertido informe de la Abogacía del Estado que encuadraba la subida del SMI dentro del "riesgo y ventura" que asume una empresa ante cualquier contrato, condena a las empresas a cargar contra sus márgenes el coste extra derivado de la medida gubernamental, que vino a modificar de manera sustancial las condiciones salariales acordadas en no pocos contratos públicos.
Fuentes de CEOE subrayan, además, que los contratos afectados corresponden a sectores intensivos en mano de obra, donde la competencia es feroz, el peso de los salarios en la estructura de costes llega al 90% y los contratos se suelen adjudicar en subastas a la baja con márgenes de beneficio ínfimos para las empresas adjudicatarias. "En esas condiciones es muy posible que la subida del SMI haya llevado a muchas empresas a trabajar a pérdidas", advierte un representante de una organización de empresas contratistas con el Estado.
Inhabilitadas de facto para ejercer la defensa de los intereses de sus empresas asociadas en los tribunales, las organizaciones empresariales de los sectores más dependientes de la Administración recomendaron hace tres meses a sus asociados acudir a los tribunales para reclamar la compensación de los sobrecostes del Salario Mínimo. Y eso, precisamente, es lo ahora están haciendo las empresas. "Es probable que los recursos no se resuelvan hasta dentro de un año y medio o dos años, pero estamos convencidos de que nos acabarán dando la razón", aseguraba este jueves Juan Díez de los Ríos, presidente de la patronal de empresas de limpieza, Aspel, en declaraciones a los medios.
Fuentes empresariales confirman a La Información que las principales empresas de servicios del país, las Clece, Ferrovial Servicios, FCC, Eulen, Acciona, Sacyr Facility Services, etcétera, ya han abierto la vía judicial para reclamar a la Administración del Estado el reintegro de los costes que desde el pasado mes de enero ya están asumiendo en los contratos en los que había salarios inferiores al actual salario mínimo de 900 euros. No será un camino fácil. Empresas como Eulen ya saben lo difícil que es recibir una reparación del sector público, aún cuando éste reconoce tu derecho a cobrar una cierta compensación, como le ha ocurrido con la famosa crisis de los vigilantes de seguridad de El Prat que se resolvió con una subida de sueldos cuyo coste tuvo que asumir como contratista.
Las 'grandes' se vuelven más selectivas con los contratos públicos
La sucesión de esta clase de episodios han disparado la desconfianza de las grandes empresas contratistas hacia la Administración. Una de las multinacionales más importantes del mundo del sector de los servicios, ISS, anunció en La Información su intención de limitar su concurrencia a concursos públicos a aquellos que garantizaran un margen de rentabilidad razonable y no estuvieran sujetos a pujas a la baja.
Las subastas a la baja de Aena han hecho que muchas de las grandes empresas contratistas del país hayan dejado de concurrir a sus concursos y han provocado que se haya incrementado el número de contrataciones que quedan desiertas por la ausencia de ofertas adecuadas. Incluso los datos sectoriales, como los presentados este jueves por Aspel, sobre la evolución del sector de la limpieza muestran una reducción del volumen de negocio dependiente de las AAPP, que ha pasado de significar más del 34% a situarse en el entorno del 31%.
"Las empresas se han vuelto más selectivas y ya no están dispuestas a concurrir a contratos que no les garantizan una mínima rentabilidad", confirma Díez de los Ríos, de la patronal de empresas de limpieza.
Crece la inquietud ante posibles nuevas subidas del SMI
"Nos da pavor lo que pueda ocurrir". Las empresas ya no ocultan su temor a que el Gobierno, empoderado por los análisis preliminares de algunos organismos como Airef e instituciones internacionales negando el impacto sobre el empleo de la subida del Salario Mínimo, aborde a corto plazo un nuevo incremento del suelo salarial legal.
Las últimas declaraciones deslizadas desde el Gobierno y el documento con la hoja de ruta para la legislatura presentada esta misma semana por el PSOE, en la que se compromete a llevar el SMI al 60% del salario medio -unos 1.200 euros al mes- en la próxima legislatura, han convencido a los empresarios de que la intención de Pedro Sánchez es continuar elevando el Salario Mínimo durante la próxima legislatura. Los cálculos iniciales realizados en el ámbito de CEOE apuntan a que una subida a 1.200 euros afectaría al 60% de los convenios colectivos en vigor y supondría un incremento de los costes laborales para las empresas que algunos califican de inasumible.
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