La caída de ingresos en el sistema eléctrico por la contención de la demanda y la bajada de precios que impulsan las renovables ha obligado al Ministerio de Transición Ecológica a plantear una reforma en profundidad del recibo eléctrico. Se trata de asegurar el despliegue renovable sin provocar nuevos déficits. El ministerio que dirige Teresa Ribera ha elaborado un anteproyecto de ley, que ha examinado el Consejo de Ministros, para sacar de la factura eléctrica que pagan los usuarios los 7.000 millones de cargos con los que se financian las renovables, la cogeneración y el reciclaje de residuos (RECORE). Para cubrir el hueco crea un nuevo fondo, denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), al que tendrán que contribuir, en función de sus ventas, todas las empresas -entre 500 y 1.000- que venden electricidad, gas o carburantes.
La reforma y la creación del nuevo fondo tendrá consecuencias importantes para los consumidores de electricidad, especialmente los domésticos y también para las empresas. Para los hogares, según el ministerio, la eliminación de cargos en el recibo supondrá una rebaja estimada del 13%. Para las empresas energéticas, la contribución al nuevo instrumento que gestionará el IDAE, obligará a reconsiderar sus políticas comerciales para decidir si repercuten o no la carga sobre el consumidor final.
La obligación de contribuir al nuevo fondo será gradual durante los próximos cinco años, de forma que el primer ejercicio se financie un 20% de los 7.000 millones destinados a desplegar renovables, un 40% el segundo año y así hasta llegar al 100% en 2026. El reparto según las ventas hará que el mayor esfuerzo recaiga sobre las petroleras (43%), seguidas por las eléctricas (31%) y las gasistas (25%). Fuentes del ministerio sostienen que la creación del nuevo fondo supone una "prestación no tributaria" con una justificación "jurídicamente sólida". Lo problable, no obstante, es que esa solidez se ponga a prueba en los tribunales. La creación en 2014 de otro fondo, el de Eficiencia Energética provocó una pelea en los tribunales que duró años.
El anteproyecto, que tendrá que volver al Consejo de Ministros para su envío al Parlamento por vía de urgencia, contempla exenciones a la hora considerar las ventas. Exime a los hidrocarburos consumidos en la generación eléctrica, el queroseno que emplea la avión comercial y el gasóleo agrícola. Prevé también compensaciones para los consumidores electrointensivos; la industria basada en el consumo del gas y elgasoil y la gasolina para usos profesionales. El ministerio considera difícil saber hasta qué punto las empresas van a repercutir la contribución al fondo a los precios. Dependerá, aseguran, de los márgenes y de los territorios en los que operen.
La gran justificación es que el mecanismo de financiación creado a partir de la Ley 15-2012, con los recargos al carbón, las nucleares, la generación (7%) y el canon del agua ya no funciona. La recaudación-en torno a 3.000 millones por año-no es suficiente. En 2019 ha habido más de 500 millones de déficit tarifario que ha tenido que ser cubierto con excedentes de años anteriores. El sistema cojea.
Según el ministerio, si no se modificara el sistema actual, con la Ley en vigor habría que ajustar al alza la parte regulada del recibo de la luz de manera automática. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura. Además, la aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética: inversiones que, siendo importantes para la transición energética, lo son especialmente en un contexto de necesaria reactivación económica.
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