Mientras el Ministerio de Transición Ecológica perfila el calendario de cierre de centrales nucleares en el Plan Nacional de Energía y Clima, el sector se agita en varios frentes: el empresarial, con nuevos contactos previstos el 19 de diciembre entre las tres propietarias de la central de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- para pactar el horizonte de su cierre; el sindical, con presión de los sindicatos a las eléctricas para que garanticen el empleo, y el político, con una renovación pendiente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuyo presidente Fernando Marti cumple su mandato el 28 de diciembre.
Son tres batallas de una guerra más amplia para aclarar si España cierra entre 2020 y 2028 las seis centrales en funcionamiento al cumplir 40 años de vida útil o, por el contrario, permite que algunas de esas centrales prorroguen su actividad más allá de la vida de diseño.
El Gobierno de Pedro Sánchez llegó con una intención clara y detallada en los documentos de sus propuestas: cerrar instalaciones al cumplir cuatro décadas de actividad, lo que colocaría 2028 como límite para el cierre de la central más joven, Trillo, inaugurada en 1988 y participada por Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP. Pero en las últimas semanas, el Ejecutivo dejó entrever que sería flexible para evitar problemas en el sistema tanto por la desaparición del 20% de la generación, como por los problemas derivados del desmantelamiento masivo de instalaciones y el tratamiento de residuos.
Negociación pendiente
El calendario de cierre nuclear tiene que estar recogido en el Plan Nacional de Energía y Clima. Mientras se concreta, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) vive momentos de incertidumbre. Cuatro de los cinco consejeros del organismo, incluido su presidente Fernando Marti, cumplen mandato entre diciembre y febrero. Pero el Gobierno no ha hecho un solo movimiento para negociar los relevos con otras fuerzas políticas.
Marti, reprobado en el Congreso, acaba mandato el 28 de diciembre y lo probable, dado lo apurado de los plazos y la complejidad de los trámites para proponer y nombrar nuevos consejeros, es que su mandato se prorrogue automáticamente durante seis meses. Fuentes al tanto del proceso sostienen, no obstante, que el Gobierno podrá cesar al presidente renovado en cualquier momento de ese periodo, que no es blindado, al contrario de lo que sucede cuando es elegido por seis años.
Si la renovación del CSN está vinculada a los planes del Ejecutivo, también lo están las negociaciones entre las tres compañías propietarias de la primera central, Almaraz, que tiene que pasar reválida de funcionamiento. La instalación, propiedad de Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Gas Natural (11,3%) debe solicitar renovación de licencia antes de marzo de 2019.
Las pérdidas de Iberdrola
Pero no se ponen de acuerdo. Iberdrola esgrime pérdidas de su división nuclear de 1.200 millones desde 2013 y quiere sólo cuatro años de prórroga para Almaraz -hasta 2023-; Endesa, con un calendario de amortizaciones extendido a 50 años, pretende que la central funcione hasta 2033 -50 años- y Naturgy apoya a Iberdrola, pero estaría dispuesta a extender la vida de la instalación siempre que el Gobierno le asegure un precio regulado a la producción.
La reunión del pasado 12 de noviembre acabó en desacuerdo y exigencia de posiciones por escrito. Las empresas se volverán a ver las caras el 19 de diciembre para intentar pactar un acuerdo que debe ser unánime como corresponde en las asociaciones de interés económico, la fórmula societaria que comparten en Almaraz.
Las cuestiones pendientes en el sector inquietan, entre otros colectivos, a los trabajadores de las plantas. Sólo en Almaraz, según el ayuntamiento de la localidad, están en juego 800 empleos directos con 24 millones en sueldos. La Coordinadora estatal de Comités de Empresa de las Centrales Nucleares (CECECN) ha manifestado al CSN su preocupación por la "incertidumbre" y el clima laboral "enrarecido" que provocan las informaciones sobre el futuro de las instalaciones. La coordinadora demanda "una posición clara y unánime de las empresas propietarias" para ampliar la vida de las centrales a 60 años y garantizar el empleo. De momento, las posiciones ni son totalmente claras, ni son unánimes.
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