El Gobierno va a agilizar el pago de la partida de 150 millones de euros aprobada en los presupuestos de 2018 para rebajar la factura eléctrica de la gran industria. Parte del dinero (77,9 millones) tiene como fin complementar pagos del año 2016, según fuentes de las empresas, que esperan cobrar antes de fin de año. Pero hay otros 72 millones en el limbo que las compañías también reclaman. Sucedió lo mismo en 2017. El dinero previsto en la secretaría de Estado de Energía para el mismo fin, 150 millones, no se ejecutó, lo que provocó el malestar de las grandes compañías.
El desbloqueo se produce en plena negociación con la multinacional del aluminio Alcoa, que ha anunciado el cierre de sus factorías en Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia). El dinero de los presupuestos es una baza más en unas negociaciones que tienen lugar en un contexto de cierto pesimismo porque la compañía estadounidense se mantiene firme respecto al cierre de las factorías.
Aunque el Ministerio de Transición Ecológica considera que el precio de la electricidad no es la clave de los cierres anunciados por Alcoa, la rebaja de la factura a la gran industria está sobre la mesa. El Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto da por hecho que se va a agilizar una orden para que las empresas electrointensivas puedan cobrar las ayudas para costes indirectos de C02 previstas en los presupuestos.
Coordinación ministerial
El proceso requiere coordinación entre los ministerios implicados. Y voluntad para que no suceda lo mismo que en 2017. Los 150 millones de aquel año, según detallaron los presupuestos, tenían como finalidad compensar a las compañías por los "costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables".
En realidad era y es una forma de subvencionar la actividad industrial para que las compañías radicadas en España, como Arcelor, Celsa, Alcoa, Asturiana de Zinc, Ferroatlántica, Solvay, Atlantic Copper, Air Liquide, Ercros, etc, no pierdan comba respecto a sus competidoras en Europa. Los Gobiernos autonómicos afectados por los cierres de Alcoa -Asturias (PSOE) y Galicia (PP)- han presionado para que la partida de ayudas llegue a las empresas.
Según lo recogido en los presupuestos 2017, "el colectivo de empresas que podrán acceder a estas ayudas se determinará reglamentariamente atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y la intensidad del comercio con terceros países y dentro de los límites previstos en las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020". El párrafo se explica por el recelo de Bruselas hacia los apoyos estatales de todos los países -no solo de España- a las grandes empresas.
Un apoyo normalizado
En España, el apoyo normalizado a la factura eléctrica de la industria -más allá de los 150 millones de los presupuestos- se traduce en un sistema de subastas, denominadas de interrumpibilidad, que cuestan alrededor de 350 millones al año, aunque llegaron a costar por encima de los 500 millones. Tanto la CNMC como las autoridades de Bruselas quieren que se modifique el sistema, concebido como un gatillo de seguridad: las grandes empresas consumidoras de electricidad acceden a desconectarse de la red en caso de necesidad a cambio de pagos que compensan, supuestamente, precios más caros que en otros países. Una cuestión de justicia económica según las empresas y una subvención encubierta según Bruselas.
Las rebajas en la factura de la gran industria siempre han sido polémicas. Para que las industrias paguen menos, alguien tiene que pagar más. Porque el sistema eléctrico, por ley, no puede registrar déficits. Por eso los más críticos denuncian que los clientes domésticos financian a los grandes clientes industriales.
Frente a las críticas, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a 26 grandes grupos, considera que la interrumpibilidad favorece la eficiencia del sistema eléctrico y no es un artificio propio de España. Según AEGE, está implantada en otros sistemas eléctricos europeos. La prueba de que funciona, sostiene, es que en lo que va de 2018, se han emitido ya centenares de órdenes de interrupción de suministro por criterios económicos.
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