Las grandes empresas consumidoras de electricidad reclaman al Ministerio de Transición Ecológica que convoque una nueva subasta de interrumpibilidad en la segunda mitad del año para abaratar su factura eléctrica como Francia, Italia y Alemania. Lo hacen en pleno desplome de la demanda eléctrica que, en el sector del automóvil, llegó al 76% en abril, según Red Eléctrica de España (REE). La crisis desatada por la Covid-19 ha retrasado la puesta en marcha de las nuevas medidas de subvención a las compañías que más electricidad consumen -el Estatuto del Consumidor Electrointensivo- y las asociaciones empresariales e industriales exigen soluciones inmediatas para retomar la actividad.
La presión de las empresas sobre el ministerio que dirige Teresa Ribera tiene lugar en un panorama inédito. El índice que elabora Red Eléctrica cada mes para medir el comportamiento de los grandes consumidores de electricidad es desolador. "Los registros de consumo del mes de abril presentan un histórico retroceso de casi 23 puntos con respecto al mismo mes del año anterior" explica el informe. En cabeza del desplome, con un 76% de caída, está el sector del automóvil, que ya arrastraba los pies desde el pasado año.
Las grandes empresas quieren retomar la actividad, pero con garantías de que no van a perder las vitaminas -subvenciones- que han venido recibiendo año atras año, aunque con ritmo decreciente. El Gobierno deshinchó en diciembre las subvenciones por interrumpibilidad - ayudas por acceder a desconectarse de la red por razones de suministro o de precio-. Empresas e industrias se encontraron con que tenían que repartirse 4,8 millones de euros entre enero y junio donde otros años se habían repartido cientos. En teoría, las subastas iban a ser reemplazadas por ayudas contempladas en un nuevo mecanismo, el Estatuto Electrointensivo. Pero la pandemia y el estado de alarma han cambiado el paso.
En la recta final
Con el mes de mayo en la recta final, las empresas se asoman al vacío. No hay noticias sobre una nueva subasta de interrumpibilidad y tampoco sobre los nuevos mecanismos de ayuda. El director general de la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, sostiene que necesitan "esta herramienta (de la interrumpibilidad) u otra con los cambios normativos que sean precisos para asegurar la flexibilidad en el sistema". El gran argumento es que la incorporación masiva de generación renovable -hubo días de abril con un 70% de producción- necesita de mecanismos como la interrumpibilidad, con desconexiones y consumo en horas valle para aprovechar al máximo la energía.
Las empresas no las tienen todas consigo. Por esa razón, respaldan sus reclamaciones al Gobierno con la fotografía de lo que está sucediendo con las ayudas y con la interrumpibilidad en países como Francia, Alemania o Italia. Ellos también sufren los efectos económicos de la pandemia, pero han tirado por la calle de enmedio. Han prorrogado los sistemas de subvención al consumo energético de sus industrias antes de aplicar los cambios que reclama Bruselas en el entramado de subvenciones.
Los informes de AEGE sostienen que las consecuencias de la Covid-19 han hecho que Alemania, Francia, Italia, entre otros países, hayan pospuesto la evolución hacia un nuevo esquema como pretende Bruselas y se centren ahora en mantener sus servicios de interrumpibilidad para todo el presente año 2020. En el caso de Alemania, hasta el año 2022. La comparación, según la asociación, demuestra que España está lejos de los apoyos que han aprobado países que, además, están mejor interconectados.
La última subasta
La potencia interrumpible adjudicada en la última subasta en España fue de 1.000 MW, muy lejos de Italia -4.400 MW hasta fin de año- y también muy lejos de Francia y Alemania -1.500 MW-. Los grandes consumidores quieren más apoyo. Entre otras cosas, dicen, porque son indispensables para gestionar bien toda la potencia eléctrica que prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): 161 GW en 2030 de los que el 55% serán renovables, eólicos y solares. Sin su implicación, con mecanismos como la interrumpibilidad, el plan será difícil de cumplir.
Con muchas empresas con el agua al cuello y con una crisis encima de duración y profundidad desconocidas, los planes que diseñaron los ministerios de Transición Ecológica y de Industria en apoyo de la gran industria parecen de otra época. Preveían rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo para 600 empresas, de las que una cuarta parte, 153, están en Cataluña. Dos meses después de la presentación, del plan nada se sabe.
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