El Gobierno pide a Botín que no cobre a la CNMC por la 'cuenta maldita' del Popular

El Gobierno presiona a Banco Santander para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no tenga que pagar por la cuenta bancaria donde guarda los fondos procedentes del superávit del sistema eléctrico. Se trata de una depósito remunerado de 950 millones de euros heredado de Banco Popular por el que el grupo que preside Ana Botín ahora quiere cobrar cerca de 5 millones de euros anuales en concepto de intereses al organismo que todavía preside José María Marín Quemada.

En la actualidad esta cuenta está exenta de gastos y comisiones y dispone de una remuneración de Euríbor más 44 puntos básicos, aunque con una 'cláusula cero' que limita el cobro de intereses a la CNMC. Santander se niega a prorrogar el contrato bajo estas condiciones. Es más, ante el actual escenario de tipos de interés en negativo, reclama cobrar un recargo del 0,5% (mismo porcentaje que cobra el BCE al exceso de liquidez que 'aparcan' allí las entidades) por custodiar el dinero, lo que ha forzado a la CNMC a convocar un concurso público para encontrar un banco donde poder guardar los fondos.

El problema es que el organismo público exige que la cuenta bancaria no genere ningún tipo de coste. Por tanto, en un momento en el que la banca no está interesada en captar y remunerar el pasivo, es más que previsible que ningún banco presente una oferta y el concurso termine desierto, según reconocen en fuentes cercanas a la CNMC. Y es que esta situación ya se ha dado con las cuentas destinadas a la recaudación de tasas y al cobro de sanciones, lo que, de convertirse en habitual, podría obligar al organismo a modificar su normativa al respecto de la contratación de servicios bancarios.

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Sea como fuere, son las mismas fuentes las que informan de que, ante esta coyuntura, el actual Ejecutivo en funciones se ha puesto en contacto con Santander para renegociar el contrato e intentar prorrogarlo de un modo que no genere coste alguno a la CNMC. La entidad, por el momento, descarta sistemáticamente manejar totalmente 'gratis' tal cantidad de dinero, pues el actual escenario tipos de interés le impide sacarle partido. Según fuentes cercanas, podría exigir la contratación de productos que sí son rentables (léase seguros, planes de pensiones o tarjetas) para aceptar las condiciones propuestas.

Y es que el Banco Central Europeo (BCE) cobra desde hace años por el exceso de liquidez de la banca, lo que ha provocado que la práctica totalidad de las entidades haya empezado a cobrar por los depósitos a sus clientes institucionales y a las grandes empresas. El siguiente paso, como ya ha admitido Banco Sabadell en más de una ocasión, podrían ser los depósitos de clientes particulares de banca privada, algo que ya sucede en otros países como Suiza. Si el escenario de bajos tipos de interés persiste, no se descarta por completo cobrar al pequeño ahorrador por guardar su dinero en el banco.

Se da la circunstancia de que la cuenta del superávit eléctrico, cuyo saldo superó los 1.500 millones de euros antes de que se devolviesen los 600 millones del bono social y otras partidas, es la que dio la 'puntilla' al Banco Popular en los días previos a su resolución. Según cuentan en círculos próximos a la CNMC, desde el Ministerio de Economía se habría instado a sacar los fondos del superávit eléctrico depositados en Popular para ingresarlos temporalmente en otras cuentas que el regulador tenía contratadas con Bankia, lo que agravó la crisis de liquidez de la entonces sexta entidad financiera del país.

Banco Santander es la última entidad financiera que se ha hecho con licitaciones de la CNMC referidas a servicios bancarios. De hecho, la entidad cántabra es la única que concurrió a los concursos celebrados los pasados meses de abril y julio para la contratación de un total de 22 cuentas bancarias por las que el regulador no paga nada. A finales de 2017, el Banco Sabadell se quedó la gestión de siete cuentas corrientes tras un concurso en el que se impuso a BBVA y CaixaBank, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.