Rodeada con un círculo rojo, una fecha: el 11 de mayo. Ése día vencerá si nada se tuerce la previsible tercera prórroga del 'estado de alarma' que el Gobierno planteará al Parlamento el próximo día 22 de abril y que éste en condiciones normales sancionara; y ése día es el que está marcado en rojo en la agenda del Gobierno para iniciar el retorno a una situación de cierta normalidad y una desescalada más perceptible de las restricciones a la movilidad y a la actividad económica en que vive el país desde el pasado 14 de marzo. Así se lo ha comunicado ya el Ejecutivo a la red de empresas públicas del Estado, según ha podido confirmar La Información en fuentes gubernamentales y del ámbito SEPI, al objeto de que aceleren la definición de sus protocolos de regreso a la actividad y se aprovisionen del material de protección necesario para garantizar las condiciones de seguridad de sus trabajadores en la vuelta al tajo.
Lo imprevisible de la evolución de la crisis sanitaria, que podría forzar al Gobierno a extender esas restricciones durante todavía más tiempo y alterar ese escenario central, y la más que evidente presión del sector empresarial privado -y de parte del Ejecutivo- por retornar a la 'normalidad' lo antes posible hacen que el asunto se esté llevando con la máxima discreción para evitar crear expectativa alguna. La fecha no se ha mencionado en las mesas de negociación abiertas con los sindicatos para modular la progresiva vuelta a la actividad en las empresas -en aquellas dónde esta negociación sí se ha abierto- y desde la SEPI se evita del mismo modo hablar de fechas concretas.
"El objetivo es ir recuperando la actividad, siguiendo en todo momento los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad", explican fuentes del sector público empresarial. "Y este proceso se está haciendo en continuo diálogo con los sindicatos". En Navantia, por ejemplo, donde la actividad se paralizó casi por completo tras la declaración de alarma -con la excepción de unos trabajos que había que terminar antes de la finalización de marzo para cumplir con el contrato- la empresa está negociando con los sindicatos un protocolo de retorno progresivo a los astilleros en el que todavía no se ha definido un calendario.
La vuelta a la 'velocidad de crucero' de cada empresa pública será diferente. Navantia, con carga de trabajo pendiente y contratos a los que atender, quiere recuperar el tiempo perdido lo antes posible y es previsible que sea de las primeras en recuperar en su totalidad su potencial productivo; Tragsa depende de las encomiendas de gestión de obras y servicios de las administraciones públicas cuya reanudación es algo más imprevisible. Lo que se da por seguro, según las fuentes consultadas, es que será Paradores la última empresa pública que abrirá sus puertas tras el parón del 'estado de alarma', en línea con lo previsto para todos los alojamientos de hostelería, espacios especialmente sensibles cuando se trata de controlar contagios masivos.
Algo más se ha avanzado en el modo en que los trabajadores devolverán a las empresas las jornadas no trabajadas tanto durante el 'cerrojazo' de quince días a la actividad en las inmediaciones de la Semana Santa como en los días posteriores en los que todavía no se ha reanudado. Sin embargo, en los despachos de los presidentes de las empresas públicas ya se trabaja con el 11 de mayo como fecha de vuelta al tajo, concretamente desde el pasado lunes cuando les fue comunicada esta circunstancias, a modo de preaviso para estar preparados.
El problema de la seguridad en el puesto de trabajo
El trabajo que les queda por delante no es pequeño. No se trata de una vuelta al trabajo normal. Cuando se reanude la actividad en las empresas públicas, al igual que en las privadas, éstas deberán garantizar una pautas de distanciamiento entre trabajadores, habilitación de los espacios laborales, organización del trabajo e incluso flujos de entrada y salida totalmente nuevos para prevenir contagios.
Por otro lado están las dificultades para acceder al material de protección necesario -los famosos EPI- para proteger a los trabajadores. Salvo en el caso de empresas vinculadas a servicios esenciales, como Correos, el operador postal que garantiza la prestación del servicio postal universal, la cuestión no ha sido particularmente estresante hasta la fecha, ya que las empresas públicas se han mantenido con una actividad muy limitada durante este periodo. Otra cosa es lo que puede ocurrir cuando se reanude la actividad y las empresas del Grupo SEPI se vean obligadas a garantizar equipos a sus cerca de 80.000 trabajadores.
Desde SEPI se explica que hasta la fecha no se ha puesto en marcha ningún dispositivo específico sobre el asunto y que hasta ahora las necesidades que han ido surgiendo se han cubierto sin dificultad al tratarse de contingentes de trabajadores activos muy reducidos. Las empresas consultadas del ámbito SEPI descuentan que contarán con EPI suficientes cuando llegue el momento de reanudar la actividad y fuera de ese perímetro, empresas como ADIF, el gestor de la red ferroviaria, aseguran que tienen los canales de aprovisionamiento asegurados tanto por el Ministerio de Fomento como por proveedores directos en China.
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