En 2015 Cristóbal Montoro cambió las reglas del juego para todo el sector público empresarial. Lo hizo a través de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en concreto de su Disposición Adicional Cuarta que dejó sentado un principio básico: el Gobierno no sostendría en el futuro ningún ente público empresarial que no fuera capaz de sostenerse por sí mismo, lo que se entendía como obtener más del 50% de su facturación total de su actividad de mercado. La norma ponía también una fecha límite para conseguir este objetivo: el 2 de octubre de 2019.
Ante la inminencia de la llegada de esa fecha, la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda incluyó una señal de alarma sobre el asunto en la auditoría de cuentas del ejercicio de 2018 de media docena de agencias públicas y entes públicos empresariales que no cumplían con ese requisito establecido en la ley, entre los que se contaban el Consorcio de Compensación de Seguros, el CDTI, la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF), el CSIC, la entidad Red.es o el Instituto Cervantes.
Un puñado de organismos con una naturaleza jurídica muy diferente -agencias estatales (en vías de desaparición), entidades públicas empresariales, entidades de derecho público- pero que en virtud de esa norma y dado que no cumplen la exigencia de financiarse mayoritariamente con sus servicios de mercado debían convertirse en organismos autónomos del Estado el pasado mes de octubre. La transformación no implicaría la desaparición de estas entidades, como se encargaba de advertir la Intervención del Estado, sino el cambio de su naturaleza jurídica, y acarrearía una importante trascendencia contable y presupuestaria, ya que sus resultados anuales, sus activos y también su pasivo pasaría a integrarse en el balance del Estado
A día de hoy, de esa media docena de organismos sólo el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, tiene ya la consideración de organismo autónomo a efectos contables y consolida ya en las cuentas del Estado. El retraso en aplicar la ley de Montoro a los cinco organismos restantes ha librado de momento a las arcas del Estado de sumar otros 850 millones de euros a la ya sobrecargada cuenta de la deuda pública española, si se atiende a los balances de las compañías correspondientes a 2018.
Una consecuencia del 'parón político'
Las fuentes del Gobierno consultadas sobre este asunto atribuyen el generalizado incumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público al parón político y a la dilatación por encima de lo normal del periodo 'en funciones' del Ejecutivo. Recuerdan, en este sentido, que la transformación de la naturaleza jurídica de las entidades afectadas requiere de la emisión de una norma, cuya aprobación resultaba controvertida en un periodo sin un Gobierno con plenos poderes.
La situación incluso obligó a la Abogacía del Estado a emitir una circular relativa a las consecuencias de esa falta de adaptación, según se desvela en las cuentas anuales del Instituto Cervantes publicadas esta misma semana, en la que se advertía de que "el vencimiento del plazo establecido al efecto, no exime a las entidades y organismos públicos de la obligación de adaptar su régimen jurídico al contenido del referido texto legal, sino que tal obligación subsiste más allá del 2 de octubre de 2019, debiendo llevarse a cabo a la mayor brevedad posible". Un criterio que augura que esa transformación no se dilatará mucho más y tendrá que llevarse a cabo en 2020, con lo que la red de empresas públicas del Estado perdería al CDTI y a Red.es, y desaparecerían otras dos de las agencias estatales activas después de que Cristóbal Montoro se cargara esta figura jurídica en la misma ley de 2015.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios