Muchos ojos de las grandes operadoras de telecomunicaciones en España estaban puestos en la sede de Luxemburgo del Tribunal de Justicia de la UE. Debía decidir qué hacer con las tasas del 1,5% sobre los ingresos brutos que cobran cientos de ayuntamientos de todo el país a estas compañías por el uso del dominio público local y que suponen cientos de millones de euros de desembolsos acumulados y judicializados. Y el organismo, después de que el Tribunal Supremo español le reclamara su opinión, ha asestado un golpe a las aspiraciones de las grandes operadoras como Orange, al avalar este controvertido tributo, pues entiende que no contraviene la directiva europea. El origen del caso es una demanda de Orange contra la ordenanza que regula esta figura en Pamplona (Navarra). La operadora francesa anuncia que apelará.
Los jueces de la Sala de lo Contencioso del Supremo le habían consultado a sus colegas de Luxemburgo sobre dos cuestiones muy concretas. Y las dos han sido contestadas en una sentencia, consultada por La Información, avalando el estado actual de las cosas con esta tasa. Por un lado, le pedía que se pronunciara sobre si la directiva europea relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas -y la posterior interpretación que hizo el mismo tribunal europeo excluyendo a los que no son dueños directos de las infraestructuras- afectaba también a los operadores de telefonía fija e internet. Y así lo confirma. Pero la parte más delicada era la cuantificación de esa tasa en base a los ingresos brutos obtenidos en ese territorio.
Para Orange y para otros grandes operadores, es contrario a los principios recogidos en esa directiva imponer el gravamen cuantificado sólo en base al volumen de negocio. Sin embargo, el TJUE asegura en la contestación que acaba de comunicar, consultada por La Información, que esa regulación comunitaria “no se opone a una normativa nacional” que imponga a las empresas propietarias de infraestructuras y redes que utilicen éstas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a internet una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función del volumen de negocio bruto obtenido anualmente por esas empresas. Por tanto, respalda claramente ese cobro del 1,5%.
Esta es la contestación clave en el proceso. Y lo es porque aclara desde Europa algo que, hasta ahora, ha sido más subjetivo y, por tanto, ha dado lugar a decisiones diferentes por tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas. Es lo que sucede, precisamente, en el TSJ de Navarra sobre el caso que origina la pregunta a Europa. El tribunal entendía que esa fijación del 1,5% contravenía las exigencias de transparencia, objetividad y proporcionalidad de la directiva. Con este pronunciamiento, ahora es el turno del Tribunal Supremo que tendrá que dilucidar sobre estas tasas municipales y sentar jurisprudencia después de años de idas y vueltas. La realidad es que esta posición de Europa invita a pensar que la Sala de lo Contencioso tiene poco margen. Orange, por lo pronto, se limita a asegurar en el documento anual presentado ante el regulador francés que su posición es “sólida” y que la decisión del TJUE “no conlleva una modificación de su posición contable”. Además, asegura que busca apelar esta decisión.
En el proceso en Luxemburgo, que se ha alargado durante más de dos años tras el primer auto del Supremo a mediados del año 2018, no sólo han estado presentes el propio Ayuntamiento de Pamplona y Orange como partes implicadas en el procedimiento judicial en el TS. También ha estado el Gobierno español, a través de dos abogados del Estado, y la Comisión Europea. Esto refleja la importancia de esta decisión que, evidentemente, afecta a las telecos españolas de manera directa pero también a las de otros países de la UE.
¿Y el resto de compañías? Sus rivales tienen varios litigios en marcha y a la espera, en parte, de esta sentencia europea. Tanto Telefónica como Vodafone habían judicializado numerosas ordenanzas, no sólo de municipios grandes, sino también pequeños. Orange, por su lado, explica en el informe de resultados que a mediados del pasado año recibió una decisión favorable del Ayuntamiento de Madrid, pero sin precisar a qué se refería.
Quejas por el aluvión
La aprobación de la nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales a principio de la década de 2000 abrió la puerta a que un buen número de ayuntamientos en España aprobara diferentes tasas municipales para gravar la actividad de grandes compañías suministradoras de servicios como el de las telecos. Una de las que se puso sobre la mesa es la llamada tasa por aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local, sobre la que ahora se decide. Esto llevó a disputas con las compañías y a un buen puñado de casos judiciales.
Esta no es la única pelea que hay aún en liza en el sector de las telecomunicaciones en materia fiscal. Hay una que también está a la espera de que el Tribunal Supremo ponga orden. Vodafone interpuso recurso a mediados del año pasado contra una liquidación ejecutada por la Agencia Tributaria hace años de 30 millones de euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), cobrado por la explotación de las miles de torres de antenas de telefonía móvil que tienen repartidas por toda España. Por su parte, Orange también acudió a los tribunales para evitar el pago de otros 55 millones de euros, al no estar de acuerdo con la catalogación que hace la AEAT de los emplazamientos para el IAE. Está a la espera del Supremo.
Todos en conjunto también han unido fuerzas para tratar de tumbar la llamada 'tasa RTVE', con la que las operadoras financian buena parte de las operaciones de la radiotelevisión pública. En los últimos años, los principales ejecutivos de estas comparáis en España han alzado la voz para criticar la presión fiscal que, según ellas, sufren en España. Defienden que se trata de un mercado con fuertes inversiones en redes y lamentan la "inseguridad jurídica", especialmente, de las tasas municipales en el país.
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