Miércoles, 29.01.2020 - 06:25 h
Salta al Tribunal Supremo

El Gobierno cede y rescata al taxi con un decreto ley para frenar a Uber y Cabify

Aprueba el texto con el que se salta al TS, que dejó visto para sentencia el 'macrojuicio', y protege la limitación a la VTC ante una liberalización.

l ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, durante la presentación de la Variante de Lanestosa (N-629) hoy en Santander. EFE/Pedro Puente Hoyos
l ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. EFE

Lo prometido es deuda. Tras semanas de negociaciones con el taxi, el Consejo de Ministros ha cedido al aprobar hoy un decreto-ley con el que saltarse al Tribunal Supremo y frenar una posible liberalización del sector de las VTC, liderado por los gigantes Uber y Cabify. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha defendido que esta medida trata de "garantizar la convivencia equilibrada" entre la actividad de ambos sectores.

Este decreto ley llega justo cuatro días después de que la Sala de lo Contencioso celebrara la vista oral del macrojuicio tras el recurso de Competencia, que busca tumbar la limitación de 1 licencia de VTC por cada 30 taxis y otros requisitos que entienden que chocan contra la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).

Pero ha sido antes de esa sentencia, que llegará a finales de mes, cuando el Gobierno ha decidido dar luz verde a un decreto-ley con el que blinda dos limitaciones: ese ratio 1-30 y la obligación de llevar a cabo el 80% de los servicios únicamente en la comunidad a la que está vinculada la licencia otorgada por la administración.

¿Qué ha llevado a cabo? Básicamente, el Gobierno convierte en ley estas dos disposiciones del Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT). La consecuencia: deja sin efecto cualquier sentencia del Tribunal Supremo sobre esas dos limitaciones, clave para frenar el avance de Uber y Cabify.

A partir de ahora, puede surgir otra batalla legal. Y es que el Gobierno ha aducido llevarlo como decreto ley por la urgencia y necesidad por la situación de mercado actual. No va a ser fácil demostrar esta urgencia en pleno proceso judicial, pues esta medida se podía haber tomado en 2016 o 2017, cuando las primeras sentencias por vía judicial ya habían llegado al mercado.

El Gobierno debe a partir de este viernes aprobar la convalidación de este decreto en el Congreso de los Diputados. En las últimas semanas ha logrado apoyos suficientes para sacarlo adelante, posiblemente con el apoyo de Podemos o del PSOE.

"Garantizar una convivencia equilibrada"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha insistido en que esta medida busca "garantizar una convivencia equilibrada" entre la actividad del taxi y de las VTC. "Permite un desarrollo armónico en ambas modalidades de transporte", ha apuntado.

Sobre el proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, el ministro ha insistido en que lo que buscan es aportar "mayor seguridad jurídica para garantizar ese adecuado equilibrio".

El responsable del Departamento de Fomento ha afirmado durante la comparecencia que este decreto también persigue que el Gobierno ejerza sus competencias para regular ante la "proliferación de iniciativas dirigidas a limitar la operativa de las VTC, para mantener el 'statu quo' de los taxis; algo que vulnera la Unidad de Mercado". Se refiere al reglamento aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona para exigir una doble autorización para operar.

Taxistas, Cabify los gigantes de la VTC, ganadores

Aunque parezca una incongruencia, esta medida deja no sólo a los taxistas como vencedores, sino también a Cabify y a los grandes empresarios de las VTC, entre los que se encuentran Moove Cars (liderada por grandes empresarios como Jaime Castellanos), Gesstaxi (del exjefe del taxi José Antonio Parrondo) o Vector Teletransport (gestionada por el empresario y exdueño de Pepephone, Rosauro Varo).

¿La razón? Muy sencillo. Esta limitación de las licencias, que permitiría que sólo entraran en el mercado las licencias que hoy por hoy están solicitadas por vía judicial, permitiría frenar el avance del sector frente al taxi. Pero mantendría cierto nivel del valor de los activos para Cabify -que tiene en su haber cientos de permisos adquiridos durante los dos últimos años- y estos grandes empresarios que han llevado a cabo grandes inversiones para sus compras.

Hay una excepción. Moove Cars, la antigua filial de Cabify adquirida por empresarios 'tradicionales' como Jaime Castellanos (presidente de Lazard) o Jon Riberas (de la familia dueña de Gestamp), podrá explotar las casi 4.000 licencias que le 'entregará' el fondo de capital riesgo King Street Capital para su gestión. Sin embargo, una parte muy significativa de estas autorizaciones se ubican en comunidades más allá de Madrid y Barcelona.

El fondo y la compañía reclamaba echar abajo la limitación geográfica, para que esos permisos puedan ser utilizados en otras ciudades más allá de Madrid o Barcelona, y así elevar el valor de las licencias adquiridas por más de 140 millones de euros a Ares Capital. Sin embargo, ese requisito de completar el 80% de los servicios en la comunidad de turno se mantendrá.

Qué está pasando: todo arranca en 2009

El origen de todo este conflicto hay que encontrarlo en la trasposición de la llamada 'ley ómnibus', con el que se pretendía liberalizar algunas actividades profesionales. Desde esa fecha a 2015, muchos particulares y empresarios del sector se lanzaron a reclamar licencias VTC por vía judicial, aduciendo que la limitación de 1-30 había desaparecido 'de facto'.

La consecuencia: el Supremo ha ido dando luz verde a la concesión, en última instancia, a centenares de autorizaciones que habían sido denegadas por la administración. Ese ratio 1-30 ya ha pasado a la historia precisamente por ese aluvión. Hoy en toda España, la relación es de 1-9.

La CNMC inició en 2015 una batalla contra el Gobierno por el decreto que aprobó en noviembre (justo antes de concluir la legislatura) con la que rescataba esa limitación de 1-30. El juicio tuvo lugar su vista oral el pasado martes en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Todas las partes, incluidos los taxistas, creen que el Alto Tribunal dará la razón a Competencia y tumbará ese 1-30.

Esa decisión abriría la puerta a la concesión de las miles de licencias (36.000, según algunas fuentes) que hay solicitadas desde ese año 2015. Con este decreto-ley del Gobierno, se frenaría esta posibilidad.

Fedetaxi: "Arrinconamos a Uber"

Para Fedetaxi, la federación mayoritaria del sector, esta medida les permite "torpedear la línea de flotación de Uber y Cabify cuyo modelo de negocio descansa sobre la infracción". La organización entiende esta medida del Gobierno como "una nueva victoria".

La federación insiste en que han llevado a cabo "intensas negociaciones con el Ministerio de Defensa, abordadas desde la profesionalidad, el realismo y el sentido común", en palabras de Miguel Ángel Leal, su presidente.

Por su parte, un portavoz de Uber ha insistido en que este decreto supone "una oportunidad perdida para la creación de miles de puesto de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades. Esperamos ponernos a trabajar con el Gobierno, las plataformas y el sector del taxi en una nueva regulación que haga posible nuestro objetivo común: que cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa”.

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