Lunes, 22.07.2019 - 06:04 h
Una década de polémica y enredos legales

El Gobierno estudia paralizar la mina de uranio del grupo Berkeley en Salamanca

El Consejo de Seguridad Nuclear tiene que enviar en diez días un informe al Parlamento sobre el estado del proceso de autorización 

Manifestación en Salamanca contra la mina de uranio.
Manifestación en Salamanca contra la mina de uranio. / EP

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no es partidario de la energía nuclear. Considera que las centrales son caras, peligrosas y muy contaminantes. Ni le gustan las centrales, que quiere cerrar a medida que cumplan con su vida útil, ni le gusta lo que rodea al negocio. Por eso, uno de los primeros expedientes que ha caído sobre la mesa del nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para su análisis, es el que afecta al proyecto de la compañía australiana Berkeley Resources (Berkeley Energia en España). Berkeley impulsa desde hace una década el Proyecto Salamanca para abrir una mina de uranio y una planta de procesamiento entre las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes, en Salamanca.

El análisis que lleve a cabo el macroministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera deberá tener en cuenta las propuestas  aprobadas por la mayoría de los partidos en la ponencia de relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo. La mayoría de los grupos votaron a favor de paralizar el proyecto, informar del mismo al Gobierno portugués como parte interesada y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que presente antes de julio un informe detallado del estado actual del proyecto.

Una telaraña administrativa

La petición del Congreso tiene sentido porque el proyecto de la mina salmantina está envuelto en una telaraña administrativa. Según la respuesta enviada el 21 de mayo por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy a una pregunta de Unidos Podemos en el Congreso, el Proyecto Salamanca de Berkeley cuenta desde hace cinco años con una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León; desde 2015 dispone, además, de una autorización previa como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear.

Paul Atherley, consejero delegado de Berkeley Energia, en Salamanca.
Paul Atherley, consejero delegado de Berkeley Energia, en Salamanca.

La lista de carencias, sin embargo, es muy larga. La fábrica de procesamiento necesita, además de la autorización previa, autorizaciones de construcción, de explotación y desmantelamiento que corresponden al Gobierno previo informe del CSN. En lo que se refiere a la mina, no basta con la concesión de explotación. Berkeley, según detalló el Ejecutivo, tiene que presentar también un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental preoperacional; un Plan de Gestión de Efluentes Radiactivos, y un Programa de Vigilancia y Control de las Aguas subterráneas.

La lista de autorizaciones pendientes concede al Gobierno un amplio margen para congelar los planes de Berkeley en España. El diputado de Unidos Podemos y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, asegura que no ha mantenido aún contactos con el Gobierno para abordar la cuestión de la mina. Pero confía en que el plan de Berkeley quede definitivamente descartado. Fuentes socialistas recuerdan la máxima utilizada por el presidente Sánchez en el Congreso: “Este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento”.

En proceso de evaluación

La Información ha tratado de recabar la opinión de Berkeley Energía -vía correo eléctrónico y llamadas a teléfonos de contacto en Salamanca y Londres-sin éxito. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha limitado a señalar que el organismo "está en proceso de evaluación de solicitud de autorización de construcción de la instalación radioactiva de primera categoría, de la planta de concentrados de uranio".

Pese al viento en contra para el proyecto, Berkeley mantiene sus planes. Hace una semana reunió en el histórico Colegio Fonseca de Salamanca a más de 200 representantes de la comunidad empresarial para escuchar al consejero delegado Paul Atherley. El ejecutivo  destacó ante empresarios y alcaldes de la zona la inversión realizada -más de 70 millones de euros- y el empleo que espera crear en pocos años: 2.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

Atherley prometió a los reunidos  que "en pocos años" triplicará la inversión realizada hasta alcanzar los 250 millones de euros. Las cuentas de Berkeley, que ha empezado a cotizar en la Bolsa de Londres -hasta junio lo hacía en el AIM, el mercado alternativo- son más que optimistas. El proyecto Salamanca, recoge su página web, será uno de los productores de uranio con menores costes en el mundo y "capaz de generar fuertes flujos de efectivo después de impuestos en el punto bajo actual del ciclo del uranio".

Ante las fuerzas vivas de la región, Atherley sólo aludió de forma indirecta a los recelos y protestas que despierta el proyecto desde hace años. Lo hizo con una afirmación válida para acabar cualquier controversia: "No estás haciendo nada que valga la pena si todos están de acuerdo". 

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