El Gobierno adopta el modelo francés de ayudas para frenar la fuga de industrias

En plena conmoción por la oleada de anuncios de ERES y cierres de empresas -Alcoa, Cemex, La Naval, Isowat o Vestas- el Gobierno busca fórmulas ya probadas para evitar la fuga de industrias. Alemania y Francia son los referentes. El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado que el Ejecutivo se propone aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos "que reconozca las particularidades de aquellos consumidores industriales eléctricos con un elevado uso de la electricidad".

Todo apunta a rebajas en la factura energética de la gran industria más allá de la vía empleada hasta ahora, las subastas de interrumpibilidad, cuestionadas por Bruselas y por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). De momento, el sistema de subasta se mantiene. Pero el Gobierno analiza los mecanismos que Francia y Alemania han empleado para favorecer a su industria sin vulnerar las normas de Bruselas, contenidas en las "Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y Energía 2014-2020". Se trata, sostienen fuentes del sector industrial, de "esquemas de reducciones o compensaciones de costes para la industria, en prácticamente todos los conceptos que forman el precio final del suministro eléctrico".

Esos conceptos son los peajes por transporte y distribución, los costes de financiación del desarrollo de las energías renovables -incluidos también en los peajes-, los impuestos (eléctrico y municipal), la interrumpibilidad y la compensación de costes indirectos del CO2. Transición Ecológica no ha dado detalles: ni medidas concretas, ni cuantía del apoyo. Pero las cifras de los últimos años dan pistas.

El pasado año, el apoyo a la gran industria a través de la interrumpibilidad costó 525 millones. En 2018, la rebaja prevista es drástica -reducción del 40%-, pero también han sido drásticos los anuncios de cierre registrados en el sector que desde 2008 ha ingresado por la interrumpibilidad -disposición a desconectarse de la red en caso necesario- 4.400 millones de euros.

A comienzos de año, tanto el PSOE como Podemos, clamaron contra el coste de la interrumpibilidad. Pero estaban en la oposición. Ahora toca barajar con otras cartas. Por eso el Gobierno Sánchez mira las que juegan los Gobiernos de Francia y de Alemania para apoyar a sus empresas sin provocar el enojo de la Comisión Europea. De momento, es un juego solitario. El Ejecutivo, admiten fuentes empresariales y de la Administración, no ha mantenido contactos para negociar el contenido del Estatuto de Consumidor Electrointensivo recién anunciado.

Pero las dos partes saben de qué va el juego. El reconocimiento de la figura del consumidor electrointensivo es una vieja reivindicación de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) creada por la gran industria hace 38 años y que representa a 26 compañías industriales con 80 plantas que suponen el 11% del consumo peninsular.

Tanto AEGE como el Gobierno conocen el andamiaje levantado por franceses y alemanes para apuntalar sus plantas industriales. Francia aprobó en 2015 una Ley de Transición que introdujo los conceptos de industria electrointensiva e hiper-electrointensiva. El desarrollo de la norma en 2016 facilitó a las empresas reducciones de cargas para contribuir a las renovables; rebajas en las tarifas de transporte y compensación de costes indirectos del CO2. La industria metalúrgica y del aluminio, entre otras, están exentas de contribuir al desarrollo renovable (22,5 euros MW/h). En 2017, la industria electrointensiva cobró casi 117 millones para compensar el coste de emisiones.

En Alemania, es la Ley de Energías Renovables la que ampara un esquema de exenciones para la industria electrointensiva en la contribución  a las renovables (68,80 euros MWh en 2017) en función de su consumo. El consumo -a partir de 10 GWh año- también permite tarifas de transporte reducidas de hasta el 90%. La contrapartida es un recargo repartido entre todos los consumidores finales (3,88 euros MWh) para consumidores de menos de un GWh/año. Como en Francia, en Alemania se destinaron 300 millones en 2017 en compensaciones por costes de emisión de CO2.

El Estatuto de la gran empresa supone un paso por parte del Gobierno en el reconocimiento de ayudas para evitar deslocalizaciones. Pero existen otras rebajas más disimuladas y polémicas. Por ejemplo las pactadas para las empresas vascas tanto por el Gobierno de Sánchez como por los anteriores del PP. El decreto de medidas urgentes aprobado por el Ejecutivo en octubre modificó el abanico de tarifas de acceso a la red eléctrica de forma que 800 empresas vascas podrían ahorrarse más de 100 millones de euros en la factura de electricidad. Todo un ahorro que reclaman también para sí  las grandes industrias para complementar la interrumpibilidad.