Gol empresarial en la UE: carbón, gas y nucleares tendrán etiqueta 'sostenible'

Está recién salido del horno, calentito y lleno de agujeros. Es el reglamento que debe guiar las inversiones sostenibles en la UE para cumplir con los compromisos medioambientales del Acuerdo de París y el llamado "paquete de invierno". La norma -Reglamento 2020/852 de la UE- entra en vigor este mes y supone una victoria para los grupos de presión de Bruselas vinculados a las grandes empresas energéticas. La ambigüedad del articulado abre el campo a las inversiones gasistas, petroleras, nucleares y de captura de carbono siempre que se puedan considerar "actividades facilitadoras" de la transición energética para otros sectores.

La norma no excluye ninguna tecnología. Asume el principio de "neutralidad tecnológica" en sustitución de la "neutralidad en carbono", más rigurosa. En suma, admite todas las actividades siempre que sean "coherentes con un plan para limitar el aumento de la temperatura" a 1,5 grados. Todas las tecnologías sirven para luchar contra el cambio climático y todas tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones en la regulación,sin criterios discriminatorios, incluso aunque emitan gases de efecto invernadero.

La ambigüedad calculada del reglamento es un triunfo para las empresas gasistas, eléctricas y del automóvil que han reclamado en todos los tonos y los foros posibles ese concepto de "neutralidad tecnológica" que puede ser la palanca para extender la vida de los negocios tradicionales. La posibilidad de que actividades como el gas, las nucleares o incluso el carbón acaben bajo el paraguas de la "sostenibilidad" tiene implicaciones. Si una actividad es sostenible, la etiqueta verde le da derecho a acceder a todos los fondos europeos, a los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a las ayudas e incentivos nacionales que se determinen.

Media docena de objetivos

El riesgo de extender la etiqueta de la sostenibilidad es que los recursos que lleguen a actividades como el gas, las nucleares, el autogas o la captura de Co2 detraigan inversiones en renovables, eficiencia energética, generación distribuida o gestión de la demanda. Lo permite la redacción un tanto confusa del reglamento. Un ejemplo: el artículo 9 considera seis objetivos medioambientales para tener cuenta en la financiación de proyectos; son mitigación, adaptación, recursos hídricos y marinos, economía circular, control de la contaminación y proyección y recuperación de la biodiversidad. Pero la calificación de una actividad como sostenible se obtendrá con sólo contribuir sustancialmente a uno de esos objetivos.

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La manga ancha puede extender la moda del "greenwashing", disfrazando de limpieza y acción por el medio ambiente negocios incompatibles con la lucha contra el cambio climático. Los grupos de presión en Bruselas han trabajado mucho y duro para convencer a la Unión Europea de que merece la pena mantener el uso de combustibles fósiles. Las empresas del sector gasista por ejemplo, apoyadas por las compañías que operan los tubos y las  regasificadoras han  presionado  a favor del biogás, un combustible que se origina a partir de desechos biológicos. .

Según la industria, el biogás puede complementar e incluso sustituir al gas natural, así como utilizar sus infraestructuras. Un recurso, sostienen, que es "inagotable, con emisión neutra de CO2, totalmente intercambiable por el gas natural, e inyectable a la infraestructura de distribución gasista". Pero la realidad es más compleja. Para organizaciones como el Observatorio Corporativo Europeo, el biogás sólo es un intento de la industria tradicional para confundir y "teñir de verde" al primo mayor, el gas natural, fósil y contaminante. Según sus previsiones, el biogás "nunca sustituirá el uso actual de gas fósil" y sólo satisfará el 7% de la demanda actual de gas para 2050.

Asociaciones y cabildeo

Entre las asociaciones más activas y pendientes del reglamento europeo figura el lobbi Gas por el Clima (G4C), que reúne a constructores y operadores de gasoductos -Enagás (España), Fluxys (Bélgica), Gasunie (Países Bajos), GRTgaz (Francia), Open Grid Europa (Alemania), Snam (Italia) y Teréga (Francia); y dos asociaciones de la industria del biogás, la Asociación de Biogás y Consorzio Italiano.

La transición hacia una economía con cero emisiones ha desatado una batalla empresarial sin precedentes para adaptar los negocios energéticos a la nueva realidad y, en la medida de lo posible, mantener las actividades que aseguran ingresos y beneficios. Por eso las empresas trabajan con denuedo para hacer llegar sus tesis a los legisladores. La Red Europea de Observatorios de Corporaciones -ENCO por sus siglas en inglés-ha destacado en sus informes la eficacia de la labor de cabildeo que realizan los gestores de la red de gas de España,Italia, Francia y Bélgica.

Según los datos de ENCO, las empresas de redes mantuvieron el pasado año casi medio centenar de reuniones en Bruselas para defender sus propuestas, con un coste aproximado de un millón de euros. Si se consideran las reuniones de los grupos empresariales de los que forman parte (Gas Infraestructure, Hidrogen Europe, ENTSO-G, Gas Naturally y NGVA), el coste del cabildeo se duplica.