El Gobierno luso pretende mantener su participación en TAP tras su privatización

El Gobierno portugués tiene intención de mantener una participación en la aerolínea TAP, que actualmente es al 100% estatal y será privatizada, con el fin de asegurar los intereses "estratégicos" del país. Sin embargo, todavía no ha desvelado qué parte del capital quiere conservar. "Vamos a reprivatizar en la medida de lo estrictamente necesario, para mantener la posición que el Estado debe tener en TAP y que no debe tener más", ha indicado este miércoles el primer ministro, António Costa, durante un debate en el Parlamento.

Costa ha señalado que esa participación no será para "gestionar TAP en el día a día", sino para "asegurar los objetivos estratégicos del país", como mantener el 'hub' en Lisboa, al que no van a "renunciar". "El Estado tiene que estar efectivamente en el capital de TAP. Si tiene que estar menos o más, eso depende mucho de quien sea el otro socio", ha explicado el primer ministro, que ha apostado por continuar con una "reserva estratégica pública".

Además, Costa ha defendido que las prioridades son, a parte de mantener un "'hub' estratégico para Sudamérica y preferentemente también para Norteamérica", asegurar la "continuidad territorial" con las islas y la conexión con las comunidades portuguesas en el extranjero. La privatización de TAP se lanzará "en breve", ha asegurado Costa, aunque no ha desvelado cuánto durará el proceso.

TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100% del capital tras aumentar su posición para salvarla tras los daños sufridos por la pandemia, y la aerolínea está bajo un plan de reestructuración. El grupo hispano-británico IAG -matriz de Iberia, British Airways y Vueling-, Air France y Lufthansa ya han manifestado interés en la compañía lusa.

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Sin embargo, TAP se encuentra en un proceso de transición, ya que el Gobierno luso cesó este mes a la consejera delegada de TAP, Christine Ourmière-Widener, y al presidente del consejo de administración, Manuel Beja, tras detectar irregularidades en una indemnización pagada a una exadministradora.