El acuerdo marco para el escrutinio electoral de los próximos cuatro años por 39 millones de euros se le está atragantando al Gobierno. El Ministerio del Interior sigue apurando plazos para la adjudicación a Indra. Quedan algo más de tres meses para los comicios municipales y aún no está ni ese primer paso, ni tampoco la licitación formal para el recuento. El departamento de Grande-Marlaska guarda silencio después de los errores técnicos que llevaron a convocar un nuevo procedimiento. La empresa dirigida por Ignacio Mataix sigue a la espera desde que en noviembre presentara de nuevo la documentación exigida.
Los plazos están cada vez más ajustados, pese a que en Indra existe experiencia con este tipo de contratos y cuenta con el software y la infraestructura ya desarrollados. El anterior acuerdo marco se lanzó a mediados del año 2018 de cara a las locales y generales de 2019. Se adjudicó en noviembre de ese año, casi siete meses antes de las municipales. Y el contrato de estas últimas se había licitado a la UTE de la tecnológica catalana Scytl y Vector en enero de 2019. Ahora, a mediados de febrero no está completado ni el primer paso.
Indra acumula un bagaje de décadas ejecutando estos contratos. Pero todos los procesos requieren de trabajos previos antes de la celebración de los comicios. Prueba de ello es lo que están haciendo la mayoría de las comunidades autónomas que han lanzado las licitaciones y en algunos casos han formalizado la adjudicación a la propia empresa semipública. Así ha sucedido con la Comunidad Valenciana o con Madrid, que abonarán a la compañía 1,56 y 2,5 millones de euros, respectivamente. Lejos quedan los procesos que se lanzaron hace varios años, como el de las elecciones catalanas de 2021, que optaron por procedimientos de urgencia.
El último movimiento en este acuerdo marco se produjo el pasado mes de octubre. Después de los problemas surgidos con la presentación de la documentación por parte de Indra -Interior alegaba que se había presentado la huella electrónica de la documentación y no ésta misma- se planteó una ampliación de plazo para que Indra y el resto pudiera aportar todo lo necesario. Posteriormente lo volvió a ampliar hasta la primera semana de noviembre y autorizó a Indra a acudir con una copia física en el registro ante las dificultades técnicas.
Estas dos decisiones no son realmente habituales en la Administración. Y el Ministerio de Interior alegaba los riesgos que implicarían atrasos. "El servicio a contratar es fundamental para el correcto desarrollo de los procesos electorales y un retraso en su tramitación podría afectar a las elecciones que deben celebrarse en 2023", se apunta en la resolución firmada el 24 de octubre por la directora general de Política Interior, Carmen López, y consultada por La Información.
Interior ya alegó en noviembre los riesgos que implicarían retrasos en este contrato para la celebración de los comicios
Han pasado tres meses y medio y pese a esas advertencias no ha habido pronunciamiento hasta ahora. Indra ya presentó sus credenciales en el plazo de noviembre. El propio Gobierno pidió opinión a la Abogacía del Estado sobre los pasos a seguir retomando las actuaciones "manteniendo trámites ya cumplidos teniendo en consideración que no se va a producir modificación alguna en los documentos que sirven de base a la licitación". El abogado confirmó que había que ampliar el plazo como la opción "más correcta, desde el punto de vista de la eficacia de la administración".
Una primera anulación
Hay que recordar que este retraso no es el único que acumula el procedimiento. Ya en septiembre, el Ministerio del Interior decidió anular el proceso que había lanzado justo antes del verano. Aducía la existencia un "error" en el proceso. Ese mismo mes, el Consejo de Ministros autorizaba el procedimiento, por lo que todo apunta a que el concurso ahora cancelado 'in extremis' se había lanzado formalmente sin contar con esa luz verde. Fuentes oficiales aseguraron que se remitieron los nuevos pliegos y que el proceso seguido para ahorrar tiempo implicó problemas en la gestión y la firma de las tasas para publicar en el BOE.
Previsiblemente, Indra será el único licitante claro en este procedimiento. Como ha sucedido en las diferentes adjudicaciones que se están llevando a cabo en las comunidades autónomas, la compañía semipública se ha quedado sola, pues la catalana Scytl sigue al margen de este negocio de recuentos electorales públicos tras los problemas con el Ministerio del Interior. Sólo existen otras empresas internacionales que nunca se han presentado en comicios españoles.
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