"No hay nada en presupuestos para Castor". La confirmación, de fuentes ministeriales, es la espoleta que puede encender aún más el escándalo de los 1.400 millones enterrados en el almacén de gas Castor, paralizado en 2013 por provocar terremotos. El Tribunal Constitucional tumbó en diciembre de 2017 el decreto que permitió compensar en 2014 a la constructora ACS y a sus socios canadienses de CLP pese al fiasco del proyecto. La decisión dinamitó, de paso, toda la operación de financiación montada con la banca -Caixabank, Santander y Bankia- para cubrir en 30 años el gran agujero del almacén.
Desde diciembre, los bancos que adelantaron el dinero -Santander, 700 millones; Caixabank, 400 y Bankia, 250- han mantenido contactos entre sí y con la Administración para buscar una solución al caso. A ser posible sin estridencias. También ha habido contactos con el gestor del sistema gasista Enagás (5% de la SEPI), que se hizo cargo de la deuda del proyecto y actuó como colocador de la misma ante las entidades financieras. Pero no ha habido frutos aparentes.
Mientras esos contactos se producían, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), encargada de canalizar 80 millones anuales en pagos a los bancos durante un periodo estimado en 30 años, cegó la fuente. Tras la sentencia del Constitucional, la CNMC paralizó los pagos -entre seis y siete millones al mes-. Sus servicios jurídicos, según precisan fuentes del organismo, estudian además si procede reclamar las cantidades pagadas por Castor o al menos, las que se han pagado en forma de liquidaciones provisionales.
A la espera de solución
Durante meses, todas las partes se han mirado de reojo: el Ministerio de Energía remitiendo a la CNMC; la CNMC esperando una solución por arriba y Enagás defendiendo que su papel en la operación fue muy limitado. Y los bancos, sopesando hacía dónde apuntar las baterías legales en caso necesario. Sobre la mesa había y hay varias opciones: demandar al Estado; demandar a ACS y a sus socios canadienses; demandar a la empresa que vendió la deuda, Enagás y demandar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que valora y aplica la sentencia del Constitucional.
Para las entidades financieras, lo ideal era que el Gobierno articulara una salida mediante una norma legal negociada en el Parlamento. Los presupuestos eran una oportunidad. Pero el Gobierno no ha seguido ese camino y la batalla legal está más cerca. "El baile ha empezado", resumen fuentes bancarias consultadas, que adelantan una acción de reclamación concertada contra el Estado. La información ha tratado de obtener la versión oficial de las tres entidades que asumieron la deuda de Castor, sin éxito.
La agitación en torno al caso Castor se produce cuando aún está pendiente de admisión en la Audiencia Nacional la querella que acusa a cinco exministros (Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria) y a los empresarios Florentino Pérez (ACS) y Recaredo del Potro (Escal UGS) de un delito de prevaricación, fraude a la adminstración pública y malversación de caudales públicos.
Querella contra exministros
La querella fue presentada por varias plataformas, entre ellas el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans. Incluye también entre los acusados al exsecretario general de Energía Ignasi Nieto y al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino. Según un portavoz del Observatorio, la decisión de la Audiencia debería ser inminente porque suele tardar en tramitar o denegar la admisión entre cuatro y seis semanas. La querella se presentó el 27 de febrero.
Tal y como aseguró el ministro Álvaro Nadal en el Congreso, cabe esperar “una fuerte litigiosidad entre privados”. Con algún choque político intercalado. Para Nadal, el polémico asunto del almacén de gas es un asunto que compete al PSOE. Fueron gobiernos socialistas los que lo autorizaron, sostiene su departamento. Rajoy, según su versión, se limitó a pagar la indemnización por orden del Tribunal Supremo. Aunque, según el Constitucional, con un instrumento equivocado, un Real Decreto con carácter de urgencia.
Frente a la decisión de no cubrir el agujero de Castor, el Gobierno mantiene en los presupuestos -ya lo hizo en las cuentas de 2017- la posibilidad de dedicar el superávit del sistema eléctrico, 1.450 millones, a pagar posibles indemnizaciones por reclamaciones en el sector eléctrico.
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