El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.
Pese a ello, el Gobierno no da marcha atrás. El Ministerio de Energía aseguró en un comunicado hecho público tras conocerse la sentencia que el Constitucional "no declara la inconstitucionalidad total del texto del RD-ley 13/2014, sino que estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada por un motivo formal".
Más aún. La nota oficial asegura que la sentencia "no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento (ACS)". La postura del Ministerio choca con la lectura de la sentencia que han adelantado las instituciones y partidos que denunciaron la indemnización a ACS. Estos destacan que el TC deja claro que el decreto ley "transgrede los límites establecidos en la ley para habilitar ese tipo de créditos". Las discrepancias adelantan que habrá batalla legal en torno a la decisión del Constitucional.
En su sentencia, el Constitucional estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.
El TC considera que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista".
El almacén de gas 'Castor' se había quedado parado, sin actividad y varado en las aguas de Vinaroz (Castellón). El motivo habían sido los múltiples informes realizados que decían que las inyecciones de gas fueron las causantes de terremotos y que la plataforma no podía volver a funcionar y ni siquiera desmantelarse, opción esta última para la que el Ministerio de Energía había pedido más informes.
La debacle de 'Castor' comenzó en septiembre de 2013. En junio se había empezado a inyectar el gas y el 24 de septiembre se iniciaron los terremotos. Dos días después el Gobierno ordenaba el cese de las actividades de la plataforma y se inició una batalla jurídica.
Crónica de un fiasco
Aun así, hay que remontarse a mucho antes para buscar el origen de este fiasco. En concreto, a 2008 cuando el Gobierno otorga la concesión a la empresa Escal UGS para la "explotación de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos denominado Castor para el almacenamiento de gas natural, situada en el subsuelo del mar, a 21 kilómetros aproximadamente de la costa".
Un proyecto que el propio Instituto Geológico y Minero de España validó en 2007 en los estudios técnicos. Escal UGS está controlada en 66,7% por ACS, mientras que el otro 33,3% pertenece a Castor Limited Partnership, y financió el proyecto gracias a una figura por entonces novedosa y desconocida que eran los Bonos de Proyectos (Project Bond Initiative), una iniciativa desarrollada por la Comisión Europea para afrontar los obstáculos de financiación, para lo que creó esos bonos en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones.
Las cifras del proyecto se triplicaron y finalmente según desveló el por entonces ministro José Manuel Soria, Escal UGS gastó 1.702 millones. De ellos, 1.273 millones eran de la infraestructura y se financiaron con los bonos europeos, 186 millones eran para la inyección del gas colchón y 243 millones corresponden a costes financieros. El coste inicial iba a ser de 500 millones.
Esa cantidad (1.700 millones) fue la que recibió la compañía como indemnización del Gobierno después de que la tierra se pusiese a temblar en la provincia de Castellón (más de 500 seismos).
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