Las empresas públicas tendrán que salvar la crisis del coronavirus como puedan sin adaptar su tamaño al desplome de la actividad económica y sin la válvula de escape del ajuste temporal de plantilla para rebajar la cuenta de costes de personal en tanto dure la parálisis. No ha hecho falta siquiera una instrucción formal al efecto por parte de SEPI o el Ministerio de Hacienda, la situación se hizo ver por parte del Gobierno al primer responsable de empresa pública que preguntó por el asunto y el mensaje ha sido interiorizado de forma inmediata: "Sabemos que no podemos recurrir a los ERTE. Tiene sentido. Somos una empresa pública y no podemos meter más presión sobre las cuentas del Estado en este contexto", se admite desde el hólding empresarial público.
"Hubo una empresa que lo planteó al principio de todo ese proceso", señalan fuentes sindicales, "y se le dijo de forma muy clara desde el Gobierno y la Sepi que no se podía hacer. No se ha vuelto a plantear". Sentada de forma clara por el Gobierno la premisa de partida, las empresas públicas se han movido para salvar el asunto de la mejor forma posible desde la realidad de que la actividad ha caído de forma sustancial para muchas de ellas y que incluso otras, como Paradores, se han visto obligadas directamente a echar el cierre en sus establecimientos.
Las estrategias aplicadas por las empresas son diversas. El Grupo Tragsa, con una plantilla superior a los 12.000 trabajadores, ha mantenido la actividad en todos aquellos servicios considerados esenciales, fomentando el teletrabajo en los puestos en los que ha sido posible. Pero también se ha visto obligada a enviar gente a casa porque no podían continuar desempeñando sus tareas tras la declaración del estado de alarma. Para esos casos, según fuentes de SEPI, la empresa ha acordado crear una suerte de 'bolsa de horas' para que las jornadas no trabajadas que se acumulen en este periodo puedan recuperarse cuando se levanten las restricciones actuales, sin necesidad de ajustar plantillas o suspender las percepciones salariales de los trabajadores.
Paradores, que anunció el cierre de todos sus establecimientos el pasado lunes, horas después de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, ha hecho de la necesidad, virtud. Hace unas semanas pactó con los sindicatos otorgar a su plantilla 15 días laborables libres extra por la no aplicación en plazo de la jornada de 37,5 horas, a disfrutar en el plazo de cinco años a razón de tres días al año para no alterar en demasía la organización del trabajo en la empresa. La crisis del coronavirus ha alterado este plan. Paradores y sindicatos acordaron activar la aplicación de esos días durante la cuarentena del coronavirus a la parte de la plantilla que ha quedado inactiva por el cierre de los establecimientos hoteleros de Paradores.
"Hemos hecho un esfuerzo y dado flexibilidad máxima para mantener el empleo en estas circunstancias", aseguran fuentes de Paradores, que también ha adoptado otras medidas como empaquetar el excedente de alimentos generado por el cierre y distribuirlos entre organizaciones sociales de los territorios en que se ubican sus hoteles.
Empresas donde se sigue trabajando
Navantia ha mantenido, según fuentes de la compañía, "la actividad imprescindible" en sus astilleros y ha enviado a sus casas a los operarios que se han quedado sin tajo y al personal administrativo, que está teletrabajando. La caída de la actividad ha afectado sobre todo a la industria auxiliar de la compañía.
En otros casos, como Correos, Adif o Renfe la actividad se mantiene porque así lo determina el Real Decreto de declaración del 'estado de emergencia', que considera el servicio postal universal y las infraestructuras de transporte como servicios esenciales. Lo hacen, según informan las compañías en sus comunicados públicos, manteniendo la actividad estrictamente necesaria y bajo las prescripciones de seguridad realizadas por las autoridades sanitarias. Pero lo hacen también entre gran presión sindical. En todas ellas los sindicatos han denunciado la carencia de equipos de protección individuales y lo que entienden como una movilización de trabajadores superior a las necesidades reales.
La situación está siendo particularmente tensa en Correos, donde el pasado miércoles UGT y CCOO denunciaron la existencia de 40 casos de coronavirus y más de 400 empleados en cuarentena después de haber estado denunciando durante varios días, también junto al sindicato CSIF, las condiciones de falta de seguridad en las que los carteros y el personal de atención al público desempeñaban su trabajo.
La empresa argumenta que el decreto del Gobierno obliga a Correos a cumplir con las obligaciones del servicio postal universal y que se han adoptado por parte de la compañía los protocolos de actuación y las medidas de seguridad que son preceptivas en estos casos, como reducir el horario de apertura de las oficinas de atención al público a sólo tres horas. Desde el sindicato UGT, sin embargo, se denuncia que Correos ha mantenido movilizada a más del 50% de la plantilla sin ninguna necesidad y que ya desde el pasado lunes se habían registrado actuaciones policiales obligando a echar el cierre a oficinas de Correos por el incumplimiento de las recomendaciones sanitarias y episodios de trabajadores que se habían negado a realizar su trabajo por no disponer de equipos de protección individual.
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