Primer día de operaciones de Cabify con su 'truco' legal para esquivar la precontratación de 15 minutos. Y ningún rastro de beligerancia desde la Generalitat de Cataluña contra la plataforma. "La jornada ha transcurrido con total normalidad", admiten fuentes oficiales de la administración. Lo aseguran después de no mover ficha en público y descartar posicionarse frente a la compañía española, pese a la presión. "Seguimos atentos a que se cumpla la normativa; nos tenemos que basar en hechos y en pruebas", admiten. ¿Y el taxi? "Vamos a darles unos días", defienden desde Élite Taxi.
Desde primera hora del jueves decenas de coches reiniciaron la marcha. Fuentes del sector confirman que eran menos de cien, pues el objetivo de la empresa es ir incrementando la flota hasta poner en servicio las casi 300 autorizaciones que tiene la empresa. ¿Consecuencia? La demanda era muy alta -según Cabify, 50.000 usuarios se descargaron su aplicación durante la jornada- y, por tanto, los tiempos de espera eran largos. Éstos se situaban, en la inmensa mayoría de los casos, por encima de los 15 minutos exigidos por el decreto ley.
En este contexto, no se han impuesto sanciones. "No hemos dado ninguna orden expresa a la Guardia Urbana ni a los Mossos para que hagan nada", explican fuentes oficiales de la Generalitat. Insisten en que se celebraron reuniones previas a la aprobación definitiva del decreto ley en las que se acordó la forma de proceder en estos casos. "Hemos estado atentos, con inspecciones rutinarias, para velar por el cumplimiento de la ley", explican.
Con los mimbres actuales, ¿cabe la posibilidad de sanción? Desde la Generalitat entienden que sí: el registro público de servicios de la VTC está activo para dejar constancia del cumplimiento del periodo de 15 minutos de precontratación y el régimen sancionador queda reflejado en el decreto y, por tanto, no es necesario un reglamento aparte. Desde el sector de la VTC no lo tienen tan claro.
Sin posición pública de la Generalitat
Al margen de las sanciones, el sector del taxi ha presionado durante toda la jornada para que el Govern se posicionara en contra del 'truco' legal de Cabify para volver a operar. Sin embargo, esto no se ha producido. "No tenemos nada nuevo que decir", explicaba la tarde del jueves a La Información una portavoz del Ejecutivo autonómico. Ni comunicado, ni comparecencia pública del conseller de Territorio y Transportes, Damiá Calvet.
Los servicios jurídicos de la Generalitat siguen trabajando para analizar la respuesta ante el claro desafío de Cabify (contrato anual y cumplimiento de la precontratación sólo en el primer servicio). Incluso vigilan si el movimiento necesitará algún tipo de retoque de la ley. Desde Territorio y Transportes insisten en que la intención con la nueva normativa para restringir a las VTC era introducir ese periodo de espera en cada uno de los servicios ofrecidos. Hoy la redacción del texto es un tanto laxa. Dice que ha de transcurrir un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos "entre la contratación y la prestación efectiva del servicio". Habla de servicio y no de viaje. Por tanto, ¿qué ha hecho Cabify? Entender que el servicio tiene un carácter anual -por su nuevo contrato- y que sólo debe cumplir la primera vez.
La empresa española no ha querido posicionarse de manera oficial durante toda la jornada. Quien sí lo ha hecho ha sido la patronal de la VTC, Unauto, que se ha desmarcado de la decisión. De hecho, ha reclamado los informes jurídicos en los que se ha basado para dar el paso. "Queremos entenderlo bien", avisan. Ya el miércoles por la tarde mantuvieron un encuentro los principales miembros de la organización, ante la sorpresa generada el anuncio unilateral de la tecnológica de ese mismo día.
'Tito' Álvarez: "Vamos a darles unos días"
El taxi ha presionado en las últimas horas. Pero el portavoz de su asociación mayoritaria, Élite Taxi, llama al sector a dar un voto de confianza a la Generalitat y trata de aflojar la presión. "Vamos a confiar unos días; la semana que viene van a pasar cosas importantes", advierte 'Tito' Álvarez, quien descarta que haya sobre la mesa posibles movilizaciones.
Álvarez sí que ha atacado con dureza a Cabify, por su actitud en este nuevo frente abierto en la llamada 'guerra' del taxi. "Que una empresa con tanto dinero decida acudir con 300 coches a incumplir la ley demuestran que están a la desesperada; me dan pena", defiende.
División política como telón de fondo
A todo esto se suma un telón de fondo: las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo mes de mayo. La aprobación del decreto ley contra las VTC generó ciertas grietas dentro del Govern de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que controla la Autoridad Catalana de la Competencia, mostró muchas dudas internamente ante la posibilidad de dar luz verde a una regulación que podría acarrear millonarias indemnizaciones y expulsar a las plataformas de Barcelona. Prueba de este descontento hay que encontrarlo en las declaraciones de Ernest Maragall en una cena con un ‘think tank’ empresarial el pasado martes. Se mostró contrario a este texto.
Las dudas no sólo han sido expresadas por cabezas visibles de ERC. El president, Quim Torra, admitió durante un debate parlamentario el pasado 27 de febrero que la regulación que se puso en marcha tenía un objetivo: evitar el colapso del Mobile World Congress (MWC). "No podíamos poner en riesgo el éxito del Mobile", apuntó durante un encontronazo con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. "Regulemos bien y encontremos entre todos una solución global al problema de la movilidad", zanjó.
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