La letra pequeña del acuerdo

El Gobierno y la Generalitat lanzan un salvavidas al Mobile de 9,5 millones

Pagarán a la GSMA, organizador del evento, el canon con dinero público para este año 2020 aunque la edición se canceló 'in extremis' por la Covid.

Tras la cancelación por el virus
La GSMA recibirá los 9,5 millones de euros este año pese a que no se celebrará.
EFE

A mediados de febrero algo parecía romperse entre la GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress, y las administraciones públicas. La pugna por la cancelación del mayor evento tecnológico en España casi hace saltar por los aires una relación de más de una década. Ahora, meses después del cierre, el Gobierno y la Generalitat lanzan su particular 'salvavidas' económico a la entidad presidida por John Hoffman. Ambas mantienen el pago de los 9,5 millones de euros de canon correspondiente a este 2020, pese a que la edición no ha tenido lugar. El abono se hará en dos tramos y, en todo caso, será entregado como máximo antes de que finalice el año. El objetivo: "reforzar y reafirmar Barcelona como ciudad anfitriona del Mobile".

El Mobile es organizado por la GSMA, creada principalmente por las grandes operadoras de telecomunicaciones de todo el mundo. Pero realmente es financiado en buena parte con dinero público. La Fundación Barcelona Mobile World Capital está conformada tanto por el Gobierno y la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona y otros donantes privados. Las tres administraciones ponen sobre la mesa cinco millones de euros anuales en forma de subvención directa a esta entidad público-privada. De esa cantidad, una parte va destinada a eventos paralelos celebrados a lo largo del año y 9,5 millones de euros son entregados a la GSMA como canon por la puesta en marcha del MWC y el mantenimiento de éste en la ciudad condal.

Ese dinero se entrega anualmente para sufragar todos los gastos de la organización. El problema es que en 2020 no ha habido edición, tras la suspensión unos días antes tras el aluvión de cancelaciones de las grandes empresas y las dudas de la propia GSMA por el riesgo sanitario. Esta última peleó hasta el final por mantener ese dinero con el objetivo de afrontar todos los gastos vinculados a la cancelación. Tras meses de un intenso 'tira y afloja', las administraciones han accedido. La Fundación abonará los 9,5 millones de euros en dos tramos. El 50% antes de que acabe este mes de junio y el restante el 30 de octubre. En todo caso, existe la posibilidad de prorrogarlo hasta, como máximo, el 31 de diciembre. 

Una solución excepcional para 'salvar' al MWC

¿De dónde sacará el dinero la entidad público-privada, si no se había aprobado la subvención de Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento? El Gobierno de España acaba de dar luz verde a la inyección de los cinco millones de euros que le correspondían en un reciente Real Decreto Ley aprobado. No ha sido un proceso sencillo - ha requerido del estudio del Pleno del Consejo de Estado para salir adelante - y para hacerlo el Ejecutivo ha tenido que activar un instrumento presupuestario de excepción reservado a casos muy tasados. Tanto la normativa presupuestaria como la de Función Pública, así que es aplicable al resto de niveles de la Administración, no sólo al Estado, impide a las Administraciones Públicas "transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos", una cautela para impedir actuaciones discrecionales con cargo al erario público.

Una de las excepciones que se contemplan a este principio general es "el otorgamiento de recíprocas concesiones entre las partes", que según parece es lo que ha sucedido con el acuerdo alcanzado en el seno de la FBMWC con GSMA. Las administraciones públicas han accedido a liberar los créditos presupuestarios que financian el cánon de 9,5 millones de euros que recibe GSMA por la celebración del Mobile en Barcelona, a cambio de la prolongación de la relación contractual para la celebración del evento en la Ciudad Condal hasta 2024, de un derecho a la reversión de ese cánon en el caso de que el evento de 2021 no se celebrara y de una serie de contrapartidas reguladas de manera confidencial en un contrato privado para los 'stands' del Gobierno (Red.es) y la Generalitat en la aún incierta edición de 2021. La Sociedad Estatal Red.es también ha renunciado a reclamar los 700.000 euros que ya había gastado para la habilitación del Pabellón de España del Mobile para la edición de 2020.

El 'agreement' se alcanzó el pasado 31 de marzo en el marco de la Fundación Barcelona Mobile World Congress (FBMWC) y debía ser ratificado por los mecanismos legales correspondientes por las tres administraciones concernidas. Hasta la fecha ha sido el Gobierno de España el único que ya ha garantizado su parte del acuerdo, si bien fuentes de la Generalitat de Cataluña aseguran que se están ultimando los detalles de la norma autonómica que dará vía libre a la aplicación de los cinco millones de euros reservados para la celebración del Mobile. El Ayuntamiento de Barcelona también ha sido cuestionado sobre el asunto, pero ha optado por no pronunciarse.

ERE en ciernes para un 20% de la plantilla

La justificación que dan las administraciones queda plasmado en ese decreto. Y lo hacen para mostrar su respaldo al evento: "La Fundación realizará una aportación a GSMA para reforzar y reafirmar Barcelona como ciudad anfitriona y así como en beneficio de la edición MWC´21 a través de su especial promoción y de siguientes ediciones". Sobre la de 2021 se ciernen muchas sombras de duda, pues para esa fecha será muy probable que no haya vacuna para el coronavirus y las restricciones a las reuniones multitudinarias sigan activas. Pero por esa misma razón las administraciones se curan en salud. Si el próximo ejercicio no se celebra en Barcelona "por cualquier motivo", GSMA reembolsará el dinero.

El principal punto de fricción entre las administraciones públicas y la GSMA en aquel mes de febrero fue el de las causas de la cancelación. La organización empresarial buscó hasta el último segundo que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria para así cubrirse ante un más que probable alud de reclamaciones de los expositores por los desembolsos ya efectuados para su presencia en la feria. No lo logró. Incluso en el día después del consejo en el que se rubricó la cancelación, John Hoffman, su máximo directivo, y Mats Granryd, director general, insistieron una y otra vez en la causa de fuerza mayor. "Se trata de la explosión de una enfermedad. Hubiéramos tenido a millares de personas reunidas en Barcelona y es el riesgo que queríamos evitar", aseguró Granryd. Desde lo público, se negaron.

 Ahora, Gobierno y Generalitat firman en el papel esta inyección pero con una condición: "nada de lo dispuesto en este acuerdo se interpretará como una admisión por cualquiera de las partes de las circunstancias que dieron lugar a la cancelación del MWC'20, ni el reconocimiento por las partes de la ciudad anfitriona de la existencia de fuerza mayor con respecto al MWC’20". Pese a esta inyección económica en la GSMA, ésta no ha evitado que esta cancelación -y las dudas sobre cómo será la de 2021- desemboque en una reducción de costes importantes. A partir de esta semana se iniciará la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tal y como apuntó La Información. Un despido colectivo que podría afectar a un 20% de la plantilla, conformada en las diferentes sedes por casi un millar de empleados.

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