El Gobierno ha bajado una marcha en la tramitación del fondo para pagar las renovables, que se ha estancado en la última fase para su aprobación final. Se trata del proyecto 'estrella' de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y una medida para reducir, según los cálculos de su departamento, hasta un 13% de la factura eléctrica de los españoles en 5 años. En principio, el Ejecutivo preveía cerrar la aprobación del llamado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) antes de 2022. La medida busca abaratar el recibo de la luz trasladando algunos de sus costes al gas y los carburantes, lo que podría caldear la crisis del transporte, un riesgo que Moncloa no está dispuesta a asumir en pleno 'boom' navideño.
En el entorno parlamentario sorprende la lentitud con la que avanza el trámite de aprobación del 'fondo verde', que salvó su primer examen en el Congreso el pasado 13 de septiembre. Tras el rechazo de la Cámara Baja a las enmiendas a la totalidad de Vox y el BNG, el proyecto de ley pasó a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este órgano cuenta con competencia legislativa plena y, en él, PSOE y Unidas Podemos gozan de una mayoría más cómoda. Todo hacía indicar que la luz verde al FNSSE no tardaría en llegar. Pero el fondo para costear las renovables aún se encuentra al principio del trámite de ponencia, sin fecha para el encuentro en el que los miembros de la Comisión debatirán las enmiendas parciales que los grupos parlamentarios hayan mantenido con vida, paso previo a la votación final.
El Gobierno se resiste a abrir más vías de agua a causa del fondo verde, según las fuentes consultadas, que ven cierta "premeditación" en la dilación con la que se está tramitando el citado proyecto de ley. Uno de los frentes que se recrudecería con la puesta en marcha del fondo es el de la crisis de los camioneros. Los transportistas españoles están decididos a parar en bloque los días 20, 21 y 22 de diciembre, si las negociaciones con el Ministerio de Transportes encallan. Entre las exigencias que la patronal del sector ha planteado al departamento que dirige Raquel Sánchez está la de habilitar un mecanismo que les permita repercutir legalmente el incremento del coste del diésel a sus clientes.
La 'cara b' del fondo verde ya implica un traslado de costes desde el recibo de la luz a los precios del carburantes y el gas, una consecuencia de la que, por otro lado, hace meses que advirtieron a Ribera desde el sector y otros grupos parlamentarios. El fondo para pagar las renovables también generó discrepancias puertas adentro del Gobierno. El Ministerio de Industria, con Reyes Maroto a la cabeza, avisó igualmente a Transición Ecológica de que la eventual bajada del recibo eléctrico sería compensada con una subida en el precio de otras fuentes de energía tradicional.
En los corrillos parlamentarios sorprende la lentitud con la que se está tramitando el fondo verde y ven premeditación en la dilación con la que avanza el proceso
Al margen de dicho trasvase de costes, la gran industria mira con recelo el impacto contable de la implantación del fondo verde. El proyecto de ley incluye una serie de exenciones y compensaciones para ciertos sectores industriales cuya competitividad pueda verse afectada por el nuevo mecanismo para pagar la transición energética, debido a su consumo intensivo en electricidad y gas. Precisamente este punto, que trata de aliviar el impacto del fondo en el tejido industrial, genera incertidumbres en el sector.
La falta de especificación sobre dichas compensaciones, tal y como el proyecto de ley quedó redactado en el BOE, alertó a la industria. El sector teme que la Unión Europea acabe calificando dichas exenciones como ayudas de Estado encubiertas, lo que, en el peor de los escenarios, obligaría a estas empresas a devolver a posteriori el importe de este balón de oxígeno. En el mejor de los casos, en previsión a un fallo perjudicial desde Bruselas, las empresas beneficiarias de dichas compensaciones tendrían bien que provisionar dichos importes, bien asumir salvedades en sus informes de auditoría. De un modo u otro, el fondo verde acabaría impactando en la cuenta de resultados de los grandes grupos industriales, según fuentes jurídicas consultadas por La Información.
El fondo para costear las renovables soliviantó a los principales operadores españoles de gas e hidrocarburos. El mecanismo supone que los cerca de 1.000 millones que España destina cada año a sufragar las primas a las renovables sean soportados, en su práctica totalidad, por los gigantes del sector energético. Serán las empresas de luz, gas y carburantes la que financien la medida, que será aplicada de forma progresiva durante los próximos cinco años.
La lista de damnificadas la encabeza Repsol. El grupo energético que dirige Josu Jon Imaz ha liderado la oposición al proyecto de ley desde el frente empresarial. El propio Imaz advirtió al Gobierno de que el fondo verde lo acabarían costeando los consumidores y acusó al Ejecutivo de pagar "las fiestas de las eléctricas". El consejero delegado de la primera petrolera española incidió, durante una jornada del IESE Business School, que detrás de muchas renovables se encuentran fondos de inversión que, en algunos casos, son "especulativos", y que no requieren de dichas subvenciones pues sus activos verdes ya son "competitivos".
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