El Gobierno de Pedro Sánchez obligará a la Junta de Castilla y León a replantear el impuesto que aplica desde el pasado mes de noviembre a Nuclenor, la empresa propiedad de Endesa e Iberdrola que gestiona la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, a cuenta del riesgo ambiental derivado de la generación y acumulación en la zona de los residuos nucleares generados por la instalación.
Tanto el Ministerio de Transición Ecológica como el de Hacienda consideran que el impuesto autonómico grava situaciones ya sometidas a imposición por el Estado y que su mantenimiento está condenado a resolverse en los tribunales de justicia si no se modifica antes. El Gobierno podría acudir al Tribunal Constitucional para defender su argumentación, pero ha preferido optar por constituir un grupo de trabajo con la Junta de Castilla y León para buscar una solución de forma bilateral, según se recoge en una Resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del pasado 26 de febrero.
Las Cortes de Castilla y León aprobaron el 13 de noviembre, a propuesta del Ejecutivo regional, una modificación del impuesto sobre la afección ambiental causada por determinados aprovechamientos, que introducía un tercer hecho imponible hasta entonces inédito: el riesgo de alteración del medioambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales nucleares situadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, lo que es lo mismo que decir sobre los residuos generados por la central burgalesa de Garoña. El objetivo, según fuentes del Gobierno regional, es "gravar el daño al entorno derivado del almacenamiento temporal de los residuos radiactivos depositados en las centrales asentadas en Castilla y León".
El impuesto, que tiene como único contribuyente a Nuclenor, aspiraba a generar 15 millones de euros de recaudación al año, que la Junta de Castilla y León se comprometía por ley a reinvertir íntegramente en "la financiación de los programas de inversión en las zonas de influencia" de la central nuclear. El problema es que ya nació con dudas sobre su legalidad. Sendos informes del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio de Hacienda advirtieron antes de su aprobación de que el gravamen autonómico se solapaba con dos impuestos estatales: el de 'producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica' y el relativo al 'almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas'.
Las advertencias no surtieron efecto y la Junta de Castilla y León tramitó la modificación legal igualmente, convencido de su legalidad. De hecho, el impuesto comenzó a aplicarse el pasado 20 de noviembre y Nuclenor - la empresa participada al 50% por Endesa y Iberdrola - ya ha tenido que ingresar en las arcas regionales los 1,7 millones de euros que se corresponden a los 41 días en que el impuesto estuvo en vigor en 2018.
Vía judicial o vía diplomática
La reacción de la empresa se concretó el pasado 18 de enero con la presentación de un recurso contra la ley aprobada en las Cortes regionales ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Gobierno de España, por su parte, ha optado por la vía diplomática - que ha convertido en su sello a la hora de litigar con las comunidades autónomas por sus normativas dudosamente constitucionales - y ha acordado con la Junta de Castilla y León la apertura de un grupo de trabajo para encontrar una solución que impida que el asunto termine en el Tribunal Constitucional. Eso sí, bajo una premisa clara: la modificación del impuesto aprobado en noviembre.
Así se acordó en la Comisión de Cooperación Castilla y León - Estado celebrada el pasado mes de noviembre, en la que se pactó la constitución de un grupo de trabajo entre el Ejecutivo regional y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para encontrar una fórmula que resuelva las discrepancias suscitadas en torno a la legalidad de la iniciativa castellano-leonesa, y en la que también se acordó elevar este acuerdo al Tribunal Constitucional para inhibir cualquier eventual actuación por su parte en tanto no avancen estos trabajos.
Las posturas iniciales están, sin embargo, muy alejadas. Desde el Gobierno de Castilla y León, del PP, se insiste en que la norma es plenamente constitucional y se enarbola también una argumentación política: "Sería una lástima que intentasen (el Gobierno Central) impedir la recaudación de un dinero que va a ir a la reactivación de la zona", dijo en su día la consejera regional de Hacienda, Pilar del Olmo.
En el otro lado de la mesa, tanto Transición Ecológica como Hacienda estiman que la norma no soporta un análisis riguroso de constitucionalidad, que se solapa con el esquema impositivo estatal y que genera una situación de doble imposición que si no se corrige ahora, corregirán los tribunales de justicia a favor de Nuclenor.
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