Sin vetos previos

El Gobierno prevé aprobar en verano la 'ley 5G' sin vetar 'a priori' a Huawei

El anteproyecto de ley inicia el periodo de consultas, para arrancar a principios de 2021 los trámites para ser aprobada en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso.
EFE

El Gobierno arranca el proceso para tener lista la Ley de Ciberseguridad de las redes 5G durante el verano. Inicia esta semana la fase de exposición pública del anteproyecto para a comienzos del próximo 2021 se inicien todos los trámites para la aprobación en el Congreso de los Diputados. El primer texto no señala con el dedo a Huawei y no establece vetos previos y sí una serie de procedimientos con los que se establecerán proveedores de red con riesgo bajo, medio y alto. 

Un año después de que se iniciara una consulta pública para elaborar un primer texto, el Gobierno lanza la consulta pública del anteproyecto de ley. El objetivo es tener todas las aportaciones antes de mediados del mes de enero para elaborar un texto legislativo definitivo que pase por todos los trámites parlamentarios y esté listo para ser ejecutado a mediados de año. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones no quieren dar ninguna fecha concreta.

Otros países como Reino Unido han vetado directamente a compañías como Huawei para el despliegue de partes de las redes ultrarrápidas 5G tras las presiones de Estados Unidos. Sin embargo, España no pretende hacerlo así y no excluirá a nadie de los concursos que lancen las operadoras para contratar a los diferentes proveedores.

¿Cómo se hará? Básicamente la ley contará con un "marco general" que establece cómo declarar los suministradores de red -Nokia, Huawei, Ericsson, ZTE...- en una lista de riesgos bajo, medio y alto. Se determinarán para cada una de la categoría, con la posibilidad de imponer restricciones futuras.

La lista de suministradores en base a su riesgo se irá actualizando de manera periódica, también con las aportaciones de las operadoras. Y tendrá el respaldo de un informe previo del Consejo de Seguridad Nacional y del Ministerio de Asuntos Económicos

Más allá de los posibles vetos, la ley también apunta a que haya una diversificación clara de los suministradores para evitar el riesgo de concentración, pero no exigirá ningún tipo de reparto de cuotas, ni topes de contratación para las operadoras.

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