El Gobierno no va resucitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica que suspendió en octubre de 2018 para un periodo de seis meses. Así lo creen las empresas del sector, que esperan un anuncio oficial en ese sentido en las próximas semanas. Fuentes del Gobierno sostienen, no obstante, que la decisión "no está tomada". La prórroga de la suspensión del impuesto afecta a los Ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda. Las convocatorias electorales de abril y de mayo convierten en poco probable la hipotésis de una reactivación del impuesto, según apuntan fuentes empresariales.
El impuesto a la generación eléctrica lo aprobó el Gobierno del PP en el año 2012 para taponar la herida del déficit tarifario, que llegó a superar los 24.000 millones de euros. El impuesto, muy discutido, se aplicó durante seis años hasta el que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió suspenderlo temporalmente para contener una escalada de los precios de la electricidad que parecía no tener fin y causaba alarma en la opinión pública.
La suspensión ha tenido reflejo en los precios de la electricidad. Según los datos que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el recibo de la luz bajó un 7,8% en febrero respecto a enero -un 5,5% según FACUA- y es también un 1,2 % menor que la de hace un año.
La de febrero es la quinta bajada consecutiva registrada después del rally del pasado año que llevó a que en septiembre la factura marcara el máximo de 2018, con 63,86 euros MWh. Fue la marca que llevó al Gobierno a aprobar un real decreto-ley con medidas urgentes para aliviar la subida del precio de la luz en los consumidores, que incluyó la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica.
Una mala noticia
Tanto el PP como el PDeCAT están en contra del impuesto eléctrico. El PP celebró en su día el anuncio de la suspensión, en línea con la proposición de ley que presentó en el Congreso para eliminarlo. Por su parte, el PDeCAT ha solicitado públicamente al Gobierno que prorrogue con un nuevo decreto ley la hibernación de la carga. Según su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, reactivar el impuesto sería "una mala noticia para familias y empresas".
El principal obstáculo para extender la suspensión es la obligación de hacerlo por la vía del decreto, algo que se ha convertido en un punto de fricción con los partidos de oposición -especialmente con el PP-. El partido que lidera Pablo Casado acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de abusar de los decretos por cálculo electoral.
El impuesto eléctrico ha sido polémico desde el comienzo. El Gobierno del PP, con José Manuel Soria como ministro de Industria y Energía, lo presentó en el año 2012 como un impuesto directo a las eléctricas para “armonizar la fiscalidad energética con un uso más eficiente del medioambiente y la sostenibilidad”. Pero empresas y organizaciones de consumidores denunciaron que se trataba de otro impuesto especial que afectaría a todos los clientes.
La polémica llegó a los tribunales porque Iberdrola recurrió el impuesto desde primera hora ante la Audiencia Nacional. El caso llegó después al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Ambos han discrepado sobre la legalidad del impuesto durante los últimos cinco años.
El Supremo ha dudado de su carácter medioambiental al afectar de forma indiscriminada a todos los generadores, independientemente de su impacto. También cuestionó su constitucionalidad por considerar que se solapaba con el Impuesto de Actividades Económicas. El Tribunal Constitucional, por el contrario, ha avalado la norma. Pero la polémica no está cerrada.
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