Ni un Fitur colapsado, con los Reyes de España accediendo por una puerta lateral por el bloqueo de las protestas, ha hecho cambiar de opinión a José Luis Ábalos. El ministro de Fomento se mantiene firme: se queda al margen de esta conflicto en Madrid y Barcelona. Entiende que no es un problema nacional, sino local, después del decreto que él mismo sacó adelante con los votos de los partidos independentistas y Podemos. Y no piensa, al menos por el momento, mediar para solventarlo. Tanto las empresas de las VTC como las principales comunidades afectadas han culpado al Ejecutivo con mayor intensidad en los últimos días.
Fue en julio, apenas un mes después de su toma de posesión, cuando Ábalos sufrió el primer golpe en forma de huelga indefinida de los taxistas en Barcelona y Madrid. La chispa que encendió la mecha fue la suspensión cautelar del reglamento que lideró la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con el que se pretendía limitar al máximo la actividad de las plataformas de VTC Uber y Cabify a través de una segunda licencia.
Tras varios meses de intensas negociaciones, también con el resto de partidos, consiguió aprobar con los votos de Podemos, los partidos independentistas catalanas y PNV el decreto-ley con el que no sólo ponía fecha de caducidad a las VTC (4 años de periodo de gracia a partir de los cuales sus servicios sólo se podían hacer en trayectos entre municipios y no dentro de ellos), sino que entregaba la competencia completa de las VTC a comunidades y ayuntamientos para que estos pudieran regular aspectos como la precontratación, clave en esta 'guerra'.
"No es un problema nacional"
La posición de Ábalos es clara: se trata de un problema local y regional y no nacional después del decreto ley. Cree que es "absurdo" establecer una normativa nacional que englobe a todas las comunidades autónomas, pues entiende que se trata de un servicio de transporte puramente urbano que ha de ser gestionado desde las administraciones más cercanas. En este contexto, el dirigente llamó a las partes de esta crisis a que "no se enquiste".
Desde Fomento aseguran que esta posición se mantendrá. Y utilizan un argumento similar al que ha utilizado la Comunidad de Madrid para tratar de trasladar el problema de legislar sobre la precontratación de las VTC: son las administraciones locales las que mejor conocen su idiosincrasia. "No es lo mismo Madrid que un pueblo de Castilla, que no tiene taxis", explican fuentes del departamento.
En la trastienda también está la política. Las administraciones regionales de Madrid y Barcelona, que hoy están gobernadas por el PP y PdCat y ERC, se enfrentan a unas elecciones en unos meses. Hay diferentes fuentes del sector de la VTC que señalan este aspecto como una clave para explicar la decisión de Ábalos de no intervenir en esta crisis.
La presión se eleva
Sin embargo, la presión no ha dejado de crecer. Primero desde sus propias filas socialistas. El propio expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló claramente al ministro y al Ejecutivo, al entender que éste y las comunidades deberían negociar una normativa en una conferencia nacional del sector. "La situación exige política, diálogo y un debate a fondo sereno", aseguró este miércoles.
Pero no sólo desde su lado. Las comunidades autónomas que ahora tienen el problema en sus calles también han mirado hacia Fomento. Pese a la regulación que ha puesto sobre la mesa el Govern catalán, su conseller de Transporte, Damià Calvet, admitió en declaraciones a Rac1 este miércoles que el conflicto se tenía que haber abordado mucho antes y culpó al Gobierno de no haberlo hecho a tiempo. "Ha habido una falta de diligencia por parte del Estado", apuntó. Y fue más allá: "El proyecto de ley del decreto, al que presentaremos enmiendas, está parado o bloqueado; determinados partidos lo tienen parado y la Generalitat ha decidido seguir adelante".
Las VTC también miran a Fomento y fuentes de la patronal insisten en culparlo del conflicto que hoy se vive. El propio consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, insistió en que debe ser el Gobierno central el que "tome cartas en el asunto y solucionar el problema que se ha creado al traspasar las competencias a las regiones".
Al margen de Madrid y Cataluña, Valencia trabaja a contrarreloj para crear su propia legislación, mientras que en Andalucía las principales asociaciones del taxi han exigido una reunión con el nuevo consejero del ramo para acelerar los trámites. Pero, ¿qué margen tendrían las regiones que no quieran esas competencias? No mucho. Al menos sobre el papel, según ese decreto aprobado en septiembre, implicaría que todas las licencias VTC de ese territorio sólo podrán cubrir los trayectos interurbanos y no urbanos.
El conflicto en Madrid continúa. Y la huelga sigue de manera indefinida al menos en la capital. Pero mientras los problemas crecen en la segunda jornada de Fitur, el Gobierno central sigue mirando para otro lado.
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