Primero lo hizo el secretario de Estado de Energía Alberto Nadal; lo continuó su hermano Álvaro Nadal en el papel de Ministro de Energía y lo ha mantenido el Gobierno de Pedro Sánchez: la industria vasca -unas 800 empresas- seguirán beneficiándose de tarifas de acceso a la red eléctrica favorables, lo que les puede ahorrar el pago de hasta 120 millones de euros. Con la negociación de los presupuestos para 2019 aún abierta, el nuevo guiño al PNV supone un desaire a la Comisión Europea, que presiona para que el Gobierno español deje las tarifas eléctricas en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Las urgencias de la política mandan y el apoyo del PNV es vital para un Ejecutivo en minoría. Sánchez ni se ha planteado eliminar las medidas que aprobó el PP para obtener el apoyo del PNV a la reforma de la Ley Eléctrica (2013) y a sus presupuestos. El Real Decreto de medidas urgentes aprobado el viernes pasado modifica el abanico de tarifas de acceso a la red eléctrica.
En el año 2001, la industria del País Vasco pagaba mayoritariamente la tarifa 6.1 (para entre 1kV y 36 kV); en 2014 se creó una nueva tarifa más favorable, la 6.1b (de 30kV a 36kV) que beneficiaba sobre todo a las compañías vascas (y a otras 4.00 en el resto de España). El pasado viernes, Sánchez dio un paso más: eliminar la tarifa 6.1B para crear una nueva 6.2 que se aplicará a las empresas que trabajan con entre 30 kV y 72,5 kV. En suma, se rebaja de 36kV a 30kV la tarifa que facilita acceder a una tarifa más barata.
Una tarifa menos
Según los cálculos de expertos y de fuentes de la CNMC, de la tarifa que desaparece (6.1b) a la recién aprobada (6.2) existe una diferencia en los peajes eléctricos de más de 80 millones, que podría llegar a más de 100 millones de ahorro a las empresas del país vasco si se suman las acogidas a otras tarifas menores.
Las modificaciones aprobadas en las tarifas de acceso son un nuevo motivo de polémica del Gobierno con la Comisión Europea y con la CNMC. Bruselas no ve con buenos ojos que el Gobierno meta la cuchara en el guiso de la factura eléctrica con fines electorales y/o políticos. En 2013, Bruselas abrió una investigación a España por los manejos del poder ejecutivo con el recibo de la luz; en 2016 inició un procedimiento de infracción y desde entonces, la tensión se ha acumulado y puede acabar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El nuevo Ministerio de Transición Ecológica encaró la etapa política tras el relevo del PP con voluntad de devolver las competencias en la fijación de los peajes a la CNMC para evitar la tarjeta roja de Bruselas. Pero el asunto sigue en el aire porque no es fácil renunciar a herramientas útiles en la negociación política, como las tarifas de acceso de las empresas.
Para la CNMC y para su presidente José María Marín Quemada, los manejos gubernamentales en el BOE son un sapo a tragar. La CNMC tiene presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de reordenación ministerial que el exministro Álvaro Nadal promulgó en octubre de 2017 para atribuirse las competencias para fijar las tarifas del peaje eléctrico.
Enredos injustificados
A Competencia, los cambios en las tarifas de acceso le suenan a enredos sin justificación. Así lo explicó en 2015 en el informe sobre la propuesta de peajes para el año siguiente. En lenguaje técnico, pero de forma clara, la CNMC reprochaba al Ministerio de Energía sus concesiones al PNV al crear la nueva tarifa 6.1b.
"Ni en la propuesta de Orden ni en la Memoria que le acompaña se justifica el criterio que ha conducido a mantener los peajes para todos los consumidores excepto para los acogidos al peaje 6.1B" recogía el informe. "Cabe cuestionar" añadía " si, además de su falta de justificación, la revisión a la baja de los cargos referidos anteriormente es conforme al artículo 19.5 de la Ley 24/2013, en tanto en cuanto impide la reducción de los peajes y cargos mientras existan deudas pendientes de ejercicios anteriores". Este último argumento de la CNMC ya no tiene sentido puesto que el sistema eléctrico registra superávit.
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