El Gobierno irá a los tribunales contra los fondos buitre que tienen VPO en Madrid

  • PSOE y Podemos negocian declarar “zonas del mercado tensionado” en las ciudades para controlar precios del alquiler.
Fotografía vivienda
Fotografía vivienda
EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que la Abogacía del Estado se va a personar como acusación particular en los procesos penales abiertos por la venta a los ‘fondos buitre’ de unas 5.000 viviendas de protección oficial en Madrid, “para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso asuman sus responsabilidades políticas y económicas”. Aprovechando una pregunta del líder de Podemos y aliado del Ejecutivo, Pablo Iglesias, sobre la burbuja de los precios del alquiler, Sánchez avanzó la creación de una nueva ley y de vivienda que responda a su función social y prohíba ese tipo de operaciones.

La Fiscalía ya se ha personado como denunciante en la causa por la venta de las viviendas de protección oficial a los denominados 'fondos buitre'. Ahora es la abogacía del Estado la que cree que aquella venta produjo un perjuicio patrimonial a la Administración General del Estado y, según ha anunciado el propio Pedro Sánchez, se personará como acusación particular. 

El Ayuntamiento de Madrid vendió en 2013, con Ana Botella como alcaldesa, un total de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a Blackstone. En ese momento, el fondo pagó cerca de 202 millones de euros por promociones de viviendas de protección oficial que a lo largo de estos años han aumentado su valor de manera exponencial.

La operación ya llegó a los tribunales y , tras ser provisionalmente sobreseída la causa, el Grupo Municipal Socialista en el Consistorio madrileño y la Asociación de Afectados recurrieron ese auto.  Un nuevo escrito del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid concluía que dicha venta se produjo "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado". La operación se realizó además "sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores".

La Abogacía del Estado puede personarse entonces como acusación particular debido a que las viviendas bajo protección pública se construyen por parte de las comunidades autónomas gracias a los regímenes de subvenciones y exenciones fiscales previstos en los diferentes planes estatales de vivienda. 

Dentro de la negociación que el Gobierno mantiene con Unidos Podemos para elaborar esa norma, el propio Iglesias explicó las tres áreas en las que se está negociando. En primer lugar, pretenden acabar con los privilegios fiscales de las socimis, como vehículos de inversión en el sector inmobiliario. Por otro lado, la idea es obligar a los grandes tenedores de viviendas (todos los que tengan más de diez) y a los fondos buitre, a ponerlas en el mercado para que se amplíe la oferta y se pueda reducir el precio de los alquileres.

Y como tercer medida que se negocia en estos momentos, Iglesias señaló la idea de dar competencias a todos los ayuntamientos del país para que puedan declarar “áreas urbanas de mercado tensionado” en las ciudades, de forma que en esos casos se pueda intervenir en el precio de los alquileres e incluso de la venta. Esa opción de intervenir en precios, defendida por Podemos, ha sido rechazada por el momento por el Ministerio de Fomento, dado que podría conllevar problemas jurídicos contra la libertad de empresa y de mercado, si bien no descartaron en ningún momento estudiarla.

Para controlar el precio de los alquileres, Fomento se decanta más por liberar suelo público en las grandes ciudades, para que se puedan edificar o rehabilitar zonas con vivienda en alquiler a bajo precio. Sería intervenir en el mercado de forma indirecta, mediante el aumento de la oferta, y sin tener que entrar a establecer precios mínimos o cualquier otro tipo de medida.

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