La decisión de Naturgy de rescindir los contratos de gas de grandes clientes industriales a los precios pactados amenaza con desencadenar un frente judicial después de Año Nuevo. El grupo que preside Francisco Reynés empezó a notificar por carta su determinación de revisar al alza los contratos el pasado octubre, como adelantó La Información. Fue entonces cuando arrancaron las negociaciones entre la primera gasista española y algunos de los mayores grupos industriales del país. A día de hoy, las dos partes mantienen posturas irreconciliables hasta tal punto que ambos frentes han activado su maquinaria jurídica para prepararse ante una posible batalla en los tribunales.
La compañía catalana es el principal proveedor de la demanda industrial de gas, que supone alrededor del 60% del consumo nacional de esta fuente de energía. Se trata de un mercado altamente concentrado. Naturgy acapara el 50,71% del total de clientes de gas y, junto con Endesa, segundo mayor proveedor, cubre alrededor del 57% del volumen de ventas en el segmento industrial. Es por ello que el paso al frente de Naturgy deja a la mayoría de la gran industria en la tesitura de tener que buscar otra comercializadora que pueda igualar sus contratos a plazo en los términos actuales, una misión imposible en el actual escenario de precios desbocados.
La opción que Naturgy ha puesto sobre la mesa de sus grandes clientes es la de elevar los contratos de tarifa fija a los niveles que marca el TTF holandés, el índice de referencia para Europa. Este cerró el miércoles en 165,5 euros por megavatio hora (MWh), el segundo precio más alto desde que se tienen registros. Antes de verano, cuando se pactaron algunos de los contratos a plazo que ahora se encuentran en plena revisión, el precio del gas en el mercado holandés oscilaba en el entorno de los 30 euros.
La revisión de contratos ya ha marcado a los grandes grupos industriales a nivel empresarial, pues estos se han visto obligados a dejar al ralentí sus planes de inversión para el próximo ejercicio hasta conocer el desenlace de la pugna por los contratos de gas. Esta circunstancia ha puesto en un brete a los equipos directivos de dichas compañías que deben dar la cara ante sus accionistas que, en muchos casos, tienen detrás a gestoras de fondos cuyo apetito podría verse desincentivado en el actual escenario de incertidumbre. Entre los grupos más afectados por la decisión de Naturgy destacan líderes del negocio azulejero y de la industria papelera.
Ambos frentes retomarán su pulso en enero, tras el parón navideño. La gran industria es consciente de que el eventual traslado de la subida del gas a sus contratos mermaría su competitividad y abriría un roto en sus cuentas de tales dimensiones que la opción de llevar a Naturgy a los tribunales cobra cada vez más fuerza, según fuentes empresariales consultadas por La Información. Por su parte, la gasista confía en que la negociación dé sus frutos y logre evitar un frente judicial, tal y como han trasladado desde la energética a este diario.
La dificultad de llegar a un punto de encuentro convierte a la vía judicial en la salida más clara al conflicto, según varias fuentes jurídicas consultadas por La Información. Existen dos escenarios posibles, a saber, la revisión de acuerdos ya en curso y la negociación de los contratos que debían arrancar el próximo ejercicio. La baza de Naturgy es la cláusula rebus sic stantibus que cobra sentido por el giro del mercado del gas y que, generalmente, permite la rescisión del contrato tras el pago de una indemnización.
Los clientes de Naturgy que se vean obligados a buscar otra comercializadora podrían reclamar a la gasista una compensación adicional por los daños y perjuicios causados
En cualquier caso, de producirse la revisión al alza, los clientes afectados verían dispararse sus costes de producción, lo que les causaría un golpe directo. Además, estas compañías tendrían que embarcarse en la búsqueda de urgencia de una nueva comercializadora que sustituya a Naturgy, lo que podría llevar a estas empresas a reclamar a la gasista una compensación adicional por los daños y perjuicios causados. Los equipos jurídicos del grupo que dirige Reynés ya han valorado este riesgo.
Entre los clientes que han recibido la carta de la discordia se encuentra Enagás. Se da la circunstancia de que la compañía que preside Antonio Llardén es el gestor técnico del sistema gasista español y un aliado estratégico para Naturgy. De hecho, semanas antes de la llegada de la misiva, Enagás, a través de su filial Scale Gas, firmó un acuerdo con Naturgy y Exolum para colaborar en el impulso del hidrógeno renovable, la nueva fuente de energía que se ha convertido en 'el Dorado' del sector y en un foco clave del programa de fondos Next Generation.
El gas reclama más ayuda al Gobierno
Entre los temores de la gran industria se cuenta el convertirse en una víctima colateral de las negociaciones del sector energético con el Gobierno. Los grandes operadores de gas llevan tiempo reclamando la aprobación de medidas que ayuden a aplacar el alza de precios. Entre ellas, rebajas fiscales como las que han beneficiado a las grandes eléctricas, un paso que el Ejecutivo se resiste a dar pese a las persistentes demandas del sector. Por contra, el Gobierno se ha limitado a flexibilizar las condiciones contractuales del suministro, tal y como aprobó este martes el Consejo de Ministros.
La medida excepcional incluye que, hasta el próximo 31 de marzo, aquellas empresas que se vean forzadas a reducir su producción por el incremento de precios del mercado gasista "podrán modificar o suspender el caudal contratado para abastecerse de gas natural, evitando así que soporten costes adicionales derivados de las limitaciones vigentes para modificar este tipo de contratos". La gran industria intensiva en gas ha recibido la medida como un movimiento insuficiente que está lejos de igualar a los consumidores de gas con los clientes eléctricos.
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