Un poco de aire en el momento más delicado para la compañía tras el duro golpe causado por la pandemia global del coronavirus. Globalia, hólding dueño de Air Europa o Halcón Viajes, ha conseguido esquivar de manera temporal el pago de una sanción de más de 20 millones de euros en los tribunales. Y lo ha logrado en pleno rescate público y con el beneplácito de la Agencia Tributaria. Más concretamente de la Abogacía del Estado, que con su silencio ha contribuido a que se dé luz verde a la suspensión cautelar de esa importante deuda.
Todo arranca en el mes de julio de este año, en plena renegociación del grupo con Iberia para la venta de Air Europa -estancada tras el desplome por la Covid ante las diferencias por el precio-. El Tribunal Económico de la Agencia Tributaria acuerda la ejecución de las liquidaciones de impuestos no pagados de 16,3 millones y sanción de 4,3 millones correspondientes al Impuesto de Sociedades de los años 2009 y 2010. Dos meses después, y con el rescate público en ciernes, la compañía reclama la suspensión cautelar para frenarla. El Estado no se opone, algo que resulta clave para dar luz verde por parte de la Audiencia Nacional. "Habida cuenta que el Abogado del Estado no se ha opuesto, procede acceder a la suspensión", apunta en el auto, consultado por La Información.
En la inmensa mayoría de los casos, estas suspensiones suelen autorizarse siempre que se aporte algún tipo de garantía o aval con los que responder a la deuda por parte de la empresa que recurre. En esta ocasión, la Audiencia acepta la garantía hipotecaria ofrecida por Globalia, "siempre que se acrediten fehacientemente su constitución, vigencia y extensión a la vía judicial". No precisa qué activo inmobiliario ha aportado para ello. La Información se ha puesto en contacto con la compañía y no ha recibido respuesta al cierre de esta edición.
Esta decisión del Estado de no oponerse a la suspensión cautelar, que supone un nuevo guiño al grupo de los Hidalgo, contrasta con otras decisiones que se han ido tomando en los últimos meses sobre sanciones y actas de liquidación de tamaños similares o, incluso, mayores. Por ejemplo, la Abogacía del Estado denegó estas medidas para el F.C. Barcelona, que pidió frenar el pago de los casi 23 millones de euros adeudados. Hizo lo propio en el caso de Enel Green Power, filial de energías renovables, que pese a esa negativa logró aplazar el abono de 87,1 millones de euros para evitar "perjuicios irreparables".
Esta no es la primera suspensión cautelar que logra 'in extremis' el grupo turístico español. Pero sí que es la primera que llega después del estallido de la pandemia y de la durísima caída por la crisis económica y las restricciones a la movilidad. En el auto de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia no se precisan las razones esgrimidas por la compañía para pedir este 'tiempo extra' mientras se dilucida su recurso judicial. Pero previsiblemente son los mismos problemas que alegó el propio Hidalgo el pasado mes de junio en su particular grito de auxilio, al que siguió el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En esa cumbre de la patronal española afirmó: "Estamos secos, no tenemos un duro". Sus números de 2019, año récord para el sector turístico en España, son una incógnita, pues aún no han presentado cuentas. Pero para el presente ejercicio, preveían 'números rojos' de varios cientos de millones de euros por el impacto de la Covid.
El 'tira y afloja'
La familia Hidalgo, propietaria de Globalia, intentó inicialmente conseguir una ayuda para el conjunto del grupo, es decir, para Air Europa, Halcón, Be Live, etc., señalan fuentes conocedoras, pero el Ministerio de Hacienda, de quien depende el Fondo de Rescate para Empresas Estratégicas de SEPI, le paró los pies. Fue entonces cuando comenzaron con lo que ya se considera el 'plan B', solicitar ayudas para cada una de las empresas del grupo. La primera en hacerlo fue Air Europa -a través de tres empresas diferentes: Air Europa Holding, Air Europa -la propia línea aérea- y Aeronova, marca bajo la que opera la marca de bajo coste.
La aerolínea consiguió primero un préstamo de la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un aval público del 70% por un valor de 140 millones de euros. Después se apuntó al carro del fondo de ayudas de la SEPI. A través de este instrumento consiguió dos préstamos: uno ordinario de 235 millones y otro participativo de 240 millones. En total, 475 millones que, al haber sido troceadas, han conseguido esquivar el control de Bruselas. Pese a las solicitudes, la SEPI no ha hecho público el plan de viabilidad que ha servido como base para aprobar estas ayudas que tienen como fin, según diversas fuentes, salvar la "operación del año", esto es la compra por parte de Iberia ahora paralizada.
La familia Hidalgo espera conseguir más de 700 millones públicos para salvar varias de sus empresas clave
Tras este acuerdo, los Hidalgo han ido a por el flotador que salve la otra gran operación corporativa del grupo, la unión de las agencias de viajes Halcón con Ávoris, marca del Grupo Barceló. El pasado mes de noviembre, meses antes de que se comenzase siquiera a hablar de la Covid-19, ambas empresas anunciaron una nueva intentona para crear una sociedad conjunta. Más de 6.000 trabajadores y 3.700 millones de euros de facturación anual conjunta se convirtieron en papel mojado con la llegada del virus. Ahora la familia intenta que, ayuda pública mediante, pueda salir adelante.
Para ello, han solicitado a la SEPI un poco de maquillaje para sus cuentas en forma de préstamo. En concreto, 230 millones de euros que salven la otra gran operación. En cambio, desde el comienzo de las negociaciones para el rescate de Air Europa, en el Ministerio de Hacienda se muestran reticentes ante la continua presión que los dueños de Globalia están llevando a cabo para incorporar cada vez más paquetes de ayuda que resuelvan los problemas financieros de las distintas empresas que forman el grupo turístico.
Ahora, el balón de oxígeno que supone para la compañía la suspensión de la deuda de Hacienda sumada a las diferentes ayudas recibidas y a las que han solicitado pero aún no se han concedido, permite que los Hidalgo salven de nuevo los muebles de su imperio empresarial. Las próximas semanas serán clave para conocer si finalmente los salvavidas públicos permiten el cierre de las dos grandes operaciones que se anunciaron el año pasado y aún no se han culminado.
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