La gran industria mantiene la presión por el precio de la luz pese al plan de Maroto

  • Las empresas reclaman más ayudas para abaratar el precio de la energía y evitar despidos en empresas como Alcoa, Ferroatlántica o Tubos Reunidos
Las empresas reclaman más apoyo a la ministra Reyes Maroto.
Las empresas reclaman más apoyo a la ministra Reyes Maroto.
EP

Las grandes empresas, agrupadas en asociaciones como AEGE -grandes consumidores de energía- y Unesid, la asociación de las industria siderúrgicas no se fían ni de los planes de la ministra de Industria, Reyes Maroto para abaratar su factura de la luz, ni de los planes de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para descarbonizar la economía cerrando centrales de carbón y nucleares. El presidente de Acerinox, Rafael Miranda -que fue 12 años consejero delegado de la eléctrica Endesa- ha puesto letra a la música de los recelos al pedir que "no se cierren cosas que abaratan la factura, hasta que no penalicen", en referencia al apagón nuclear anunciado y pactado por las eléctricas, entre 2027 y 2035.

Las empresas mantienen la presión a pesar de que el Ministerio de Industria ha anunciado que mantiene la intención de aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo en las próximas semanas , en todo caso, antes de las elecciones. El estatuto, al estilo de las medidas que se aplican en Francia y Alemania, contempla compensaciones por CO2 y otras medidas como la exención en el pago de los sistemas de capacidad que cobran las eléctricas por tener potencia sobrante que evite apagones. También regula los contratos bilaterales de suministro con productores de energía para que puedan buscar mejores ofertas.

Para la gran industria no es suficiente. El secretario general de Unesid, Andrés Barceló, el plan armado por el secretario general de Industria, Raúl Blanco, es como "aplicar tiritas para frenar una hemorragia", un alivio, sostiene que en el mejor de los casos rondará los 4€MWh (el MWh supera los 54€). "El Ministerio de Industria -asegura Barceló- lo ha intentado, pero no lo ha logrado. Los esfuerzos no se han traducido en nada".

Un avance, pero insuficiente

Por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), su director general Fernando Soto considera que el plan de Maroto para reconocer la figura del consumidor electrointensivo "es un avance, pero a todas luces insuficiente". Sumando todas las ayudas que plantea Maroto, a la asociación no le salen las cuentas. AEGE critica que la compensación por el CO2 se deja condicionada a los presupuestos anuales y no se crea un mecanismo de asignación de los recursos procedentes de las subastas de CO2 (aproximadamente 1.600 millones de euros en los dos últimos años) tal como permite la normativa europea.

El problema, como casi siempre, es de dinero. Hasta después de las elecciones del 28 de abril no habrá nuevo Gobierno. Tampoco nuevos presupuestos, por lo que el Estatuto que reclaman las empresas no calma los recelos. Aunque las empresas también reciben apoyo por la vía de la interrumpibilidad -cobran por desconectarse de la red eléctrica cuando es necesario- saben que es un sistema destinado a desparecer por la presión de Bruselas y que está dejando de manar: la última subasta celebrada en diciembre de 2018 repartió apenas 186 millones, tras años en los que la media superaba los 500 millones.

Cierre de factorías

La presión de las empresas es evidente en el caso de la multinacional Alcoa. El Ejecutivo ha intentado amortiguar los anuncios de cierre de las factorías de la multinacional en Asturias y en Galicia tanto con la aprobación del estatuto de gran consumidor como con promesas de compensaciones. Pero sin dinero sobre la mesa, las espadas siguen en todo lo alto. Industria mantiene reuniones con los sindicatos y con representantes de los Gobiernos de Asturias y de Galicia para analizar la situación. Fuentes de la Administración asturiana aseguran desconocer la existencia de ofertas en firme. Califican de simples especulaciones las noticias sobre el interés inversor de grupos como Cunext, Liberty House,  BCT Metals, Sherpa y Atlas Holding.

En teoría, todos los interesados, si los hubiera, deberían presentar ofertas no vinculantes cuando Industria abra el proceso. Luego vendría el periodo análisis de las propuestas (due diligence) y la formalización de las ofertas. El tiempo vuela. El acuerdo de Alcoa con los sindicatos alcanza sólo hasta el 30 de junio. Hasta ese día  Alcoa garantiza el empleo de los 623 empleados indefinidos y mantiene sus actividades de fundición en las plantas de Avilés (Asturias) y San Ciprián (Lugo). Después de esa fecha. Todo está en el aire.

No se trata sólo de Alcoa. Hay otras empresas apuradas, como Ferroatlántica del grupo Villar Mir o Tubos Reunidos que vinculan su situación al precio de la energía. Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERE) de dos años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores. Tubos Reunidos atraviesa también por una situación delicada.

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