Cuenta atrás para los comicios

El Govern recurre a Indra 'in extremis' para el 14-F al admitir una emergencia

Vuelve a esgrimir una modalidad reservada para “catástrofes o situaciones que supongan grave peligro”. Deja fuera a la catalana Scytl, tras dar por perdidas ayudas millonarias en su concurso.

El Presidente en funciones de la Generalitat, Pera Aragonés
El Presidente en funciones de la Generalitat, Pera Aragonés
EFE

Se repite la historia con el controvertido contrato de la recogida y difusión de los datos del escrutinio de las elecciones. Primero fue el Gobierno de España. Y ahora es la Generalitat de Cataluña. El Govern ha desempolvado de nuevo el procedimiento de emergencia, contemplado en la ley de contratos para “acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”, con el fin último de llevar a cabo la adjudicación directa a Indra de estos trabajos por 1,5 millones de euros. El decreto de convocatoria de los comicios del próximo 14 de febrero permite este tipo de procedimientos negociados y sin publicidad. Scytl se queda fuera después de que su concurso y la venta posterior a un grupo irlandés implicara la quita total de la millonaria deuda con la propia Generalitat y la banca.

El pasado 21 de octubre el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, activó el reloj de las los comicios, justo un mes después de que el Tribunal Supremo confirmara por unanimidad la condena al expresidente, Quim Torra, y la inhabilitación durante un año y medio. Dos meses después, a las puertas de la Navidad y ante la ausencia de un candidato para la investidura, se fijaban formalmente los comicios para el 14 de febrero. Después llegaron las dudas y la batalla política para tratar de retrasarlos por los efectos del coronavirus tras la campaña navideña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbó esa pretensión y confirmó esa fecha. Desde diciembre había casi dos meses por delante para hacer todos los preparativos. Pero ya en el decreto de convocatoria elaborado por el Ejecutivo en funciones se cubrían legalmente: “la no tramitación de los procedimientos de licitación dentro del plazo para poder celebrar las elecciones puede poner en riesgo el normal desarrollo del proceso democrático”.

De esta forma, el Govern consideraba que concurría la causa de peligro grave, según ellos, prevista en la ley de contratación pública y, por tanto, se podía evitar el concurso público con publicidad y concurrencia de varias compañías. Es lo que ha sucedido en uno de los contratos más emblemáticos de este tipo de citas electorales: el de la recogida, procesamiento y difusión del escrutinio de las papeletas. Para esta tarea, durante el último lustro, la empresa semipública Indra ha rivalizado con la empresa catalana Scytl y otras compañías regionales como Ibermática para aspirar a la adjudicación. En esta ocasión no ha habido pelea. Tal y como se ha publicado en la página del perfil del contratante de la Generalitat, Indra es la adjudicataria por una cantidad de 1,2 millones sin IVA.

¿Cómo justificarlo formalmente? En el documento de formalización, consultado por La Información, el Govern insiste en que las elecciones en plena pandemia del coronavirus conllevan “el despliegue de un complejo dispositivo logístico, el desarrollo de programas informáticos, la realización de pruebas y ello correspondiente soporte tecnológico a las juntas electorales”. Defiende, por tanto, que desde aquel 22 de diciembre no ha habido tiempo de llevar a cabo un procedimiento de contratación al uso. Realmente, el artículo 120 de la ley de contratos públicos precisa que esta modalidad, que permite adjudicar de manera directa, sólo se puede activar cuando la administración “tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”.

En cambio, en el País Vasco no se procedió con esta modalidad hace ahora dos años. Era evidente que, por plazos, el año 2020 era electoral para Euskadi. El Gobierno hizo los deberes mucho antes e inició en febrero de 2019 todo el proceso para elegir al proveedor de este mismo servicio de recogida de toda la información de las mesas electorales y publicación en las diferentes webs oficiales. Recibió una sola oferta -la empresa vasca Ibermática- y lo adjudicó en noviembre de ese mismo año, unos meses antes de la votación. Y se curó en salud, colocando un plazo amplio de doce meses para cubrirse ante retrasos -algo que sucedió, precisamente, por el coronavirus-. Por tanto, no echó mano del procedimiento de emergencia.

Bien es cierto que el caso catalán ha estado rodeado de circunstancias más especiales, tanto en el terreno político como también por el impacto del coronavirus. Quim Torra ya anunció formalmente un adelanto electoral a finales de enero de 2020 (por plazos, la votación debía celebrarse en 2021), en plena ruptura con ERC y acorralado por la alargada sombra de la inhabilitación. No dio fecha y la vinculó a que se aprobara en el Parlament los presupuestos. Y estalló la pandemia. Las cuentas salieron adelante en abril, pero todo se frenó por el avance del virus. Después, todas las miradas estaban en el Tribunal Supremo, que acabó apartando formalmente a Torra en septiembre, lo que acabó desencadenando la convocatoria.

El procedimiento de emergencia esgrimido por el Govern no es nuevo para ellos, ni tampoco para el Ejecutivo central. En 2017, en plena ejecución del artículo 155 de la Constitución, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destituyó a Carles Puigdemont de la presidencia y convocó comicios. Para este contrato se utilizó esa fórmula y, como ahora, acabó saliendo adjudicatario Indra por 1,4 millones de euros con impuestos incluidos. Y ya en el plano nacional, Pedro Sánchez hizo lo mismo para el recuento de las elecciones del 10 de noviembre de 2019. En este último caso llamó más la atención porque el Ministerio del Interior organizó un año antes un acuerdo marco al que acudieron tanto Indra como Scytl. Era una herramienta para agilizar la tramitación de los contratos -salvando el examen de su solvencia técnica sólo una vez- durante un plazo de cuatro años.

Sea como sea, este procedimiento ha dejado fuera a la catalana Scytl, que ha sido adjudicataria en el pasado de alguno de estos contratos y que ha recibido importantes ayudas públicas del Govern. La compañía tecnológica se había declarado en concurso en mayo de 2020. En octubre, la unidad de tecnología electoral fue adquirida por la cotizada Service Point por algo menos de 5 millones de euros. Eso sí, esta compra implicaba una quita total de la deuda, que mantenía tanto con bancos como con las administraciones públicas. La Generalitat de Cataluña era, precisamente, una de las que más pasivo acumulaba, con casi 10 millones de euros entre préstamos y diferentes ayudas sin devolver.

Ahora Indra se encargará de nuevo de todo el trabajo de recopilación y difusión de todos los datos del escrutinio. Es un contrato controvertido que, en los últimos años, ha estado rodeado de cierta polémica por las acusaciones del independentismo y de otros sectores de manipulación del recuento. Hay que recordar que estas empresas contratadas por los gobiernos no son los encargados de contar los votos -esto se produce en cada una de las mesas-, sino que su labor es la de recibir los resultados provisionales enviados por representantes de la administración desde cada una de las mesas de manera telemática al centro de datos para, desde ahí, hacerlos públicos.

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