Luz verde a la orden ministerial

El Gobierno bonificará tras 18 años los billetes de tren ante la llegada de Ouigo

​La Ley de Protección de Familias Numerosas exigía al Estado el pago a Renfe de una compensación anual estimada en 10 millones de euros por descuentos en los viajes que la operadora no ha recibido nunca. 

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas
EFE

El Gobierno prepara la alfombra roja para recibir a Ouigo, sello bajo el que operará la operadora estatal francesa SNCF en España, el próximo 10 de mayo. Justo antes del estreno en el mercado ferroviario español del grupo galo, previsto para dentro de una semana, el Ejecutivo ha movido ficha para asumir  la liquidación de las bonificaciones aplicadas a los billetes de tren por los operadores ferroviarios. Una medida que llega con un retraso de 18 años. No en vano, la Ley de Protección de Familias Numerosas se aprobó en noviembre del año 2003 y exigía a las empresas ferroviarias aplicar determinados descuentos a los viajeros que alegasen esta condición, un gasto que después sería compensado por el Estado. El Gobierno nunca llegó a aprobar la orden ministerial que debía dar cumplimiento a dicha obligación; en consecuencia, Renfe ha sufragado este gasto durante casi dos décadas sin ninguna ayuda estatal.

La Ley de Protección de Familias Numerosas quedó más tarde desarrollada en un reglamento que se aprobó en 2005, según el cual el Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Transportes) era responsable de definir el procedimiento "aplicable por las empresas ferroviarias afectadas para efectuar las bonificaciones (...), y su posterior liquidación y control". El departamento nunca llegó a determinar dicho procedimiento por lo que, ante el vacío legal, Renfe asumió los descuentos sin compensación alguna. No fue hasta el pasado 26 de abril, a menos de dos semanas para el desembarco del primer operador extranjero, cuando el Ejecutivo dio luz verde a la orden ministerial que culmina todo este proceso normativo con la definición efectiva de las citadas compensaciones para los operadores ferroviarios.

A partir de ahora, el Estado queda obligado a pagar una compensación anual  a los operadores ferroviarios por la aplicación de dichos descuentos que hasta ahora se calculan en unos 10 millones de euros anuales. La norma, que entró en vigor el sábado 1 de mayo, supone una garantía para las empresas que protagonizarán la inminente liberalización ferroviaria. El retraso en la llegada de Ouigo, que según el calendario original debía haber empezado a operar en España el pasado mes de marzo, ha servido al Ministerio de Transportes para poner a punto precisamente ahora las reglas del juego ferroviario en territorio nacional.

Transportes habilitará un canal en su página oficial y enviará un aviso a las empresas afectadas, indicando el momento desde el cual podrán iniciar los trámites para la primera liquidación. Dado que la cartera de Ábalos todavía no ha especificado en qué fecha dará comienzo este proceso, ha incluido una garantía adicional para los operadores ferroviarios. "La primera liquidación abarcará, retroactivamente, los meses comprendidos desde la entrada en vigor de la orden ministerial hasta el mes previo a la fecha de dicha notificación", reza el texto del departamento. Es decir, tanto Renfe como Ouigo podrán reclamar la compensación de los descuentos aplicados desde el 1 de mayo hasta los 30 días anteriores al día en que el ministerio les remita el primer aviso.

La liquidación de Transportes abarcará de forma retroactiva los meses siguientes a la entrada en vigor de la orden, pero no compensará a Renfe por los descuentos aplicados entre enero y marzo de 2021

El carácter retroactivo de la norma ampara a las compañías ferroviarias solo a partir de mayo, justo cuando se hará efectiva la liberalización de la red nacional, pero la garantía no se extiende a los primeros meses del año en curso, cuando los trenes de Renfe todavía eran los únicos en surcar las vías españolas. La empresa pública no recibirá contraprestación alguna por las bonificaciones aplicadas a los billetes vendidos entre enero y marzo de 2021. La ley tampoco hace referencia a compensación alguna por las casi dos décadas en que Renfe sufragó este gasto sin ayuda estatal.

La orden establece que las liquidaciones serán acometidas por la Dirección General de Transporte Terrestre. El procedimiento es especialmente garantista. "Las empresas ferroviarias, en el plazo de un mes desde el primer día del mes siguiente al que corresponda la liquidación de que se trate, presentarán la solicitud de liquidación". Una vez recibidas las solicitudes, Transportes dispondrá de un plazo de otros tres meses para comprobar el contenido. En caso de que el departamento detecte alguna incorrección en los documentos aportados, la empresa ferroviaria dispondrá de 30 días más para subsanar los errores evaluados. En definitiva, el plazo para efectuar la liquidación será "por meses naturales vencidos".

Los trenes de alta velocidad de la flota de SNCF recorrerán en el trayecto Madrid-Barcelona. El segundo grupo en competir con Renfe será Ilsa (Trenitalia y Air Nostrum), que aterrizará en el país en 2022. Esta empresa, filial de la aerolínea valenciana, ha solicitado una reforma de la política de cánones de Adif, las tarifas que los operadores pagan al gestor por hacer uso de su infraestructura. Ilsa exige que este sistema de cánones no dependa de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sino que se asemeje al modelo tarifario que aplica Aena a las aerolíneas en sus aeropuertos. 

De vuelta a la liquidación histórica que prepara el Ministerio de Transportes, tanto Ilsa como Ouigo operarán con la garantía de que las bonificaciones que la ley española les obliga a aplicar a las familias numerosas serán liquidadas por el Gobierno en tiempo y forma. Además de la ayuda estatal por este concepto, el Ejecutivo ha aprobado una compensación por los servicios ferroviarios sometidos a obligación de servicio público, como Cercanías, Media Distancia y Avant que, de momento, sigue manteniendo Renfe en exclusiva como operadora controlada por el Estado español.

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