El Gobierno ha aprobado un decreto ley para regular por la vía de urgencia el acceso a la red de los proyectos de energías renovables y, de paso, ajustar los ingresos y gastos del sistema eléctrico, que no acaban de cuadrar desde hace dos años. Con la nueva norma, el Ministerio de Transición Ecológica intenta cortar de raíz la especulación con los permisos de acceso a la red eléctrica de proyectos sin respaldo, lo que había dado lugar a un auténtico tráfico de papeles que ha engordado la burbuja de las renovables hasta extremos peligrosos. El ministerio convocará nuevas subastas de renovables este mismo año.
La evolución de las solicitudes de acceso a la red que gestiona Red Eléctrica de España (REE) da una idea dela dimensión del problema. A 31 de enero de 2019, el gestor de la red había concedido permiso de acceso o aceptabilidad para 44.870 MW y tenía en tramitación otros 53.660 MW. En total, más de 100 GW. Equivalía a toda la potencia de generación efectivamente instalada en el país. Año y medio después, las solicitudes suman 430.000 MW, según datos del Ministerio de Transiciòn. Cuatro veces la potencia instalada. Un 60% no han solicitado permiso de conexión. Todo un indicio.
El decreto ley recién aprobado exige que los promotores de los proyectos renovables acrediten la solidez de los proyectos por etapas, con declaración de impacto ambiental favorable y autorización de construcción. En caso de no cumplir en tiempo y forma, los permisos caducarán y no se podrá traspasar. Quien no desee cumplir con las nuevas reglas de juego, tiene tres meses para renunciar a los permisos recuperando las garantías aportadas.
Los plazos temporales (referenciados a la fecha de aprobación del decreto) van desde los 3 o 6 meses del primer trámite a los 24 o 28 meses del permiso de construcción. En todos los casos, en 5 años el proyecto debe estar listo para su puesta en marcha. Además, Red Eléctrica "no admitirá" nuevas solicitudes hasta que el Gobierno y la CNMC aprueben la circular de acceso y conexión.
Además de intentar pinchar la burbuja verde, la norma da luz verde a un nuevo procedimiento de subastas para trasladar a la factura de la luz el menor coste que permite la creciente producción de energía limpia. El nuevo sistema se basa en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada. Es un nuevo marco en el que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas. Y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, en vez de la inversión como sucedía hasta ahora.
El decreto ley también intenta ajustar las cuentas en el sistema eléctrico. La norma habilita al Ministerio de Transición a cubrir las desviaciones de ingresos y costes de 2019 y también los posibles de este año. En condiciones normales, sin desvíos, el exceso de ingresos debería haberse dedicado a reducir la deuda acumulada, tal y como establece la Ley Eléctrica de 2013. Pero las cosas han cambiado. El decreto del año 2018 ya autorizó a cubrir los posibles agujeros con los 1.687 millones acumulados en cinco años y las necesidades aprietan.
