Colombia es una de las filiales que, dentro de las dificultades, mejor desempeño está logrando en Latinoamérica. Y Telefónica tiene desde hace años un compañero de viaje: el Estado colombiano. En 2018 parecía que iba a dejar de ser así, pero la venta del 32,5% acabó en fiasco ante la falta de interés de los inversores. Ahora, dos años más tarde, el Ejecutivo liderado por Iván Duque prevé relanzar de nuevo el proceso aprovechando el decreto de emergencia económica, el cual contempla la venta de activos en manos públicas para ganar liquidez.
El contexto en el que llega esta decisión del Ejecutivo colombiano está marcado por diferentes movimientos del mercado de las telecomunicaciones en el continente americano. Primero, la salida iniciada en esta región por la operadora española ante la necesidad de centrarse en las cuatro plazas más prioritarias para su negocio y las serias dificultades por la devaluación de la moneda y la inestabilidad política y social. Y, después, por una operación que puede marcar el camino: la venta de los activos móviles del operador brasileño Oi. Para hacerse con este negocio, subastado ante las dificultades económicas de Oi, José María Álvarez-Pallete se ha aliado con el operador portugués TIM y con su 'archienemigo' Carlos Slim en una oferta conjunta que se formalizó el pasado sábado a través de un hecho relevante ante la CNMV. Esta última alianza resulta clave en el futuro. También para la posible salida de Colombia.
El arranque de Telefónica en Colombia llega en el año 2006. El Estado colombiano subastó el 50% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Coltel). Telefónica ganó la subasta frente a Carlos Slim y se quedó con el paquete por casi 370 millones de dólares. Seis años después, la operadora española fusionó Coltel con su filial Telefónica Móviles Colombia, lo que llevó a que se quedara con el 70% del capital. Tras varios ajustes y ampliaciones de capital, el Estado acabó controlando el 32,5% que quiere vender. Este interés por salir arranca en el año 2017, cuando hay que abordar una ampliación de capital de casi 1.900 millones de euros con la que enfrentarse al pago de la deuda con el fondo de pensiones Parapat, entre otras medidas. La administración colombiana quería deshacerse del activo.
Un año más tarde formalizó un primer intento. Valoró toda la empresa en algo más de 2.130 millones de euros en el año 2018, después de contratar a un consorcio de bancos de inversión integrado por BNP Paribas, Bank of America y Bancolombia. Por tanto, aspiraba a sacar casi 700 millones por su participación. Puso en marcha un proceso formal de enajenación y en la primera fase no consiguió ninguna adhesión. Después se inició un periodo de búsqueda de socios privados que quisieran comprar ese paquete, sin éxito. Se trata de un activo en un mercado especialmente castigado y con el que no se tendría control sobre la gestión -que seguiría en manos de Telefónica-.
Dos años después, y con las urgencias generadas por la pandemia global de coronavirus y las ayudas públicas puestas en marcha para paliar sus efectos en la economía, el Gobierno colombiano, ahora liderado por otro presidente, contempla un relanzamiento del proceso de venta. El Decreto Legislativo 811 recientemente aprobado en el país abre la puerta a la privatización de compañías públicas o donde el Estado tenga una participación significativa. Está orientado principalmente a compañías cotizadas en bolsa, pero no de manera exclusiva. Fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda aseguran a La Información que, en todo caso, una ley de 1995 supone una autorización general para que el Gobierno "pueda adelantar un proceso de privatización sin requerirse autorizaciones adicionales a las previstas en la norma, en cualquier momento".
Coltel es, según las mismas fuentes, "uno de los activos que la nación se encuentra interesada en desinvertir" dentro del marco de la estrategia de aprovechamiento de activos. ¿Cuándo? No se marcan plazos después del primer fiasco. "En el corto o mediano plazo, una vez se logre identificar una ventana de mercado adecuada", apuntan. El marco fiscal recientemente aprobado por el país prevé privatizaciones por cerca de 12.000 millones de dólares en 2021 y 7.000 millones en 2022. Para llevar a cabo la operación habría que iniciar un nuevo proceso de enajenación, pues el primero vencía a mediados de 2019 y no fue renovado.
Esta urgencia por vender ese 32,5% de las acciones podría empujar a Telefónica a coordinarse con el Gobierno colombiano para vender el paquete conjunto. Parece obvio por el resultado del primer intento que el interés por esas acciones en manos del Estado es limitado. Pero lógicamente tendría sentido vender la totalidad del negocio en el país, habida cuenta de que la operadora española se encuentra en plena 'Operación Salida'. Allí compite con dos grandes nombres: Carlos Slim, a través de su marca Claro, y Tigo, controlada por Milicom. Con el segundo, el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete ha tenido un duro enfrentamiento en los tribunales por el freno a la venta frustrada de Costa Rica.
Con Slim ya ha llegado a acuerdos de venta -por ejemplo en Centroamérica- y su consejero delegado, Daniel Hajj, recordó que analizaría otras operaciones, pero siempre de manera individualizada y no en bloque: "Estamos abiertos a ver el resto de activos de América Latina pero, como siempre, queremos verlo dependiendo del país; dependiendo del rendimiento que tengamos y las sinergias". La alianza firmada para repartirse el pastel del operador en problemas Oi en Brasil puede ser un caldo de cultivo para potenciales operaciones.
Según confirma Telefónica en su informe anual de 2019, el llamado Acuerdo Marco de Inversión firmado por ambas partes establece que en el caso de que la operadora española decidiera enajenar su participación se obliga a que el comprador presente una oferta de compra por la totalidad (o una parte) al mismo precio y condiciones negociadas con ella. Por tanto, si finalmente Álvarez-Pallete accede a vender su 67,5% de la compañía fuera del paquete completo del holding latinoamericano deberá dar la opción al Estado colombiano a aceptar o no la venta de su parte con la misma 'letra pequeña'.
Una relación complicada
Telefónica y el Estado colombiano no viven el mejor momento de su larga relación. Y el paradigma es el laudo arbitral que sigue abierto entre ambas partes y que condenó a Coltel a pagar más de 1.600 millones de pesos colombianos (unos 400 millones de euros) por los activos usados para implantar la telefonía móvil en el país en las últimas dos décadas. A esto hay que sumar la negativa del Ejecutivo a acudir a más ampliaciones de capital. En el primer trimestre de este año, la compañía conjunta obtuvo financiación bancaria de largo plazo por 700 millones de euros para rescatar un bono híbrido que tenía en vigor.
Colombia es uno de los países que mejor se han comportado en los últimos trimestres en la región. Entre enero y marzo, último dato disponible, fue el único mercado de Latinoamérica que creció a moneda constante (sin contar con los vaivenes de las divisas). Coltel tiene una cuota de mercado del móvil del 24,6% y del 18,2% en banda ancha fija, según sus propios datos. La primera se ha mantenido más o menos estable en los tres últimos ejercicios y la segunda ha crecido ligeramente.
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