Un mínimo de 2.600 millones

El Gobierno brasileño 'calienta' la venta de Oi y aboca a Telefónica a una subasta

El Ejecutivo de Bolsonaro y el regulador buscan que haya competencia en el proceso tras el pacto de los tres grandes operadores, empujados por las limitaciones regulatorias.

Carlos Slim
Carlos Slim se suma 'in extremis' al pacto de Telefónica y Telecom Italia.
Europa Press

Carlos Slim irá de la mano de José María Álvarez-Pallete para hacerse con el negocio móvil del operador en concurso de acreedores Oi en Brasil. El 'archienemigo' de Telefónica se ha convertido en socio, pese a que había quien daba por hecho que el magnate mexicano acudiría a la puja de manera independiente. Una de las razones clave que han llevado a esta alianza de conveniencia está en la regulación: el reparto del espectro radioeléctrico ha de ser proporcional, tras una reciente reforma aprobada en el año 2018, y una operación en la que no estuvieran los tres juntos implicaría que alguno de ellos superara ese techo. Mientras tanto, el Gobierno ha alentado una segunda oferta para que haya competencia y evitar un pacto de derribo, que acabe perjudicando también al accionista minoritario. Todo ello mientras, precisamente, algunos de los bancos acreedores han alertado de un precio mínimo demasiado a la baja.

Oi lleva en problemas desde el año 2016, cuando se declaró en concurso de acreedores, ahogado por las deudas. Su deuda neta sigue disparada y ya supera los 18.000 millones de reales -casi 3.000 millones de euros- y sus ingresos siguen cayendo. Su valoración en bolsa apenas llega a los 1.300 millones de euros después de una caída en picado desde 2018. Hoy se encuentra controlada por varios 'hedge funds' como Goldentree, Brookfield, York Global Finance o Solus Alternative. Todos entraron en el año 2018 con el objetivo de reflotar el negocio. Presionaron fuertemente al equipo gestor para que redujera la elevada deuda con la venta de activos. Finalmente, tras un 'tira y afloja' han puesto el cartel de 'Se vende' a la unidad de telefonía móvil y de las torres.

Todo este movimiento ha estado vigilado muy de cerca por el Gobierno brasileño y también por el regulador del país, Anatel. Ambos están seriamente preocupados por la delicada situación financiera de este operador y el posible efecto en los más de 36 millones de clientes móviles (de los que más de 24 millones son de prepago) que tiene bajo su paraguas. La quiebra definitiva del grupo podía generar un problema serio para el sector y por eso todas las partes han sido proactivas para que se llegara al proceso que acaba de arrancar.

Telefónica siempre se postuló desde el minuto uno para hacerse con estos activos. Y desde hace varios meses negocia con Telecom Italia (TIM) para preparar una oferta conjunta. Iniciaron una 'due diligence' y todas las acciones previas antes de presentar una oferta formal. Se especulaba con la posibilidad de que el segundo en discordia fuera Carlos Slim y se convirtiera en el rival. Y más cuando a finales de noviembre el mexicano marcó terreno: planeaba invertir 7.800 millones de dólares sen el sector dentro del mercado brasileño en los próximos tres años. Lo hacía uno de los hijos del magnate tras una reunión con el presidente del país, Jair Bolsonaro. Sin embargo, en un giro 'in extremis' se sumó a la oferta de la española y planteó el pago de 2.600 millones de euros.

Las cifras del espectro, claves

Una clave decisiva en esta unión temporal tras años de dura competencia es  la regulación del espectro. Tal y como recordó el responsable de Anatel en el diario brasileño O Globo, existe una nueva normativa que limita la cantidad de espectro radioeléctrico que pueden controlar cada uno de los operadores. Estas reglas se aprobaron a finales del año 2018, cuando desde los fondos que controlaban Oi ya se hablaba de una posible venta de activos para reducir la deuda y recuperarse del concurso de acreedores. 

Hoy Telefónica cuenta con frecuencias en las bandas que van desde 450 MhZ hasta los 2.500 MhZ con un periodo de vencimiento que va desde el año 2023 al 2031. Según las cifras hechas públicas por la operadora en su informe anual, cuenta con ancho de banda que, especialmente en radiofrecuencias inferiores a 1 GhZ, se encuentra cerca del límite marcado por la regulación (35% del total disponible). Por su parte, Carlos Slim no precisa en sus informes anuales todos esos activos en Brasil, aunque todo apunta a que la compra del móvil de Oi en solitario dispararía sus porcentajes con riesgo de superar los límites regulatorios.

Segunda oferta para competir

El precio fijado por Oi está en el rango bajo de lo que se había planteado hace varios trimestres. En aquel momento se señaló por parte de los bancos asesores de la operadora brasileña que la valoración del activo móvil podría rondar los 4.000 millones de euros. Sin embargo, el punto de salida es de unos 2.600 millones de euros. Ni el Gobierno de Jair Bolsonaro, ni tampoco el regulador quieren que sea una venta a derribo, pagando sólo el mínimo, algo que perjudicaría a los accionistas minoritarios. Por eso ha fomentado que haya una segunda oferta, que aún no ha sido confirmada, con el fin de crear una cierta competencia frente a los tres potenciales compradores que controlan buena parte del mercado de telecos carioca. En la comunicación oficial al regulador, Oi se limitó a asegurar que había recibido varias propuestas. En los últimos días, varios medios económicos brasileños señalaron la posible participación de la pequeña firma Algar Telecom, respaldada por el fondo de Singapur GIC -también accionista de referencia de Cellnex-.

Todo esto se produce en mitad de una incipiente batalla entre los grandes 'hedge funds' que controlan la teleco y el resto de acreedores. Entre estos últimos se encuentran Banco Do Brasil o Caixa Economica Federal, entidades financieras del país que han encendido todas las alarmas. Según confirma el diario O Glovo, estos últimos se quejan precisamente de ese recorte del 60% en el montante que debía recibir Oi por esos activos. Este grupo alerta de que el plan sólo beneficia a los fondos. Un juez en Río de Janeiro ha establecido una mediación que debe durar un máximo de 30 días para tratar de alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, Telefónica y el resto de socios están preparados para competir en una subasta. Y lo han hecho asegurándose que serán el 'stalking horse', es decir, es el primer licitador en el proceso por lo que se asegura varios incentivos y además se reserva la posibilidad de igualar la mejor oferta presentada por otros. El proceso avanza y está abocado a una subasta al alza. 

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