Glovo va a dar la batalla con la Seguridad Social hasta el final. La startup española está impugnando diferentes actas de liquidación para reclamar la devolución de al menos 11 de los 21 millones de euros pagados en cotizaciones exigidas por el organismo después de las diferentes inspecciones realizadas en los últimos años, antes de la entrada de la llamada 'ley rider'. Esta pelea se mantiene en paralelo a otra que también se ha abierto con la Agencia Tributaria, que ha iniciado una inspección a fondo para investigar todo el IVA deducido de las facturas de los repartidores en caso de que estos se consideraran empleados de plantilla y no autónomos.
El primero de los frentes se abrió con la Inspección de Trabajo. En los últimos años ha recibido actas de liquidación en una veintena de ciudades, entre las que se encuentran Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao o Málaga. En total se le exige algo más de 18 millones de euros. A esto hay que sumar varios litigios individuales. El pasado mes de diciembre, la Seguridad Social procedió al cobro "por vía coercitiva" de un total de 21 millones de euros que corresponden a todas las deudas acumuladas hasta el mes de octubre. Desde Glovo no están de acuerdo con los cálculos y por eso están dando la batalla contra la Tesorería General.
En concreto, según queda reflejado en la memoria anual de 2020 recién presentada ante el Registro Mercantil, la startup entiende que dichas liquidaciones han sido calculadas "sobre bases estimadas y considerando periodos de inactividad, así como considerando jornadas que no se corresponden con la realidad". Esto, de acuerdo a la opinión de los accionistas y la dirección, ha provocado "errores al alza". La estimación que ellos hacen es que este exceso está por encima de los 11 millones de euros y por ello han impugnado diferentes propuestas de liquidación. No da plazos de cuándo estará resuelto este procedimiento, pero por lo pronto ya se ha apuntado esa cantidad en sus cuentas esa cantidad como deuda con la administración pública.
Todos los procesos judiciales que están abiertos seguirán adelante, tal y como se desprende de su relato de todas las contingencias legales, pese a la jurisprudencia existente. "Presentará alegaciones a las actas que pueden devenir considerando que serán estimadas y si no prosperan, recurrirán y lo elevarán a instancias superiores", aseguran. Lo hace así pese a que ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que resolvió en contra de sus intereses -y no aceptando el recurso de su rival Deliveroo- entendiendo que existe relación laboral entre la empresa y los repartidores de su plataforma. Se agarra al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE de abril de 2020, que interpretan como la demostración de "la relación de no dependencia" entre ambas partes.
Este frente abierto con la Seguridad Social es previo a la entrada en vigor de la llamada 'ley rider', el intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez para regular este sector. Sobre ello, la compañía insiste en que disponen de "medidas alternativas para adoptar el modelo de negocio y garantizar su viabilidad futura". El nuevo modelo ha levantado muchas críticas por parte de los sindicatos. Sigue apostando, fundamentalmente, por una estructura con autónomos, aunque con un sistema de reparto de trabajo nuevo con el que tratan de evitar que la Inspección de Trabajo vuelva a confirmar la existencia de relación laboral. Incluye, entre otras medidas, la posibilidad de conectarse sin franjas horarias y la introducción de una herramienta (denominada internamente como 'multiplicador') por el que los repartidores definen cuánto quieren cobrar, algo que las organizaciones sindicales entienden que es una "subasta a la baja".
Frente fiscal
Esta calificación como trabajadores y no autónomos por parte del Tribunal Supremo, en primera instancia, y de la ley, hace varios meses, ha tenido una consecuencia: la Agencia Tributaria también ha tomado cartas en el asunto. Ha iniciado una investigación sobre el IVA de los ejercicios entre 2016 y mediados de 2019 por la deducibilidad de los importes que proceden de los 'riders'. Esta inspección se abrió por la Delegación Especial de Cataluña. No se ha proporcionado ninguna estimación del alcance de una regularización futura, por lo que "se desconoce su impacto cuantitativo, por depender de muchos factores desconocidos". La cúpula directiva de la empresa entienden, en base a los informes de su asesores legales, que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de IVA. Ante la falta de visibilidad sobre las cifras, no se ha puesto en marcha ninguna provisión para cubrir potenciales gastos.
Para el bonus a la plantilla global y la cúpula sí que se ha incrementado de manera significativa la provisión. Al entender que existen posibilidades de que haya una venta de la compañía (eventos liquidativos del plan de 'stock options') a medio plazo, han dotado una nueva reserva de 13,8 millones de euros en sus cuentas anuales. Esto se suma a los 38,7 millones 'almacenados' en el año 2019. En total están en la hucha más de 55 millones. Más allá de todos los apuntes contables, su socio principal, Delivery Hero, declaró que los ingresos brutos de todo el grupo de reparto español fueron de algo más de 400 millones de euros, con 45,6 millones, según el reporte anual que presentó a los inversores en el mercado alemán.
Para afrontar el próximo año, la compañía levantó 450 millones de euros en una ronda de financiación que se anunció a finales del mes de marzo y que fue cubierta, tal y como reconoce en su memoria, por su máximo accionista, Delivery Hero, los fondos vinculados a éste Luxor y Lugard Road, además de Hedosophia, el holding de inversión del empresario británico Ian Osborne, que acaba de aterrizar en el consejo de administración. El reparto accionarial actual se desconoce, más allá de lo reportado por el gigante de reparto de comida a domicilio alemán: éste controla el 37,3%, descontando el efecto del bonus de las 'stock options'.
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