Plan de reconversión

Ábalos ficha a Ayala de la Torre para el hiperajuste laboral de todas las radiales

El Gobierno se prepara para un alud de litigios ante el recorte que prevé acometer en la plantilla que ha heredado con la reversión de las autopistas de peaje, cuya masa salarial rebajará en un 90% para 2023.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la titular de Trabajo, Yolanda Díez
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la titular de Trabajo, Yolanda Díez
EFE

El Gobierno ha actuado con presteza y ha fichado a Ayala de la Torre, uno de los despachos más punteros del país en conflictos laborales, para blindarse ante la ola de despidos que prevé acometer en las plantillas heredadas de las radiales quebradas. Basta un vistazo a los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para darse cuenta de que la urgencia del Ejecutivo es justificada. El 'hachazo' en la partida destinada a cubrir el gasto de personal de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) impactará en 2023 y será fulminante.

Cuando el Gobierno elaboró los PGE para 2021, el Ministerio de Transportes, a través de Seittsa, ya había incorporado a sus filas a los trabajadores de las ocho autopistas de peaje que habían entrado en concurso de acreedores tras el fiasco de las radiales. No en vano, entre 2017 y 2019 los gastos de personal de esta sociedad dependiente del departamento que dirige José Luis Ábalos, pasaron de 1,4 millones de euros a 19,7 millones. La tendencia se mantuvo en 2020, cuando el Gobierno engordó esta partida con otro millón.

El detonante para este repentino encarecimiento fue la reversión al Estado de la gestión de las ocho autopistas de peaje quebradas. Durante 2018, Transportes recuperó el control de las radiales 2, 3, 4 y 5 de la Comunidad de Madrid, la Autopista Eje Aeropuerto que enlaza el centro de la capital con la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, la autopista Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena Vera. El 22 de febrero de 2019 la AP-41 (Madrid-Toledo) se incorporó a la cartera de Seittsa. Esta era la última vía de pago en quiebra cuya gestión quedó pendiente de recuperar.

Nacionalizar para liberalizar, la paradoja de Ábalos

Además de las radiales en concurso de acreedores, Seittsa ha recuperado el control de las autopistas cuyas concesiones han caducado en este tiempo. Es el caso de la AP-1 entre Burgos y Armiñón que hasta noviembre de 2018 fue gestionada por Europistas (propiedad de Itínere). También de los tramos valencianos de la AP-7 y la AP-4 (Sevilla-Cádiz), bajo el paraguas de Aumar (Abertis) hasta diciembre de 2019. Por delante quedan los 478 kilómetros de la AP-7 que enlaza Molins de Rei con La Jonquera y el de la AP-2 entre Zaragoza y Saifores (Tarragona). La Administración tomará el control de ambos tramos el 31 de agosto, cuando vence la concesión de Acesa (Abertis).

En previsión a los 100 millones de euros 'extra' que engrosarán los gastos de explotación de Transportes por la gestión de la AP-7 y la AP-2, el ministerio que dirige Ábalos sacó a licitación, en marzo de este año, seis contratos de conservación y explotación para estos dos tramos por un valor conjunto de 627,8 millones de euros. El objetivo del concurso no es otro que liberalizar ambas vías tras expulsar a Abertis al no renovar la concesión. Para equilibrar su balance, Transportes también ha prometido a Bruselas la implantación de peajes blandos en todas las autopistas españolas para 2024

Los PGE recogen que el gasto de personal de Seittsa pasará de 21 millones de euros a 2,3 millones entre 2022 y 2023. La cifra supone un 'tijeretazo' del 90,4%

Paradójicamente, en el momento de su desembarco al frente de Transportes, Ábalos congeló el proceso de relicitación que su antecesor, Íñigo de la Serna, había previsto zanjar en 2018 con concesiones a 25 años. El ministro socialista se dio de plazo hasta 2022 para decidir qué hacer con estas autopistas. A la vista de los acontecimientos, el titular de Transportes ya ha elegido. Los últimos Presupuestos revelan que el gasto de personal de Seittsa caerá a 2,3 millones de euros anuales en 2023, frente a los 21 millones con los que el Ejecutivo dotó a esta partida para 2021 y 2022. Lo que se traduce en un recorte del 90,4% de un año para otro.

El Ministerio de Transportes es consciente de que este tijeretazo vendrá acompañado de un alud de litigios a los que no se enfrentará solo. En previsión al calvario judicial que seguirá a los recortes, Seittsa licitó un contrato para el asesoramiento jurídico laboral de la entidad por un importe máximo de 120.395 euros para un plazo de ejecución de 20 meses, hasta marzo de 2023, coincidiendo con el 'mordisco' a los presupuestos de Seittsa.

Transportes apunta a la asunción de la gestión de las autopistas de pago por parte del departamento, así como al incremento de la plantilla para justificar el contrato. Su objeto abarca "asesoramiento jurídico y asistencia letrada (...) para la determinación de estrategias, procesos de negociación y para resolver cuestiones de cierta complejidad en materia laboral y de seguridad social que puedan surgir, así como, cuando sea necesario, la representación y defensa de los intereses de Seittsa ante juzgados y tribunales".

El ministerio optó por un procedimiento de contratación restringido, es decir, solo podían presentarse al concurso los despachos previamente seleccionados por la cartera. Además del bufete ganador, enviaron su candidatura algunas de las firmas más importantes de nuestro país como Cuatrecasas, Garrigues o Ramón y Cajal. En los pliegos de la licitación, Transportes da cuenta del tipo de encargos que deberá sacar adelante el Ayala de la Torre. Seittsa ha dividido los trabajos en "críticos", "urgentes" y "no urgentes". El bufete contará con 24 horas, 3 días o una semana, respectivamente, para resolver cada uno de ellos

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