Un salvavidas de más de 1.300 millones

Sepi garantiza un rescate 'low cost' a Navantia en tanto siga en números rojos

Los astilleros públicos acuerdan con el Gobierno aligerar la factura por intereses de la financiación recibida del Estado para evitar su quiebra mientras la compañía no retorne a la senda de los beneficios.

Fotografía astillero Navantia
El Estado ha comprometido más de 1.300 millones de euros para reflotar Navantia.
EFE

Navantia, la factoría naval propiedad del Estado que lleva años sumida en los números rojos, se ha garantizado unas condiciones más que favorables para el proceso de devolución a las arcas del Estado de los más de 1.300 millones de euros públicos que se le han inyectado en cosa de apenas un lustro para estabilizar su situación financiera e impedir que la empresa de los históricos astilleros públicos entre en causa legal de disolución. La empresa estatal ha alcanzado un acuerdo con la SEPI, el hólding público de empresas propiedad del Estado y a su vez matriz de Navantia, para abaratar la carga financiera asociada a los préstamos participativos en los que se ha materializado este 'rescate', al menos en tanto no se aproxime a la senda de los beneficios.

El acuerdo mejora las ya favorables condiciones financieras con las que la empresa gestora de los astilleros públicos debía atender la devolución de estas inyecciones de recursos del Estado, según confirman fuentes gubernamentales. En la información oficial disponible en la página web de Navantia, la empresa se limita a explicar que esta novación en las condiciones de los préstamos "modifica el tipo fijo aplicado y la referencia en el interés variable a fin de adaptar el primero a las nuevas condiciones del mercado y el segundo a un indicador sobre el resultado neto, no sobre la cifra de negocios". Hasta esta modificación, la modulación del interés variable del préstamos se ajustaba en nivel de la cifra de negocios de la compañía, de modo que éste permanecía en el 0,25% si la facturación se mantenía entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros, pero subía al 0,5% si la facturación superaba ese umbral. En el nuevo esquema, ese tipo de interés se hará depender más de la solvencia de la empresa que de su nivel para generar facturación, que en el año 2019 se incrementó por cierto un 12%.

Navantia tiene un gravoso calendario de pagos por delante para devolver el 'rescate' realizado por el Estado. En los próximos cuatro años, le corresponde devolver más de 1.050 millones de euros de los más de 1.300 millones percibidos desde el año 2015, en el que se activó el plan de rescate de la empresa pública consistente, en primer término, en transformar préstamos para proyectos de I+D en préstamos participativos que sirvieran para apuntalar el patrimonio de la empresa, y, a partir del año 2016, directamente en la inyección 'por vena' de recursos para impedir que una histórica empresa con una plantilla de más de 5.000 trabajadores entrara en causa de disolución y se viera abocada a la quiebra.

La maniobra, presentada en su día como esencial para "mantener la capacidad estratégica de Navantia", ha servido en efecto para garantizar la continuidad del proyecto empresarial e incluso para situarlo en un contexto mucho más favorable, en el que ha logrado reducir casi a la mitad las pérdidas en las que se manejaba hace un lustro y presentar una cartera de pedidas a futuro por más de 8.000 millones de euros. Pero también ha sublimado la dependencia de los astilleros del Estado de la financiación pública, que ya antes le garantizaba a través del Ministerio de Industria financiación barata para sufragar el coste de sus proyectos y a través del Ministerio de Defensa la cartera de pedidos, pero que ahora es necesaria también simplemente para mantener a flote la compañía.

La financiación 'asistida' del Estado no ha dejado de crecer desde que se abriera este cauce financiero en 2015. Ese año Navantia percibió 267,75 millones de euros, el año siguiente fueron 93 millones, para ya subir a los 299 millones en 2017 y los 320 millones en 2018. El año pasado, la inyección de recursos vía préstamos participativos del Estado en los astilleros públicos alcanzó la cifra récord de 344,5 millones de euros. Al cierre del ejercicio de 2019, la compañía naval tenía pendientes de devolución 1.090 millones.

Y está teniendo dificultades para devolverlos en tiempo y forma. Al cierre del año 2018, tenía pendientes de devolución, respecto al calendario previsto, 7,5 millones de euros. Un año después esa cifra ya superaba los 33 millones de euros. En ello puede estar teniendo que ver el incremento de las cargas financieras que está teniendo la compañía por las renovadas necesidades de financiación que exige el incremento de su cartera de pedidos. De 2018 a 2019, la cuenta de gastos financieros de Navantia se ha incrementado cerca de un 15% hasta situarse en los 246 millones de euros, llegando a superar el capítulo de gastos operativos de la empresa. Dentro de ese panorama, y tras el cambio de condiciones financieras de los préstamos participativos recibidos del Estado, la carga financiera asociada a esa financiación pública se ha recortado de forma significativa de los 21 millones de euros que la empresa pagó en 2018 a 14,7 millones en 2019.

Navantia cerró el ejercicio de 2019 con unas pérdidas de 146 millones de euros, lo que supone un 35% menos que los 225 millones de euros de números rojos de un año antes, pero que sigue situando a la compañía lejos del equilibrio. Las circunstancias del año 2020, que han obligado a parar la actividad en los astilleros durante cerca de tres meses, alejan más aún a la empresa que gestiona los astilleros públicos del sueño de los beneficios.

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