El Gobierno portugués ha anunciado este lunes que va a cesar a la cúpula de la aerolínea TAP, cuyo capital es estatal, tras realizar una inspección que ha determinado que la indemnización de medio millón de euros pagada a una antigua administradora fue de carácter ilegal. De esta forma, el presidente del grupo SATA, Luís Ribeiro, asumirá los dos cargos vacantes.
El ministro de Finanzas, el socialista Fernando Medina, dijo en rueda de prensa que es necesario "pasar página" en la gestión de la empresa y comunicó el cese de la consejera delegada de TAP, Christine Ourmière-Widener, y del presidente del consejo de administración, Manuel Beja.
Esta decisión se produce a raíz de una indemnización de medio millón de euros pagada a la exadministradora Alexandra Reis cuando dejó la aerolínea en febrero de 2022. Reis fue nombrada secretaria de Estado del Tesoro meses después y la polémica generada por la indemnización y su nuevo cargo acabó en una crisis para el Gobierno socialista, con su dimisión y la del ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos.
Indemnización devuelta
La Inspección General de Finanzas (IGF) concluyó, en un informe hecho público este lunes, la "nulidad" del acuerdo entre TAP y Reis y que la aerolínea tiene derecho a reclamar la devolución de la mayor parte (unos 450.000 euros) de la indemnización que fue pagada, informó Medina. La IGF también detectó "deficiencias graves" en la relación entre la administración de TAP y el Estado, como accionista único de la aerolínea, y recomendó que fuese "evaluada" su actuación, lo que llevó al Ejecutivo a decidir el cese de los dos máximos responsables de la compañía.
El ministro señaló que no tendrán derecho a recibir ninguna indemnización, ya que se considera un despido "procedente", aunque recordó que Ourmière-Widener y Beja pueden recurrir la decisión en los tribunales. El resto de la administración, al menos por ahora, se mantendrá en funciones. El nuevo líder de TAP no recibirá ningún bono por el ejercicio de sus funciones, como sí estaba previsto para la anterior consejera delegada.
TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla tras los daños sufridos por la pandemia, y la aerolínea está bajo un plan de reestructuración. El Ejecutivo portugués tiene previsto lanzar en breve el proceso de reprivatización de la compañía, por la que ya han manifestado interés el grupo hispano-británico IAG -matriz de Iberia, British Airways y Vueling-, Air France y Lufthansa.
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