Como el Guadiana, vuelve la polémica sobre la gestión y almacenamiento de los residuos nucleares. El desbloqueo del Gobierno da vía libre a Enresa, la empresa pública encargada de la basura nuclear, para tramitar el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). El plan lleva en un cajón desde julio de 2019 porque, simplemente, Enresa no tenía a quien enviarlo. El empujón llega justo a tiempo. En unos días se cumplen los dos meses que Bruselas dio a España como ultimátum para presentar un plan de gestión de residuos ajustado a los requisitos comunitarios. Con el nuevo PGRR vuelve la polémica sobre la ubicación de un almacén centralizado y permanente. El anterior Gobierno paralizó el proyecto que lo situaba en Villar de Cañas (Cuenca).
El Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibirán en los próximos días el plan diseñado por Enresa para embridar un problema muy serio y en el que España lleva mucho retraso. Tanto que Bruselas envió a finales de noviembre al Ejecutivo en funciones un dictamen motivado -la segunda fase de un procedimiento de infracción- en el que dio dos meses a España para presentar un plan en condiciones antes de acudir al Tribunal de Justicia de la UE.
El nuevo plan de residuos debe sustituir al que está en vigor, que fue elaborado en el año 2006 y que ha quedado completamente desfasado. El retraso ha acabado con la paciencia de Bruselas. España, como el resto los países de la UE tenía que haber presentado su programa, a más tardar, el 23 de agosto de 2015. España y Bélgica no han cumplido y por eso Bruselas amenaza con tomar medidas contundentes.
Residuos peligrosos
El tiempo apura. El plan de residuos vigente -el VI- es un problema porque no sirve. En España, los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares que están saturadas. Las piscinas están ocupadas en un 84% de media, según los datos del Foro Nuclear correspondientes a 2018 (página 248). Sin un lugar concreto donde almacenar los residuos porque el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas fue paralizado, el problema crece.
En esa situación, el nuevo plan elaborado por el equipo de Enresa que dirige desde julio del año pasado el exconsejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, es clave para encauzar el cierre de las centrales nucleares. Según lo acordado por las compañías eléctricas y el Gobierno, el cierre de instalaciones será escalonado. Se desarrollará entre 2025 y 2035, lo que supone una horquilla temporal amplia: seguirán funcionando más de 40 años, pero menos de 50.
Para financiar el proceso de desmantelamiento, el Gobierno ha aprobado sin esperar al nuevo plan de residuos una subida del 19,3% de la tasa que pagan las eléctricas para gestionar los residuos. Endesa, Iberdrola y Naturgy pagarán en torno a 480 millones anuales, según el acuerdo para el cierre ordenado del parque. El fondo que gestiona Enresa acabó 2019 con unos 6.400 millones de euros. Pero debe llegar a los 15.000 millones de euros para cubrir el plan de cierre.
Evaluación ambiental
Aunque el Gobierno acelere trámites, los retrasos del PGRR se van a acumular. El plan debe someterse a una auditoría ambiental. Es lo que marca la Ley de Evaluación Ambiental de 2013. La norma obliga a someter a una adecuada evaluación todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente. El cumplimiento de todas las obligaciones puede retrasar la aprobación del plan de residuos hasta muy entrado 2021.
Se apruebe cuando se apruebe, la clave es el Almacén Temporal Centralizado (ATC) para todos los residuos. Enresa lo defiende, aunque no se pronuncia sobre su posible ubicación. Tampoco lo ha hecho el Gobierno. Ha paralizado el proyecto de Villar de Cañas (Cuenca) pero sin descartarlo por completo y barajando la posibilidad de acometer un proyecto alternativo en alguno de los municipios nucleares ya existentes. El ATC de Cuenca sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo de Seguridad Nuclear -son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental.
El futuro del proyecto es incierto, pero no lo es el esfuerzo que ya ha supuesto. Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros. La mayor parte, el 58%, ha ido a parar a la filial de ingeniería Iberinco, filial de Iberdrola. El CSN tradujo a horas los trabajos ya realizados por sus especialistas. El organismo ha empleado en las evaluaciones relativas a la solicitud autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado. Y la tarea sigue pendiente.
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