Oughourlian aterriza

El Gobierno se lava las manos y asegura ahora que la Sepi no gestiona en Indra

Defiende que su posición como accionista principal no participa en el 'día a día' mientras incrementa al 28% su posición accionarial y logra aliados financieros como Amber Capital.

Indra
Una semana para la junta general de Indra.
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El Gobierno busca ahora desligarse de lo que sucede en Indra. Argumenta ante preguntas de la oposición en el Congreso de los Diputados que su estatus como primer accionista a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dependiente del Ministerio de Hacienda, no lleva aparejada la participación en la gestión. Esto sucede un año después de que se promoviera el relevo de Fernando Abril-Martorell en la presidencia ejecutiva por una "pérdida de confianza" y después del incremento de posición accionarial para ganar un tercer consejero con el que tener más influencia en el máximo órgano de administración.

En varias respuestas parlamentarias en las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se desliga de la gestión de Indra. Insiste en que la participación pública "minoritaria" en su accionariado, que llegará hasta el 28% en las próximas semanas tras la autorización por parte del Consejo de Ministros, no acarrea gestión directa. Apunta que la entidad pública no está en posición de obtener "más información ni menos que la que cualquier accionista en una posición equivalente". Lo hace a pesar de reconocer que este incremento de posiciones que ahora se ejecuta tiene por objeto "reforzar la participación del Estado como accionista de referencia".

Ese reforzamiento se lleva a cabo debido a que Indra, según reconoce el Gobierno en las respuestas a preguntas parlamentarias de Vox, lleva a cabo un considerable volumen de actividades directamente relacionadas con "intereses esenciales del Estado, tanto en el ámbito civil como en el de la seguridad y defensa". Ese argumento relacionado con las actividades estratégicas de la compañía fue también esgrimido hace justo un año cuando se decidió cesar a Abril-Martorell a propuesta de la Sepi. En este sentido reconocía en un hecho relevante que el "adecuado desempeño" de los cometidos del primer ejecutivo requería que contara "con la plena confianza de su principal accionista (Sepi) dada su condición de representante del sector público estatal, principal cliente de la empresa y cuyas decisiones tienen un impacto relevante en su negocio". Se deducía, por tanto, que esa confianza se había perdido.

Tras el cese de Abril-Martorell desde Sepi se promovió a un sustituto, Marc Murtra, precisamente en calidad de principal accionista. Pero tras el bloqueo del nombramiento por parte de los consejeros independientes, mayoritarios en la Comisión de Nombramientos con Alberto Terol a la cabeza, tuvo que esquivar para desligarse y así poder nombrarlo como 'Otro Externo'. Se vio obligada a confirmar por escrito que su representación en el consejo de administración se circunscribía a sus dos consejeros dominicales existentes y que, por tanto, Murtra "no le representa".

A partir de ese momento, la sociedad pública ha intentado ganar peso para tratar, precisamente, de decantar a su favor la situación de pugna interna con los consejeros independientes. Primero se hizo a través de la llegada del fabricante español del sector de la defensa Sapa. Después a través de la compra del 10% adicional para llegar a ese 28% -al borde de la OPA- que le otorga derecho a ese tercer consejero. Y, por último, con la alianza con un socio financiero, como el fondo de inversión Amber Capital -que se ha hecho con un 4,1% de los títulos tras invertir 75 millones-, para dar aún más fuerza a ese nuevo núcleo duro.

En los últimos meses, el Gobierno, a través de Sepi, ha intentado buscar un socio para tratar de reforzar su posición en un particular núcleo duro. Sapa era uno de los que estaba llamado a ser ese 'caballero blanco', además con un perfil especialmente industrial y con un pie ya dentro del grupo de firmas españolas que conforma el fondo estadounidense Bain Capital para el control del fabricante ITP Aero. No cuajó pese a la compra del 5% de las acciones. El consejo, liderado por la entidad pública, vetó su irrupción, mientras sigue pendiente la conformación de ese consorcio. No se descarta que se vuelva a solicitar la entrada en el futuro. Se planteó alguna otra cotizada -Telefónica formó parte de manera fugaz de un potencial grupo estable de accionistas entre 2015 y 2016-. Finalmente será Amber Capital.

Influencia pública en otros rivales

Sánchez también ha lanzado varios guiños a la compañía semipública en los últimos meses. Hizo una visita el pasado mes de octubre a la sede, en la que, según apuntó en aquellas fechas la compañía, mostró su confianza en la nueva etapa de la empresa, liderada por Marc Murtra. También lanzó un reto para el sector de la defensa, al que llamó a una consolidación -para evitar la fragmentación-. Apostó por incrementar el gasto en Defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), como exige la OCDE.

La influencia en la gestión de lo público y los diferentes gobiernos no es algo excepcional en el caso de Indra. Hay que tener en cuenta que cada una de las potencias europeas cuentan con un buque insignia en el que cuentan con participación relevante. En la francesa Thales, el estado galo tiene un 25% del capital y un 35% de los derechos de voto. Más de seis de cada diez euros ingresados por la compañía en el área de defensa son de contratos públicos. Su CEO es un alto funcionario del Estado. En la italiana Leonardo, la participación estatal es del 30%, mientras que en la alemana Hensoldt se sitúa en el 25%.

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