Y finalmente tendrán que pagar. El Gobierno de España obligará a los gigantes del streaming como Netflix, HBO, Amazon o Disney+ a financiar la Radio Televisión Española (RTVE) a través de una tasa del 1,5% de sus ingresos anuales, como ya hacen los grandes grupos audiovisuales españoles o los dueños de televisiones de pago. Además, el Ejecutivo hace un guiño a las operadoras de telecomunicaciones y les exime del pago del pago del 0,9% a las que estaban obligadas -que habían judicializado al entender que era injusta-, con el objetivo de fomentar su inversión en el 5G.
Esta modificación importante en la ley de financiación de RTVE, que se hace a través de la tramitación de la ley audiovisual, permitirá redistribuir los ingresos de RTVE a través de las aportaciones de los nuevos actores del streaming, las operadoras y, sobre todo, la publicidad a través de patrocinios o en los diferentes canales digitales de radiotelevision pública. Ahora se inicia una nueva audiencia pública del anteproyecto de ley, para intentar que esté el texto presentado en el Congreso de los Diputados entre octubre y noviembre y aprobarlo definitivamente en el primer semestre de 2022.
La mayor modificación que el Gobierno ha introducido respecto al primer anteproyecto tiene que ver con la financiación de RTVE. Tal y como habían exigido los grupos audiovisuales Atresmedia y Mediaset, o las operadoras de telecomunicaciones, las grandes compañías de streaming deberán pagar el 1,5% de sus ingresos producidos en España -aunque se facturen desde Irlanda, Luxemburgo o Suecia- para la financiación del ente público. La aportación la llevarán a cabo "los que estén establecidos en España o en otro país de la UE, siempre que ofrezcan sus servicios en España", aseguran desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que insisten en que se da "un paso más en esa idea de establecer un terreno de juego equilibrado para todos los actores del sector".
Telefónica, Vodafone, Orange o Másmóvil tenían, hasta este anteproyecto de ley, un doble papel financiador: como operador de televisión de pago -a través de sus diferentes plataformas que se distribuyen con los paquetes de fibra y móvil- y también como teleco. En este último papel debían sumar un 0,9% de sus ingresos anuales, lo que suponía más de 120 millones de euros al año. Esta decisión fue judicializada y los tribunales rechazaron tumbarla, incluido el Tribunal Constitucional. Ahora, el Gobierno le hace un guiño tras años de reclamaciones. ¿Cómo? Le exime de ese pago, compensando en parte ese dinero al detraer más dinero para RTVE de lo que pagan por la tasa de espectro radioeléctrico. De los 410 millones que se habían fijado en los presupuestos de este año a los 480 millones que fijará la nueva ley. "Para contribuir a impulsar los servicios y las redes 5G", explican desde la Secretaría.
Estos cambios deberán ser compensados para evitar un problema económico para la RTVE. La fórmula es la habilitación de nuevas fuentes de ingresos publicitarios, después de más de una década sin ellos. En concreto, el anteproyecto contempla que el ente público podrá obtener ingresos por ciertas formas de publicidad como patrocinios, o en canales internacionales o en plataformas de intercambio de vídeo como Youtube. "Los cálculos previos que se han hecho es que con estos cambios se mantiene estable la financiación de RTVE", apuntan.
Esta es la principal modificación del texto del anteproyecto que ha llevado, tal y como avanzó La Información, a retrasar aún más la tramitación parlamentaria. Según precisan desde la Secretaría de Estado, se espera que el texto esté completo después de la segunda fase de audiencia pública entre finales de octubre y principios de noviembre para aprobar su llegada al Congreso de los Diputados. No hay una fecha concreta, pero verá la luz verde definitiva en los primeros meses de 2022.
Netflix, HBO, Amazon o Disney+ ya estaban incluidos como prestadores de servicios audiovisuales y, por tanto, también estaban regulados como tal, con la obligación de financiar de manera anticipada obra audiovisual europea, como ya hacen el resto de operadores 'tradicionales'. El gran cambio es que un porcentaje muy significativo del 5% de sus ingresos -un 70% para los que facturan entre 10 y 50 millones de euros y la totalidad para los de más de 50 millones- deberán ir destinados a obras audiovisuales y cine independientes. ¿A qué se refieren con ese término? A un productor que no esté relacionado con ninguno de esos prestadores de servicios registrados y regulados formalmente.
Respecto a la protección de los menores, el anteproyecto retoma la franja de protección reforzada de la tarde en las televisiones en abierto, "dado el reconocimiento y la extensión de su uso por parte de los usuarios". En lo que se refiere a bebidas alcohólicas, se prohíbe que se dirija específicamente a menores y dé la impresión de que su consumo contribuye al éxito social o lo relacione con ideas o comportamientos que expresen éxito personal, familiar, social, deportivo o profesional.
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