El plena batalla por los recortes de la retribución a las infraestructuras gasistas y con operaciones empresariales de calado aún calientes -compra del gasoducto Medgaz-, el Gobierno ha echado un jarro de agua fría sobre el negocio. La resolución del Consejo de Ministros para cerrar el almacén de gas Castor recoge las previsiones del Ejecutivo sobre la evolución de la demanda en los próximos años. No son halagüeñas. Según la información contenida en el BOE "actualmente la demanda de gas natural en España se sitúa en torno a los 350 TWh, y no se esperan grandes incrementos en los próximos años. Esta demanda real del momento presente se encuentra lejos del máximo de 450 TWh del año 2008".
Las previsiones del Gobierno tienen mucho valor porque las empresas gasistas -y los fondos que han invertido en ellas- intentan sostener el negocio en una doble vía: peleando por los ingresos regulados -transporte y distribución- y colocando al gas como energía de respaldo de las renovables tras los cierres de las centrales de carbón y de las nucleares.
Las empresas no lo ven tan oscuro como el Ejecutivo. La patronal del sector Sedigas maneja datos positivos para este año. Según sus números, el consumo de gas acumulado en lo que va de año alcanza los 399 TWh, lo que supone un aumento del 16% respecto al año anterior. Lo probable, sostiene la asociación, es que se superen los 400 TWh porque las centrales eléctricas a gas (ciclos combinados) han cubierto la menor producción de carbón y de las centrales hidráulicas. Con todo, los 400 TWh que esperan producir las empresas no alcanza la cifra de 2008. Las centrales de gas han funcionado más -un 96% más que un año atrás- pero sobre cifras muy bajas, que no alcanzan una cuarta parte de las horas de funcionamiento posibles.
Una deuda a pagar
Las previsiones de demanda del Gobierno, si se cumplen, afectan a la situación de las infraestructuras gasistas en España: más de medio centenar de centrales eléctricas de gas (ciclos, 27.000 MW) que apenas si han funcionado a un 12% de su capacidad; siete regasificadoras -una de ellas, El Musel (Gijón), parada-; dos instalaciones más en proyecto en las Islas Canarias y un almacén de gas, el Castor, clausurado y con una deuda de 2.400 millones a 30 años que pueden acabar pagando los consumidores.
Con un panorama comprometido, lo más positivo para el sector es que el Gobierno mantenga en sus planes de transición energética hasta 2030 (PNIEC) la misma potencia en centrales de gas (27.000 MW) que existía en el año 2015. Pero ahí se acaban las buenas noticias porque las malas perspectivas también llegan desde Europa. La Comisión Europea ha sacado de la lista todos los proyectos de interconexión gasista de España tanto con Francia como con Portugal que iba a desarrollar Enagás, incluido el gasoducto Midcat que iba a unir España con Francia.
El Midcat ya había sido puesto en cuestión por los reguladores de España y de Francia, la CNMC y la CRE. Los dos organismos fueron rotundos en sus conclusiones sobre el proyecto. Ni hay mercado -"el mercado no ha mostrado ningún interés comercial por la nueva capacidad de interconexión (del Midcat)" dicen los reguladores- ni tira suficiente la demanda, entre otras cosas, por la irrupción de las renovables.
Un sueño que se evapora
Se evapora el sueño de convertir a España en un centro de distribución de gas desde África hacia Europa. Ese sueño está detrás de los cambios legislativos registrados en el sector desde el año 2012 con los Gobiernos del PP. Con José Manuel Soria al frente de Industria, el Gobierno paralizó las inversiones en infraestructuras gasistas (Real Decreto ley 13/2012) excepto las interconexiones. No había demanda para justificarlas. La suspensión de facto duró seis años, hasta marzo de 2018, cuando con carácter "excepcional" y para asegurar el suministro, el Gobierno autorizó la construcción de la interconexión con Francia.
La incertidumbre sobre el futuro del negocio gasista y las insfraestructuras que lo soportan no se da sólo en España. En Europa también hay debate. La Red Europea de Observatorios de Corporaciones -ENCO por sus siglas en inglés-ha elaborado un informe en el que denuncia el control por parte de cuatro empresas de los planes para extender infraestructuras gasistas innecesarias en Europa, con inversiones estimadas que superan los 50.000 millones.
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