Golpe a los inversores de Popular: La AN no pedirá más información a JP Morgan

  • La Sala rechaza los recursos presentados por OCU y los grandes bonistas y recuerda que no se investiga la venta del banco a Santander.
JP Morgan
JP Morgan

La Audiencia Nacional no requerirá a JP Morgan más información sobre Banco Popular. Así lo ha estipulado la Sala de lo Penal, que ha rechazado los recursos de apelación presentados por Pimco, Anchorage y otros fondos, así como por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), para que el juez pida a la filial en Londres del banco de inversión todos los documentos relacionados con el proceso de venta de la entidad.

Popular acabó en manos de Santander una vez que las autoridades comunitarias decidieron intervenir el banco en la noche del 6 al 7 de junio de 2017, pero antes Emilio Saracho, entonces presidente del banco, encomendó a JP Morgan encontrar un comprador para la entidad, por lo que el juez requirió a la firma a principios de 2018 la documentación relacionada con este proceso.

A través de su filial en España, JP Morgan ya ha remitido algunos documentos, pero los inversores sospechan que la oficina en Londres del banco de inversión, la que pilotó el proceso, tiene más información de la que se ha facilitado hasta ahora. Así, en su afán por recopilar todos los datos sobre los últimos días de vida de Popular, tanto los fondos como la OCU instaron al juzgado a requerir a la filial en Reino Unido de la firma toda la documentación que tuviera.

No obstante, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha sido muy tajante al recordar a los inversores que la documentación que han solicitado para la causa “no es necesaria” para el curso de la investigación. “En la presente causa no se investiga la venta del Banco Popular, siendo así que los documentos interesados vienen referidos exclusivamente a aquel proceso, por lo que su presencia en la causa sería redundante e innecesaria”, apuntan los magistrados.

La Audiencia no quiere eternizar la causa

El procedimiento vigente en la Audiencia Nacional consta de dos piezas, una que gira en torno a la ampliación de capital del ejercicio 2016 y a la posible falsedad de las cuentas y otra que pone el foco sobre Saracho por un presunto delito de administración desleal. Por ello, la Audiencia considera que incorporar a la causa más información relacionada con el proceso de venta retrasaría “indebidamente” la investigación.

La Sala, además, afea a los inversores que hayan pedido esta documentación sin estar seguros de existan. “Basta con una lectura del escrito formulando recurso de apelación para observar que la parte está interesando una documentación de cuya existencia no tiene la más mínima certeza, excediendo con mucho de la labor de un instructor la acreditación de su existencia, maxime cuando aquella de existir, carecería de relevancia para el objeto de la instrucción”, afirma.

Y es que los propios fondos, que perdieron cientos de millones de euros con la resolución, reconocían en su escrito de recurso desconocer los documentos que la filial en Londres de JP Morgan podría tener en su poder. Aun así, creían "meridianamente claro" que el banco de inversión intervino en un proceso de valoración de negocio de Popular y en los procesos de identificación, selección y negociación de los posibles compradores, pues era el asesor financiero del proceso de venta.

Mostrar comentarios